Atentado contra la salud y el medioambiente, en el El Salvador

Foto: Asamblea Legislativa.

La mayoría parlamentaria oficialista -integrada por Nuevas Ideas y sus aliados GANA, PCN y PDC- derogó la semana pasada varios artículos del Código de Salud que establecían importantes requisitos sanitarios para las construcciones.

Por Leonel Herrera*

Se trata de los artículos 96, 97, 98, 101, 102 y parte del 285 de la referida ley que regulaban aspectos relacionados con la salud y el saneamiento ambiental: suministros de agua potable, drenajes y disposición final de aguas residuales para cualquier edificación pública o privada.

El argumento de los diputados bukelistas es que “esas disposiciones ya están en otras leyes”. Sin embargo el Foro Nacional de Salud lo desmiente y advierte que con la derogación de los referidos artículos “quedan vacíos legales que afectarán la salud de las personas y la protección del ambiente, ya que provocará enfermedades y contaminación del agua, tierra y aire”.

El foro señala que quedan especialmente desreguladas las fábricas y otras industrias, oficinas públicas y privadas, mega obras y proyectos de infraestructura que destruyen y contaminan. Por tanto, en resumidas palabras, lo actuado por la autodenominada “bancada cyan” y compañía representa un grave atentado contra la salud y el medioambiente.

El Ejecutivo y su mayoría parlamentaria favorecen las construcciones eliminando los requisitos sanitarios y ambientales. Esto se confirma también con la autorización de proyectos urbanísticos ecológicamente inviables como “Valle El Ángel”, que la oligárquica familia Dueñas realiza sobre una zona de recarga acuífera al pie del volcán de San Salvador.

A pesar de la protesta de comunidades de la zona, iglesias y organizaciones ambientalistas, el Ministerio de Medioambiente se ha negado a detener el proyecto que, además, está en una área de riesgo de derrumbes o deslaves como el de Montebello en 1982 y Las Colinas en 2001.

Esta actitud anti-ambiental del gobierno ya había sido revelada en septiembre del año pasado cuando el presidente Nayib Bukele se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú, alegando que algunas cláusulas podrían ser un obstáculo para la construcción de viviendas y “frenar el desarrollo”.

Así que sólo una mayor conciencia ecológica y la movilización de la población podrían hacer valer el derecho a la salud y la defensa del medioambiente, frente a la suicida actitud gubernamental y parlamentaria de “cortar la rama donde estamos parados”, como diría el filósofo alemán Franz Hinkelammert.

Ojalá que así fuera.

*Leonel Herrera es director ejecutivo de ARPAS

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