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Captura a sacerdote y activista en el Capitolio

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El sacerdote estadounidense Roy Bourgeois, fundador del grupo SOA-Watch, fue capturado este martes frente al Capitolio de Washington junto con otros 12 activistas.

Los manifestantes pedían el cierre de la Escuela de las Américas, un centro militar que en el pasado entrenó a militares de los países latinoamericanos que luego fueron acusados de represión, por lo que vinculan a esa escuela con violaciones a los derechos humanos.

“El gobierno usa nuestro dinero [el dinero que los estadounidenses pagan en concepto de impuestos] para financiar la escuela”, dijo Bourgeois.

Después de ser puesto en libertad Bourgeois aseguró que va a continuar en la lucha junto a otras personas hasta que la famosa escuela rebautizada en el 2001 como el Instituto del Hemisferio Occidental de Cooperación y Seguridad, que funciona en el Estado de Georgia.

SOA Watch es un grupo dedicado a la observación y denuncia de las actividades de la Escuela de las Américas, que es operada por el ejército estadounidense.

Bourgeois, un sacerdote católico que respalda la ordenación de las mujeres tambié ha sido arrestado en otra ocasión tras exigir frente al Vaticano que éste apoye su causa.

Capturan a sacerdote y activista en el Capitolio

El sacerdote estadounidense Roy Bourgeois, fundador del grupo SOA-Watch, fue capturado este martes frente al Capitolio de Washington junto con otros 12 activistas.

Los manifestantes pedían el cierre de la Escuela de las Américas, un centro militar que en el pasado entrenó a militares de los países latinoamericanos que luego fueron acusados de represión, por lo que vinculan a esa escuela con violaciones a los derechos humanos.

“El gobierno usa nuestro dinero [el dinero que los estadounidenses pagan en concepto de impuestos] para financiar la escuela”, dijo Bourgeois.

Después de ser puesto en libertad Bourgeois aseguró que va a continuar en la lucha junto a otras personas hasta que la famosa escuela rebautizada en el 2001 como el Instituto del Hemisferio Occidental de Cooperación y Seguridad, que funciona en el Estado de Georgia.

SOA Watch es un grupo dedicado a la observación y denuncia de las actividades de la Escuela de las Américas, que es operada por el ejército estadounidense.

Bourgeois, un sacerdote católico que respalda la ordenación de las mujeres tambié ha sido arrestado en otra ocasión tras exigir frente al Vaticano que éste apoye su causa.

 

En su último vuelo el Discovery llega a Washington

Después de dejar el Centro Espacial Kennedy —su hogar por casi tres décadas— el transbordador Discovery llegó este martes por la mañana a Washington D.C.

El legendario transbordador arribó al Aeropuerto Internacional de Dulles, en el norte de Virginia, montado en la espalda de un gigantesco Boeing 747.

El Discovery —recientemente retirado tras el cierre por parte de la NASA de ese programa espacial— realizó este martes 17 de abril su vuelo final, y de paso sobrevoló la capital estadounidense.

El transbordador fue trasladado a los hangares del Centro Udvar Hazy, donde podrá ser visto como parte de las exhibiciones ofrecidas por el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian a partir de este jueves 19 de Abril.

El programa espacial de la NASA, utilizando transbordadores, llegó a su final el pasado 21 de julio del 2011, luego de 30 años de estar en vigencia como elemento del programa espacial. Actualmente, la NASA está desarrollando otro tipo de vehículo espacial para asistir en la exploración de otros planetas.

El Discovery completó 39 misiones, permaneció 365 días en el espacio, orbitó la Tierra 5.830 veces y viajó 238.539.663,3 de kilómetros. La nueva —y última— misión del jubilado Discovery será “conmemorar los logros del pasado en el espacio y educar e inspirar futuras generaciones de exploradores”, dijo la NASA.

 

Central sindical apoya crecimiento del poder latino

Cientos de jóvenes latinos se reunieron con líderes laborales, cívicos y comunitarios durante un evento de dos días realizado en la Universidad del Sur de California.


(Washington, DC, 17 de abril de 2012) – Este fin de semana pasado cientos de jóvenes latinos provenientes de todo el país acudieron a la “Cumbre de Poder” de Voto Latino para unirse a líderes laborales, cívicos y comunitarios y hablar sobre como ampliar el poder de los latinos y de sus comunidades. El evento, que fue patrocinado por la AFL-CIO, la central sindical más grande los Estados Unidos, ocurrió en la Universidad del Sur de California  y contó con conferencias y paneles que variaron desde maneras sobre cómo crear cambios positivos en las comunidades, el uso de medios sociales para movilizar a los latinos, y hasta con entrenamientos para el uso de tecnología de punta para inscribir a votantes.

Entre los participantes en este evento, que duró dos días, se encontraron celebridades y líderes como la actriz Rosario Dawson, la Secretaria-Tesorera Ejecutiva de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles María Elena Durazo, la cofundadora de la Unión de Campesinos Dolores Huerta, la Directora Nacional De Voto Latino María Teresa Kumar y el actor Wilmer Valderrama.

La cumbre comenzó con un panel que contó con la participación de Durazo, Kumar y Valderrama en donde se discutió sobre la importancia del voto Latino. Este panel fue transmitido por la cadena nacional de Telemundo.

“El voto latino será fundamental en los estados que se encuentran en disputa electoral, ya sea en pequeños o grandes grupos, y determinará el resultado de la elección del 2012. Necesitamos que los latinos acudan a las urnas en el 2012 porque la educación pública es cada vez menos accesible en nuestras escuelas y universidades y están incumpliendo a los latino”, señaló la Secretaria-Tesorera Durazo. “Solo un 7% de los latinos en los Estados Unidos tienen un grado universitario. Y desde 1975, solo ha habido un 2% de aumento en las tasas de graduación para los latinos. Estamos en una situación en donde los estudiantes latinos no pueden pagar por sus clases o por sus libros”.

En otro panel, Dolores Huerta, la cofundadora de la Unión de Campesinos se unió a Rosario Dawson y a Teresa Kumar para hablar sobre cómo el actual ambiente político se relaciona a la población de latinos y cómo un pequeño grupo de individuos puede hacer la diferencia.

Una gran parte de la campaña sobre el derecho al voto  que está siendo realizada por la AFL-CIO y por sus sindicatos afiliados involucra trabajar con organizaciones latinas comunitarias para poder llegar a los latinos y educarlos sobre la importancia de estar inscrito para votar.

 

Otorgan Premio Pulitzer a dos periódicos digitales

Los prestigiosos premios Pulitzer —ques es el equivalente al Premio Nobel en la rama de Periodismo— fue otorgado a la agencia noticiosa Associated Press (AP) por investigación sobre espionaje a musulmanes y al fallecido periodista Manning Marable por un libro sobre el defensor de los derechos civiles Malcolm X.


La Universidad de Columbia anunció los ganadores de la 96ª edición anual de los premios Pulitzer.

Dos medios de prensa que publican por Internet, The Huffington Post y Politico, ganaron un premio cada uno por primera vez.

Entre los demás ganadores se encuentran Associated Press, por su cobertura de la vigilancia clandestina de musulmanes llevada adelante por el Departamento de Policía de Nueva York, y el New York Times, por su cobertura de cómo las empresas y ciudadanos más acaudalados de Estados Unidos aprovecharon los vacíos legales y evadieron impuestos.

El fallecido Manning Marable ganó el premio Pulitzer de historia por su libro “Malcolm X: A Life of Reinvention”.

Fuente: Democracy Now!/MLNews

 

Perú: ¿Guerrilleros o bandoleros?

Por Luis Arce Borja

La guerrilla de Sendero Luminoso, antes de la traición de sus dirigentes en 1993, atacaba los grupos de poder. Buscaba el apoyo del pueblo para luchar contra la mafia del Estado. Su combate era contra las hordas militares y los paramilitares. Ahora los retazos de Sendero Luminoso ya no significan ningún peligro ideológico, militar y político contra el Estado. Su actividad se confunde entre el bandolerismo y acciones coordinadas con el gobierno y las fuerzas armadas.

Así hace algunas semanas Sendero secuestró a 40 trabajadores, no para salvarlos de la explotación y la miseria, sino más bien para facilitar la militarización del Perú y preparar la ofensiva represiva que el gobierno de Ollanta Humala alista para someter la creciente protesta popular, en particular en las regiones mineras como en Cajamarca. Ningún grupo revolucionario atenta contra los trabajadores. Los blancos de la acción guerrillera son los enemigos del pueblo, y aquellos que abiertamente o en forma oculta sirven a los intereses de los grupos de poder y el imperialismo. Una organización revolucionaria no puede cumplir su objetivo estratégico de liberación atacando al pueblo, y menos a los trabajadores.

El 9 de abril una “columna de Sendero Luminoso” secuestró a 40 obreros del consorcio Camisea, una transnacional que explota en el Cusco una gigantesca mina de gas (el mismo día del secuestro fueron liberados 4 de los rehenes). El consorcio Camisea es de propiedad del grupo Pluspetrol una de las mas grandes empresas productora de petróleo y gas de los Estados Unidos. Esta transnacional tiene ramificaciones en Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile Colombia y en el África El ataque de los “guerrilleros” fue en el distrito de Echarate (La Convención) y como dijo la policía peruana en la acción participaron 60 “guerrilleros” encapuchados divididos en dos columnas.

El sábado 14 de abril (después de 6 días de cautiverios) los 36 trabajadores en manos de los “senderistas” fueron liberados voluntariamente por su captores. Caminando libremente llegaron a las 11 de la mañana al pueblo de Chuanquiri (Cusco). Uno de los trabajadores dijo: “Nosotros hemos caminado desde las tres y media de la mañana (…) Nosotros fuimos liberados voluntariamente, no queremos que las Fuerzas Armadas digan otra historia”. Si el gobierno pagó o no los 10 millones de dólares como rescate que exigían los secuestradores, es por el momento una historia controvertida que nadie conoce a ciencia cierta. El saldo de esta acción fue la muerte de tres miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y dos secuestradores que fueron muertos en un enfrentamiento posterior a la liberación.

El mismo día de la libertad de los trabajadores, Ollanta Humala desde Cartagena (Colombia) manifestó en tono triunfante: “lo importante es que hoy hemos ganado, ha sido una operación impecable, en la cual se ha logrado rescatar a costo cero, sin ningún tipo de negociación, porque no lo hemos permitido”. Las operaciones de rescate, dijo, “han dejado nuevos héroes. Manifestando que el “PUEBLO PERUANO DEBE AHORA REFORZAR SU CONFIANZA EN LOS MILITARES Y POLICÍAS que, pese a los problemas que atraviesan, son capaces de obtener logros importantes ante situaciones de emergencia como las vividas con este secuestro”.

De esta manera, el actual presidente peruano, que ya tiene varios ciudadanos asesinados a su cuenta aparece como una replica de los héroes de la época de Alberto Fujimori. En lo que va del periodo del gobierno Ollanta Humala las fuerzas policiales están actuando de la misma forma que lo hicieron durante los más violentos regimenes anteriores. En diciembre pasado en cañete (sur del Perú) la policía mato a un poblador cuando este manifestaba contra el gobierno. El 14 de marzo en Madre de Dios las fuerzas represivas por orden del gobierno reprimieron una manifestación en la que murieron 3 manifestantes. El mismo mes de marzo, en Sechura (norte del país), fueron asesinados dos pobladores que manifestaban contra el gobierno.

El 14 de abril Humala llegó a Lima desde Colombia. Se puso su uniforme de comando militar y con un sequito de altos militares se dirigió al lugar de la acción senderista (Cusco). Desde ahí anuncio que el operativo militar-policial “Libertad” prosigue en su segunda etapa, la cual implica la captura y entrega a la justicia de los “narcoterroristas” que secuestraron a los 36 trabajadores del Consorcio Camisea. El presidente peruano aprovechó el momento para acusar a los anteriores gobiernos de haber tenido la mano blanda contra la subversión. Dijo también que su gobierno no permitirá la vigencia de “ideologías insanas. “En el Perú no aceptamos chantajes de nadie; y menos de criminales terroristas y secuestradores”, advirtió.

En el circo triunfalista del gobierno, participaron todos los grupos políticos de la derecha y la “izquierda”. No hubo un solo partido del medio oficial que se quedara sin elogiar al presidente y a las fuerzas armadas. Hasta el reaccionario cardenal Luis Cipriani, utilizo su homilía radial para manifestar su apoyo y reconocimiento a la Policía y las Fuerzas Armadas, pidiendo “orar por los valerosos policías que han arriesgado su vida a fin de lograr la liberación de los secuestrados”. El cardenal, aprovecho el “triunfo militar contra el terrorismo”, para defender a los militares criminales del comando Chavin de Huantar (los asesinos de los militantes capturados del MRTA en abril de 1997). Cipriani, dijo que era “inaceptable” que se haya querido “ensuciar” con juicios y demandas la acción heroica que significó la liberación de los rehenes de la Embajada de Japón”.

¿Quién gana con la “acción guerrillera”?.

Ollanta Humala desde el inicio de su gobierno ha optado por la militarización del país. Sigue el ejemplo de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. No es casual que tanto el actual presidente de la Republica así como su primer ministro provengan de las corruptas fuerzas armadas. El plan de Ollanta Humala, es semejante al gobierno fujimorista, cogobernar con las fuerzas armadas. En este objetivo la imposición de una dictadura civil-militar avanza a la misma velocidad que las explosiones y protestas sociales. El gobierno defiende ciegamente los intereses de las grandes transnacionales, sobre todo aquellas instaladas en regiones estratégicas de extracción de minerales.

Para la militarización del país resulta importantísimo la “acción” fabricada o no, de una guerrilla que no es ningún peligro para el Estado, pero que si sirve para fabricar héroes en las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Esa guerrilla de cartón, negociadora, vandálica, sin ningún plan ni estrategia de poder, será el elemento justificador de leyes de excepción (regiones de emergencia bajo autoridad militar), militarización de las movilizaciones populares, diabolización de los dirigentes sindicales y populares opositores del gobierno, y aumento del presupuesto (millonario gasto del Estado) para los gastos de las fuerzas armadas.

Un ejemplo de avanzada en la militarización de la protesta popular es el actual conflicto del pueblo de Cajamarca contra la transnacional Yanacocha (norteamericana). Este pueblo está luchando contra el proyecto Conga de explotación de oro cuyo resultado depredador será la exterminación de fuentes de agua vitales para la población, la agricultura y la ganadería. Para preparar una ofensiva represiva contra el pueblo de Cajamarca, Ollanta Humala Humala acaba de trasladar a Cajamarca más de 1,500 soldados y policías. Junto a ello, la prensa peruana ha lanzado una campaña de desinformación y manipulación contra los dirigentes de estas movilizaciones. Ellos son presentados como “infiltrados subversivos”, “terroristas” y “anti democráticos”.

En otro rubro político donde gana el gobierno con la acción de la guerrilla bandolera es en la renovación de la imagen de las fuerzas armadas. Por ello no ha sido casual que el mismo Ollanta Humala, no haya dejado de hablar de los héroes y valerosos militares y policías que han rescatado con el sacrificio de sus vidas a los 36 trabajadores secuestrados por Sendero Luminoso. Como se conoce los trabajadores fueron liberados voluntariamente por su captores. Así, se pretende entregar una nueva y renovada cara exterior de los militares.

Hay que recordar que durante 1990-2000 las fuerzas armadas cogobernaron con el mafioso y criminal Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (ambos en prisión). En este periodo los militares cometieron los más abominables crímenes contra la población, se implicaron en inmensos robos, en contrabando, en coimas y en el narcotráfico internacional. Ello hizo que el pueblo sienta temor, odio y desprecio por todo aquel que portara un uniforme militar.

Si en verdad existiera en Perú un grupo armado revolucionario, fuerte, vigoroso y de clara línea estratégica de poder, las cosas ocurrirían de diferentes maneras. La lucha armada seria para debilitar al gobierno de turno y no para contribuir en sus planes reaccionarios y antipopulares.

Una guerrilla revolucionaria, tiene la obligación de ejecutar sus acciones militares en función del poder y ello se desarrolla en combinación con tareas para ganar las masas populares, principalmente los asalariados.

Una guerrilla que hace “acciones militares” para la filmación de programas televisivos, radiales o de la prensa escrita o para suplicar un acuerdo de paz con el Estado, es simplemente, una guerrilla de pobres diablos, una caricatura de revolucionarios.

Fuente: ARGENPRESS.Info

 

Colombia: Obstáculos a la paz

El reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia es en realidad el único gesto de las autoridades hacia el movimiento guerrillero, el que a su vez ha respondido con algunas decisiones que bien podrían justificar acciones más claras por parte de Santos si es que existe la voluntad política para alcanzar la paz.

Cuando el poco dinamismo del proceso produce desaliento en los amigos de la paz se sugiere la existencia de contactos (muy discretos) entre gobierno y guerrilla y se explica el duro lenguaje oficial como parte inevitable de la escenificación, normal en estos casos.

Tampoco faltan los muchos que apenas creen en el discurso oficial, enfatizan en el mantenimiento de la estrategia de gobiernos anteriores y piensan que —como en otras ocasiones— las autoridades tan solo están realizando una nueva jugada política para ganar tiempo puesto que en el seno de la clase dominante no existe un propósito serio de terminar la guerra y sobre todo de aceptar que se afecten sus intereses en una hipotética negociación con la guerrilla.

La propuesta guerrillera sorprende por el nivel intelectual de su lenguaje y la dimensión reformista de sus reivindicaciones (todas ellas admisibles dentro de un capitalismo democrático); y sorprende porque contrasta con la imagen de criminales irredentos que han creado de los insurgentes éste y anteriores gobiernos; la misma que han difundido generosamente los medios de comunicación nacionales y extranjeros, mientras se produce al mismo tiempo el desgaste de la imagen del país como una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos. Sobre todo debido a la corrupción generalizada y a la guerra sucia durante la administración de Uribe Vélez, una herencia de la cual Santos no logra desprenderse.

Los gestos que el gobierno exige a la guerrilla como condición para iniciar los diálogos de paz han sido parcialmente satisfechos por el movimiento guerrillero sin que hasta el momento se sepa de alguna iniciativa oficial en la misma dirección. Es comprensible que las autoridades eleven en extremo sus exigencias a los rebeldes, tanto como que éstos hagan lo propio. Desde esta perspectiva y dada la actual correlación de fuerzas la guerrilla no puede esperar que Santos haga la revolución que ellos ansían.

Pero, por parte del gobierno, exigir sin más la rendición de los insurgentes no solo es irreal sino que afianza el convencimiento de quienes no creen que existan condiciones para alcanzar las reformas mediante la negociación; ni siquiera para que la clase dominante permita competir lealmente con ella en el marco de su propia legalidad. El exterminio de la UP no se olvida.

Todos los gobiernos han aceptado al menos formalmente la posibilidad de hacer la paz con las guerrillas, pero a partir de su rendición en toda regla. Sin embargo, si las fuerzas armadas oficiales no son capaces de ganar la guerra ni ahora ni en un plazo previsible, solo una guerrillera muy debilitada o extremadamente ingenua estaría dispuesta a firmar su rendición. Y éste, evidentemente, no es el caso de la guerrilla colombiana. Si el gobierno persiste en la estrategia de siempre el único escenario posible es la prolongación del conflicto.

En realidad, el actual mandatario enfrenta el mismo dilema de sus antecesores en el cargo: aunque las reivindicaciones guerrilleras no son en principio incompatibles con el sistema capitalista, sus exigencias si constituyen un serio obstáculo en la medida en que afectan los intereses de las capas dominantes que monopolizan riqueza y poder.

Más que las declaraciones altisonantes de Uribe Vélez y sus partidarios que llaman “traidor” a Santos y denuncian una especie de agenda secreta mediante la cual el actual gobierno estaría abriendo las puertas a un triunfo de los subversivos, al actual presidente se le oponen muy poderosos grupos de intereses a los cuales está supeditado. Su actitud prepotente frente a la guerrilla se convierte en estéril lamento frente a los verdaderos dueños del país, a los que se debe.

Las airadas reacciones del gremio ganadero por ejemplo, coinciden con el recrudecimiento de la violencia contra los campesinos, en particular contra aquellos que se beneficiarían de la llamada “ley de tierras” de Santos que devolvería tierras a los desplazados. A pesar de sus muchas limitaciones – una norma vista por algunos como simple demagogia del ejecutivo- la reacción de los grandes terratenientes (tradicionales y modernos) no se ha hecho esperar. Si ante una medida de tan cortos alcances se recurre de nuevo a la violencia cruda, ¿qué ocurriría si Santos afecta de veras la propiedad rural?. Seguramente que la violencia alcanzaría entonces los mismos niveles de horror que siempre han generado el levantamiento defensivo de los campesinos mediante la lucha guerrillera.

Tampoco existe un respaldo claro a las propuesta de paz de Santos por parte de la gran empresa – nacional y extranjera- tan beneficiada del exterminio del sindicalismo (el asesinato de miles de dirigentes a manos de fuerzas oficiales y paramilitares, tal como lo registra la OIT). Es dudoso que los grandes empresarios vean con buenos ojos una mesa de negociación en la cual tengan asiento las organizaciones sindicales exigiendo, por ejemplo, una revisión a fondo de la legislación laboral.

Ni antes ni ahora un proceso de paz despierta el alborozo de los militares. Es posible que algunos oficiales y tropas vean con alivio el fin del conflicto pues son ellos quienes van al campo de batalla y exponen sus vidas. Pero nada indica que la alta oficialidad tenga especiales urgencias en poner fin a un conflicto que para las fuerzas armadas supone una tajada monumental del gasto público.

Si es cierto además, que al menos una parte de los altos mandos militares se han convertido a su vez (como sucedió en Centro América) en grandes hacendados, se comprende el nerviosismo de muchos cuyas propiedades podrían ser afectadas por un proceso de paz que investigue el origen de las mismas. Además, esclarecer la violación masiva de los derechos humanos en una negociación del conflicto armado mediante limitaciones claras al llamado “fuero militar” (que les asegura casi total impunidad) despierta enormes inquietudes en los cuarteles. Y no les faltan razones para ello.

Los nunca desaparecidos paramilitares tienen el respaldo social de sectores de la clase dominante y cuentan con la complicidad de funcionarios civiles y militares a todos los niveles. Pero si existe voluntad política y, ante todo, si el ejecutivo tiene de su parte a las fuerzas armadas y de policía, su desmantelamiento es posible. Los paramilitares son la expresión más genuina de la práctica tradicional de la burguesía colombiana de asegurarse el dominio mediante el terror; una forma muy primitiva de afianzamiento de la hegemonía que nunca les reporta legitimidad y por ende convierte su democracia en una farsa sangrienta.

Tanto paramilitares como narcotraficantes resultan sobradamente conocidos. Tienen una manifiesta y consolidada presencia social, económica y política y en buena medida no son un secreto para nadie. Pero la inveterada hipocresía de la clase dominante del país le permite aparentar su completa inocencia en el surgimiento, desarrollo y consolidación de estas formas mafiosas que tantos servicios han prestado al sistema en las últimas décadas.

Como aprendices de brujo, ahora tienen la necesidad imperiosa de meter en cintura a los monstruos creados al calor de la “libertad” neoliberal, el debilitamiento del estado y la filosofía perversa de la guerra sucia. No es fácil someter a la extrema derecha y renunciar a la violencia como respuesta sistemática, pero sería un gesto decisivo del gobierno: cancelar su manera particular de “utilizar todas las formas de lucha” ateniéndose de forma incuestionable a las reglas del juego democrático. Hacer lo mismo que le piden a la guerrilla.

Y claro, está el obstáculo de la embajada de marras para la cual poner fin a la guerra contraviene grandes intereses estratégicos. Un hueso duro de roer, aunque no imposible de neutralizar. Los tiempos han cambiado favorablemente.

 

Argentina planea nacionalizar importante empresa petrolera

El Gobierno argentino reveló planes de nacionalizar la mayor empresa petrolera del país: YPF.

En un importante impulso por reclamar la soberanía sobre los recursos naturales del país, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo el lunes que el gobierno pretendía tener una participación del 51% de la empresa.

Acusó a la propietaria mayoritaria de la firma, la compañía española Repsol, de no satisfacer las necesidades energéticas de Argentina.

La medida ha desencadenado las protestas de Repsol y del gobierno español.

 

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres

Por Carlos Abel Suárez – María Julia Bertomeu – G. Buster – Antoni Domènech

El fracaso y las contradicciones de la estrategia empresarial de “argentinización” de YPF, que hacen que Repsol no sea capaz de asumir financieramente la puesta en explotación de las reservas de hidrocarburos de la zona de Vaca Muerta, plantean en toda su crudeza las exigencias del autoabastecimiento energético sostenible de Argentina.

En un ambiente determinado por la creciente competencia en el mercado global de gas y petróleo, por los límites empresariales de Repsol y por la política de nacionalización parcial emprendida por el gobierno argentino de Cristina Fernández, el gobierno español de Mariano Rajoy amaga con un rumbo diplomático de choque. Testimonium paupertatis donde los haya de la “marca España”, el choque no puede menos que afectar al conjunto de las inversiones españolas en América Latina y retroalimentar el hundimiento de la confianza de los “mercados” en un Reino de España intervenido de facto por la UE, en plena crisis de su deuda soberana.

Un poco de historia: YPF y el sueño de un desarrollismo endógeno argentino

YPF fue para los argentinos algo más que la principal empresa nacional y un símbolo de soberanía en materia de explotación de hidrocarburos. Como bien señaló Gustavo Callejas (ex secretario de Combustibles y animador junto a Fernando “Pino” Solanas y Félix Herrero del Grupo Moreno que dio una batalla consecuente contra las privatizaciones), la renta petrolera permitió en Argentina crear, desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura vial nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas.

Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado. YPF creó pueblos, escuelas técnicas, redes de comunicación.

Hasta su privatización, se contabilizaban reservas de gas para 36 años y de petróleo, para 23 años. Pero desde 1989 no se construyó un solo gasoducto o poliducto destinado al mercado interno. Ahora nadie sabe con certeza cuáles son las reservas argentinas de petróleo y de gas. Durante el gobierno de Menem, se construyeron gasoductos para exportar gas a Chile, un gran negocio para las transnacionales, mientras el 40 por ciento de los hogares argentinos carecían de él.

En esa historia tan intensa de YPF, y todo lo que ha significado para la política energética del país, no estuvieron ausentes los intentos de vaciamiento o liquidación, que finalmente tuvieron éxito en los años ´90.

El mismísimo general Perón, en su segundo mandato y frente a las dificultades que se advertían en la economía mundial tras el fin de la guerra de Corea, apuntó a un acuerdo con una de las Siete Hermanas, a la que ofreció un contrato de explotación de los yacimientos de la Patagonia, considerada ya entonces la región más prometedora en cuanto a reservas estimadas. Pese disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, una parte de los diputados peronistas enfrentó a su jefe, una confrontación que fue finalmente interrumpida por el golpe de 1955 que derrocó a Perón.

Luego vino Arturo Frondizi, que había transitado toda su vida política agitando la defensa del petróleo como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, pero que al llegar al gobierno en 1958 dio un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña. Para imponer su plan de concesiones, tuvo que derrotar una huelga general de los trabajadores petroleros, movilizándolos con el Ejército, y aplicando el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado).

La Federación de los petroleros, dirigida entonces por combativos dirigentes como Marcelo Alvarado y Ricardo Frigerio (nada que ver con Rogelio Frigerio, ideólogo y uno de los hombres más cercanos a Frondizi), pudo sostener la huelga en algunas zonas, aun desde la clandestinidad o movilizados militarmente. Entre los trabajadores petroleros se recordaba por décadas la hazaña de la destilería de Luján de Cuyo, que estuvo paralizada más de un mes después de que el movimiento a escala nacional hubiera sido derrotado.

Ni los técnicos italianos, que la habían construido y puesto en marcha -y a los que trajeron para quebrar la huelga-, pudieron vencer la resistencia y sabotaje de los trabajadores y poner en funcionamiento la planta.

Finalmente, los contratos de Frondizi fueron anulados por Arturo Illia, en un nuevo intento de restablecer el carácter estratégico de YPF en el sector energético, lo que duró hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966). En el breve período de Cámpora-Perón de 1973-1974, con José Gelbard al frente de la Economía, otra vez se intentó corregir el rumbo. Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, YPF fue un botín de guerra codiciado por los mandos castrenses y sus socios empresarios y tecnócratas, como plataforma de grandes operaciones financieras y negociados. La patria contratista, que había nacido con Onganía en 1966, vivía con la dictadura de Videla su momento de gloria. Entre las operaciones financieras se computaron el apalancamiento de préstamos para la compra de armamentos y otros mercadeos conexos, que dejaban grandes comisiones, de las que participaban eufóricos los nuevos ricos de la “patria contratista”.

Vaciamiento y privatización irregular de YPF

Como una muestra de las grandes paradojas de la historia política argentina, fue un abogado peronista riojano, un personaje distinguido en ese tiempo por su facha Siglo XIX -cara chiquita entre el paréntesis de la melena y unas enormes patillas- quien denunció en 1982, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, de la Capital Federal (Expediente 41.545), el endeudamiento fraudulento y vaciamiento de YPF cometido por el régimen militar ya agonizante.

Pero esa no sería la última de las paradojas, casi una comedia de enredos, si no fuese por la tragedia que siempre acompañó a esas prácticas políticas. Precisamente es el mismo Menem quien, al asumir el gobierno en 1989, renuncia al discurso de campaña, en una versión aumentada y corregida de la voltereta de Frondizi, para asumir plenamente la política económica neoliberal.

Esta vez, la hiperinflación, el contexto internacional y el pasado todavía latente del terrorismo de Estado, contribuyeron a que se lograra destruir todo plan energético nacional. Sin embargo, esos vientos, con toda su fuerza, no eran suficientemente destructivos por sí solos. Había que quebrar a los trabajadores de las empresas públicas de energía y de servicios públicos.

Se concibió para ello una estrategia muy eficaz, tejida de complicidades y maniobras. Uno de los instrumentos fue el programa de propiedad participada (PPP), por el que los trabajadores supuestamente se quedaban con el 10 por ciento de las acciones: unas acciones que, en realidad, iban a manejar los dirigentes sindicales corruptos en cumplida connivencia con los empresarios, los bancos y el ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo.

Otro de los medios fue el reparto de las satrapías entre los gobernadores de las provincias petroleras, virtuales señores feudales con una participación decisiva en el negocio petrolero. El “chamullo” técnico, por usar lenguaje tanguero, fue que el petróleo y el gas ya no eran más recursos naturales estratégicos, sino que, a causa de la “globalización”, del “fin de los Estados-nación (sic)”, etc., etc., eran bienes transables, commodities, con un comportamiento en el mercado igual que el maíz, el café, la soja, el azúcar, etc.

Un concepto que no resistió la menor prueba, ya que apenas se dio vuelta la página, continuaron por doquiera las guerras geopolíticas por el dominio de las regiones ricas en hidrocarburos.

Consumada la privatización, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a 5.500 trabajadores. Numerosas actividades fueron o tercerizadas o desguazadas. Entre ellas, la poderosa flota petrolera de la empresa estatal. Varias de esas naves fueron vendidas, entre los amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en cementerios flotantes sobre el río Paraná.

Con todo descaro, algunas de las empresas contratistas que manejan resortes fundamentales de la operatoria de YPF figuran con domicilio legal en la sede de la Federación del SUPE, el mismo edificio que en 1958 ocupaban aquellos luchadores infatigables –tan penetrados de consciencia de clase— elegidos por el voto libre de sus afiliados y que murieron casi en la pobreza.

Todo este proceso de privatización de YPF estuvo viciado de ilegalidad desde su origen. Entre las numerosas denuncias formuladas en los tribunales, con el patrocinio del ex juez Salvador María Lozada, Pino Solanas presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundamentado.

La respuesta fue un atentado: nueve balazos en una plaza de estacionamiento; varios tiros que, afortunadamente, sólo encontraron sus piernas, ya fuese por milagro o porque en realidad quienes dispararon eran sicarios profesionales que sólo tenían ordenes de intimidar.

Dada la muchedumbre de antecedentes irregulares de la privatización de YPF y del gas (hasta el punto de que se llamó a la bancada parlamentaria a un diputado “trucho”, a fin alcanzar el número necesario de votos), resulta ahora cuando menos jocoso escuchar las apelaciones a la “seguridad jurídica”.

Entre otras aberraciones legales o procedimentales, YPF fue vendida sin tasación previa, según prescribía la Ley de Reforma del Estado diseñada a propósito por el “genio” jurídico de las privatizaciones, Roberto Dromi, ahora rehabilitado como asesor del ministro de Planificación, Julio de Vido, y –¡oh ironía de las ironías!— posible director técnico de la ahora pretendida renacionalización.

La gestión de REPSOL

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, en 2003, la relación con Repsol pasaba por buenos momentos. Como gobernador de una provincia petrolera, Kirchner había tenido un protagonismo relevante en el proceso de privatización del petróleo y del gas y luego en la negociación y la venta del paquete a Repsol. Así pues, las relaciones con los directivos de la empresa española iban por buen camino.

Sin embargo, tras el colapso del régimen de convertibilidad, la pesificación y el default (suspensión de pagos), el campo de las negociaciones con las empresas privatizadas o de servicios públicos concesionados estaba minado. En noviembre de 2003, nuestro amigo Rubén Lo Vuolo, advertía:

“Es indispensable realizar una estricta auditoría sobre las reservas comprobadas, tanto en el campo del petróleo como del gas, y establecer restricciones a la relación entre las exportaciones y las reservas. La prioridad es el normal abastecimiento del mercado interno a precios que sustenten las necesidades de la matriz insumo-producto local. Esto obliga a revisar criterios de libre exportación de petróleo, gas natural y derivados, como así también las exigencias en materia de explotación.

Antes de exportar, las empresas deberían mostrar evidencias ciertas con respecto a un horizonte de duración de las reservas comprobadas que no sea inferior a los 10-15 años, como así también sería necesario establecer que las empresas productoras de gas y petróleo destinen un porcentaje de sus inversiones a actividades de exploración, con independencia de la duración de las reservas comprobadas de sus yacimientos”. (1)

Nada de eso se hizo. Las petroleras siguieron funcionando como en los años 90. Y cuando se impusieron restricciones a la liquidación en el país de las divisas por exportaciones, las petroleras y las mineras fueron exceptuadas. Los gobernadores, a su vez, otorgaron escandalosas prórrogas para la explotación de importantes yacimientos, anticipándose 20 años algunas a la fecha de su vencimiento, cuando la ley establece que, para renovar una concesión, se tiene que evaluar la conducta y desempeño de la empresa en las últimas décadas.

Un verdadero grotesco. Quien sabe algo de los negocios financieros, puede imaginar fácilmente las consecuencias que trae en los mercados de valores el hecho de que a una petrolera se le renueve la concesión de un área productiva por 20 años.

Desinversión o vaciamiento de YPF

Las compañías mineras y petroleras han gozado de privilegios especiales, no sólo por el diseño y estructura de las privatizaciones, acordes con el modelo “neocon” de los años 90, sino porque el marco regulatorio es absolutamente permisivo. Por ejemplo, aun en los casos comprobados de daño al medio ambiente, las concesionarias no han tenido siquiera que pagar el valor de la reparación del año ocasionado. Tampoco se ha planteado la obligación legal de reformular la operatoria para evitar futuros accidentes. Simplemente, cuando han sido sancionadas, las compañías extractoras se han limitado al pago de una multa, que es siempre infinitamente más barato que un procedimiento ambientalmente sustentable.

Tanto Alfonso Cortina como Antonio Brufau, principales directivos de Repsol desde la compra de YPF, han estado al corriente de estas historias. No podían ignorar que más temprano que tarde, por la forma de conducir el negocio, iban a un choque de trenes con el gobierno argentino, más allá de las voluntades individuales.

El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, disparó la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos.

En un curioso negocio publicitado como el “proceso de argentinización” de YPF, Repsol había aceptado la venta del 25,4% de las acciones, por un valor de 1.304 millones de dólares, al Grupo Petersen del banquero argentino Eskenazi, un antiguo conocido de Néstor Kirchner totalmente extraño al negocio petrolero.

Repsol sacó a sus principales hombres de Buenos Aires, y cedió de inmediato la dirección de la empresa a los nuevos socios. Unos socios que, conforme a la ingeniería financiera aprobada por Repsol y el gobierno argentino, ponían un dólar al contado y cancelarían su deuda con los mismos beneficios o utilidades generados por la compañía en el futuro.

O sea –y es crucial entender bien este punto—, que para recuperar el crédito lo antes posible, era fundamental aumentar los beneficios y disminuir la inversión, pero en un contexto totalmente diferente y adverso. Lo cierto es que, dada la moratoria hasta 2013 acordada a los créditos a Eskenazi, Repsol no ha recibido aún ni intereses ni principal, estando, en cambio, obligada a recomprar ese paquete de acciones de YPF (25,46%) a 34 dólares la acción, si pierde el control mayoritario de la compañía argentina –en el mercado bursátil cotizaban el 13 de abril a 21,95 dólares— o disminuyen los beneficios o utilidades repartidos.

Este proceso esta muy bien descrito en un reciente trabajo del colectivo argentino Economistas de Izquierda (EDI):

“Repsol se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.

En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias.

“Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa.

“El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta “argentinización” permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.

En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación. Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante (“no podemos volver a la época del Virreinato”)”. (2)

El desencadenante de la crisis y el juego del gallina

En diciembre de 2010, la compañía Ryder Scott certificó la existencia de reservas de gas y petróleo no convencionales equivalentes a 22.807 millones de barriles en la zona de Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Su explotación convertiría a la Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. YPF, que produce el 39% del petróleo y el 28% del gas argentinos, ve con esta certificación de su concesión de Vaca Muerta aumentar su valor bursátil y su importancia estratégica.

Al mismo tiempo, huelga decirlo, pone directamente en cuestión las fórmulas y expectativas que estaban detrás de la “argentinizacion de YPF” en un mercado global de fuerte competencia por las reservas de hidrocarburos, exacerbada por la irrupción de las compañías petroleras chinas.

La puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Brufau en carta a la Presidenta Cristina Fernandez es de 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011.

La reinversión de beneficios de YPF esta limitada por el acuerdo con el Grupo Petersen, que establece que se repartirá en un 90% para asegurar el pago de los créditos otorgados por Repsol para la compra de su paquete de acciones de YPF. Las cifras, simplemente, no cuadran, si la prioridad del gobierno argentino es el aumento de la producción y la autosuficiencia energética, independientemente de las comisiones implícitas en el proceso de nacionalización para controlar el 51% de las acciones de YPF (3).

Es evidente que a partir de enero de 2012 las autoridades argentinas han puesto en marcha su estrategia. La propiedad de las reservas es legalmente de los gobiernos provinciales, seis de los cuales han comenzado a retirar las licencias de explotación en zonas bajo su jurisdicción, acompañando este acto administrativo con las oportunas movilizaciones populares.

El efecto inmediato ha sido una caída del valor bursátil de las acciones de YPF en más de un 30%, y sigue cayendo… Según el borrador del proyecto de nacionalización filtrado por el periódico Clarín, el gobierno argentino se haría con el 50,01% de las acciones de YPF con la compra del 25,46% de la familia Eskenazi y el 24,55% de Repsol, de un paquete mayoritario actual del 57,43% de la empresa española.

A pesar de que cualquier adquisición por encima del 15% obliga a una OPA global sobre el conjunto de YPF, la estrategia del gobierno argentino es dejar de lado el 17% en manos de inversores institucionales, en una buena parte de EE UU, que sin duda encontrarían compradores interesados en el mercado, tal vez chinos.

Las idas y venidas de los negociadores españoles durante estas semanas, incluyendo los infructuosos viajes a Buenos Aires del ministro de industria Soria y del presidente de Repsol, Brufau –recibidos por los ministros argentinos de economía, Hérnan Lorenzino, y de planificación, Julio de Vido, pero no por la presidenta Cristina Fernandez—, operan en un cronograma que se asemeja a lo que en teoría matemática de juegos se llama el “juego del gallina”: un juego en el que ambos jugadores pueden destruirse, y gana, si alguno finalmente lo hace, el más temerario y con menor aversión al riesgo.

En efecto: en 90 días, los gobiernos provinciales argentinos deberán asumir los sueldos de las plantillas y las perdidas de las regalías de YPF en sus magros presupuestos; mientras, el precio de las acciones de Repsol -no ya las de YPF- han cedido un 26% de su valor (de 23,73% a 17,47% euros) ante la perspectiva de la nacionalización de YPF, frente a una caída media de la bolsa de Madrid del 15%.

La convocatoria, la semana pasada, de una reunión de la presidenta Cristina Fernández con los presidentes de los gobiernos provinciales petroleros despertó todas las alarmas en el Reino de España, mientras circulaban por los bufetes de abogados especializados hasta cuatro borradores distintos del proyecto de nacionalización de YPF. Desde Varsovia, adonde acompañaba a Mariano Rajoy, el ministro de industria Soria, hizo una advertencia, más sombría aún que puerilmente solemne, “ante los gestos de hostilidad”, amenazando al gobierno argentino con “serias consecuencias”.

El secretario de Estado para Europa, Méndez de Vigo, auguró que Argentina se convertiría en un “apestado internacional”. Al día siguiente, tras recibir al embajador argentino en Madrid, el ministro de exteriores García Margallo elevó ante las cámaras el tono de la amenaza, dedo en ristre, tronando todo tipo de represalias (4).

El juego del gallina continúa: la diplomacia de la “marca España”, en acción

La crisis de YPF-Repsol pilla a la diplomacia española con el pie cambiado y sumida en sus contradicciones, tras la formación del conservador gobierno Rajoy en diciembre de 2011.

Las empresas españolas son el primer inversor extranjero en la República Argentina (23.000 millones de dólares) y suponen cerca de un 15% del PIB argentino. Al mismo tiempo, empero –y con mayor motivo, en la situación de crisis en España—, una parte importante de sus beneficios, del valor de sus acciones en bolsa y su misma naturaleza de empresas transnacionales depende de sus inversiones en América Latina, que a comienzos de este siglo superaban ya los 90.000 millones de dólares. Actualmente, las suyas suponen dos tercios de toda la inversión directa española en el exterior (5).

La reacción del gobierno Rajoy –en mitad de una semana entre negra y esperpéntica, en la que el diferencial de la deuda española superaba los 410 puntos y la bolsa se hundía por debajo de los 7.300 puntos, con los “mercados” rechazando los presupuestos y recortes del plan de ajuste, una delegación de la Comisión europea inspeccionando sus cuentas en Madrid y el Rey de España borboneando furtivamente en Bostuana— ha seguido en el tono de “enviar una señal de confianza a los mercados”. Probablemente, con el mismo éxito para la “marca España” que el cosechado en lo tocante a la economía nacional.

La “señal” lanzada con la imperita cadena de destempladas amenazas de bajísima credibilidad, buscando más o menos erráticamente la alianza con México (que participa a través de Pemex como socio minoritario en Repsol) como presidente de turno del G-20, con la Comisión europea, con Colombia (como anfitriona estos días de la Cumbre de las Américas de Cartagena), o con los EE UU, muestra hasta qué punto la diplomacia española, tras el giro expresamente neoconservador de su política exterior, ha quedado aislada en América Latina.

Una América Latina que se recupera de las “décadas perdidas” neoliberales, en las que las empresas transnacionales españolas hicieron su agosto en procesos de privatización más que dudosos, por decir lo menos. En ese proceso privatizador terminaron precisamente por constituirse como empresas transnacionales, y hoy tienen que competir no sólo con otras transnacionales de EE UU y Europa, sino de Brasil y China.

Y tienen, además, que lidiar con los legítimos procesos de renacionalización y recuperación de soberanía iniciados por los gobiernos de los países del ALBA y, ahora, por el kichnerismo argentino. Y lo cierto es que, en esta situación de creciente competencia en un mercado globalizado, las empresas españolas, ni por su capacidad económica ni por el apoyo político con que cuentan, se hallan en las mejores condiciones competitivas.

Pero todo es susceptible de empeorar, y los elementales errores de estrategia diplomática son desde luego un factor de empeoramiento. El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina.

El síndrome de la “seguridad jurídica” de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro “atlantista” que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la “vieja Europa”.

Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la “marca España” y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica “sin complejos” con el “populismo”, y a favor de la “libertad de mercado” y de la “democracia liberal” (6).

Más consciente de la tensión estructural subyacente en las inversiones españolas en América Latina, la diplomacia del anterior gobierno del PSOE buscó una estrategia de “acompañamiento” y adaptación a la nueva situación política surgida en la última década, multiplicando alianzas asimétricas con los países de la zona, apalancando políticamente las inversiones en una estrategia multilateral iberoamericana y gestionando los conflictos inevitables con una mayor presión hacia las empresas españolas para que cumpliesen con su “responsabilidad social corporativa”, reinvirtiendo en la zona. Una estrategia que, al menos, y justo es decirlo, evitó en su día choques abiertos de Repsol con Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Lo que, por el momento, parece primar ahora es la botaratada, y una escalada de amenazas que no puede sino alimentar la consabida espiral de endurecimiento de posiciones, en la República Argentina no menos que en el Reino de España. Ni que decir tiene que, en un marco de creciente debilidad del peso político español en la UE, la contaminación por “inseguridad jurídica” de las inversiones españolas en América Latina a causa de una mala gestión diplomática de la crisis de YPF-Repsol agravaría la crisis de confianza de la UE en el gobierno Rajoy, para no hablar de los dichosos “mercados”.

NOTAS: (1) Lo Vuolo, R. (2003): Estrategia económica para la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI-Ciepp. (2) Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini et al.(marzo 2012): Afloran los límites del modelo, Buenos Aires. Economistas de Izquierda (EDI) (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522). (3) Por supuesto, no faltan teorías conspirativas de todo tipo en la prensa española para explicar la posición argentina. Valga señalar una, que recoge el nuevo espíritu de “lucha de clases” de la derecha española, aparecida en el periódico digital El Confidencial: (http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/04/15/la-pasionaria-argentina-y-su-cachorro-marxista-9047/). (4) http://www.cincodias.com/economia/videos/margallo-confia-dialogo-solucionar-conflicto-argentina/20120413cdscdseco_1/ (5) Ver Alfredo Arahuetes, “Las inversiones directas españolas en America Latina en el periodo 2001-2010”, Anuario Iberoamericano 2011, (http://www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2011/analisis/6_alfredo_arahuetes.pdf). 6) FAES, America Latina: una agenda de Libertad 2012, (http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3304/AMERICA_LATINA_WEB.pdf) presentada recientemente, con un publico de opositores cubanos y venezolanos, en el mismo escenario en el que se quiere celebrar en octubre de este año la Cumbre Iberoamericana, dedicada a las Cortes de Cadiz de 1812.

María Julia Bertomeu (Buenos Aires), Carlos Abel Suárez (Buenos Aires) y Gustavo Búster (Madrid) son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso. Antoni Domènech (Barcelona) es el editor general.

 

At Summit of the Americas, Washington Looks Behind the Times

At Summit of the Americas, Washington Looks Behind the Times

 

By Elizabeth Dickinson

By the time the Summit of the Americas wrapped up in Cartagena, Colombia this weekend, one couldn’t help notice: Washington is looking a bit behind the times. The United States and Canada are the only countries still advocating to keep Cuba out of the event.

President Barack Obama was clear that his administration is not open to decriminalization of drugs—making him almost the only one in the room who wasn’t grasping for new ways to tackle the spiraling violence overwhelming countries such as Mexico, Guatemala, and Honduras. And when it came to the economy, the US position came across as somewhat arrogant: Obama brushed off concerns about US monetary policy impacting developing countries’ currencies.

Grupo de mandatarios latinoamericano/PNA.Colombia’s President Juan Manuel Santos summed up the sentiment rather bluntly, referring to US isolation of Cuba: “There is no justification for [a] path that has us anchored in a Cold War overcome now for several decades.”

In fact, this is a pretty apt descriptor for the entire US-Latin American relationship these days. Washington has ignored the region for the last decade, caught up in wars elsewhere, the economic ascendancy of Asia, and its own domestic concerns. And while we weren’t watching, Latin America has been transformed. The once stagnant economies of the region are booming; the once ineffective governments of emerging democracies are now confident and robust. These aren’t countries looking for aid anymore. Brazil, Chile, Colombia, Peru—investors are now looking to all these countries’ strong growth prospects in the coming years.

Not surprisingly, a region that is on the upswing is no longer content to be America’s backyard. And frankly, they’re not anymore. Latin American leaders have grown tired of waiting for American attention; they’re looking elsewhere in China, the Asian tigers, and even parts of Africa to build economic ties. What sway Washington has over the region is bolstered by strong trade relationships. But the dependency on the US consumer is fast disappearing.

One of the most visible areas of this dramatic shift is the War on Drugs. Go back several decades, and Washington was at the heart of the narcotics fight—particularly in Colombia, where 6 billion in US tax dollars contributed to the fight. These days, the aid is far diminished. Colombia has taken on nearly all of the responsibility itself; Mexico, which recieves some funding through the Merida Initiative, is generally skeptical toward becoming too linked to the policies of its northern neighbor. Brazil, which is a decent sized trafficking hub as well as a domestic market, is pretty much fighting this war alone. So who is to say these countries shouldn’t defy Washington and decriminalize?

For the moment, not many people in Washington are lamenting the growing distance between the United States and its allies in Latin America. Maybe there’s not many who have noticed—which would be fitting of the trend. But this may well come back to haunt us in the years to come as Latin America rises. Even if we can’t find foreign policy reasons to care about the up-and-coming region, there is a very strong US domestic case: a whole continent of newly buoyant consumers to cash in on. Obama was keen to talk up economic ties at the Summit. If Washington isn’t careful, Latin America’s customers will start buying elsewhere.

Fuente: World Affairs/Elizabeth Dickinson’s blog

 

Londres prohibe anuncios orientados a homosexuales

El alcalde de Londres, Boris Johnson bloqueó los anuncios en unos mil buses porque sugieren que los homosexuales pueden ser curados. El mensaje que se difundía en los autobuses era: “No es gay! Es ex gay y está orgulloso. Lo superó”.

Se tenía previsto que los anuncios aparecerían en 5 autobuses de Londres durante dos semanas, a partir del lunes.

Aunque los reguladores de publicidad aseguran que se había despejado el anuncio, el Sr. Johnson utilizó su posición como presidente de Transport for London, para prohibir el acceso a los autobuses de la capital. Así que dijo que Londres debe ser “intolerante con la intolerancia”.

“Es claramente ofensivo sugerir que el ser gay es una enfermedad y que una persona se puede recuperar, no estoy dispuesto a esta propuesta impulsada en nuestros autobuses de Londres”, dijo.

Anglican Mainstream y Core Issues Trust, dos grupos que están detrás de los anuncios acusaron al alcalde de censurarlos.

El doctor Mike Davidson, director de Core Issues Trust dijo: “Nos entristece que este nivel de censura esté en funcionamiento, en una ciudad que se considera tolerante.

Creemos que esto es un error y creo que es muy importante que la gente tiene la oportunidad de debatir libremente todos los puntos de vista”.

Anglican Mainstream y Core Issues Trust, organizaron el anuncio en respuesta a la campaña gay, organizada por el grupo Stonewall quien ha estado promoviendo el matrimonio gay.

“Stonewall, colocó unos mil anuncios en los autobuses, no creo que sea razonable para que podamos llegar a algo que represente un punto de vista muy diferente”, añadió el Dr. Davidson.

Anglican Mainstream y Core Issues Trust, tenían la intención de que los anuncios en los buses no solo fueran una campaña para decir que el homosexualismo tiene cura, sino amplia para afirmar que el matrimonio tradicional es entre un hombre y una mujer, y que esto proporciona un mejor ambiente para las necesidades de los niños.

Fuente : Traducido por NoticiaCristiana.com de Christian Today.