Fran Omar, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular durante disertación en Langley Park, Maryland. Foto: Ramón Jiménez.
Por Ramón Jiménez
Ante la grave crisis que presenta El Salvador bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, por su estilo dictatorial y de abuso a los derechos humanos más elementales, debido al régimen de excepción que rige en todo el país desde el pasado mes de marzo —prorrogado siete veces—, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) propone a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas, crear un Frente Amplio de organizaciones sociales y políticas.
De consolidarse un Frente Amplio, lucharía contra el régimen dictatorial que prácticamente comenzó desde que Bukele tomó posesión como presidente de la república en junio de 2019, y se entronizó en mayo de 2021, al ganar las elecciones con una mayoría absoluta a favor del partido en el gobierno, capaz de aprobar cuanta pieza de legislación llegue a la Asamblea Legislativa, lo que le dio el poder de cambiar a su antojo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general, y a todo el Poder Judicial; por lo que ahora domina los tres poderes del Estado, algo inaceptable en un país democrático.
Los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional interpretaron arbitrariamente la Constitución de la República, para permitir la reelección presidencial, decisión que fue acatada por la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, institución que ha cometido fraude de ley y está sometida al Poder Ejecutivo.
Sostienen los fundadores del BRP que al formarse el Frente Amplio derrote el proyecto “corrupto” de Bukele, y que rescate a su país del retroceso, y lo ponga en la ruta democrática de los Acuerdos de Paz, firmados por el gobierno de ese entonces y las fuerzas beligerantes del FMLN, el 16 enero de 1992.
Así lo manifestó el activista y vocero del BRP Fran Omar, durante un conversatorio celebrado este sábado 19 de noviembre en el sector de Langley Park, Maryland, un vecindario donde residen miles de inmigrantes de los diferentes países latinoamericanos y de otras regiones del mundo —particularmente guatemaltecos y salvadoreños—, que entre todos suman casi el 77 por ciento de los más de 20 mil residentes de ese barrio de la ciudad de Hyattsville, cuya edad promedio oscila entre los 29 y 32 años de edad, según datos del Censo.
La visita de Omar a la región metropolitana de Washington fue organizada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) con sede en la capital estadounidense, una entidad fundada en la década de los años ochenta, cuando ese país todavía era gobernado por una dictadura militar de más de sesenta años, y estaba envuelto en una guerra civil que dilató doce años, hasta finalizar con los Acuerdos de Paz, acuerdos que el gobierno de Bukele desconoce, a pesar de que contaron con el aval de las Naciones Unidas (ONU) y un grupo de países garantes como México, Francia, España, Colombia y Venezuela, entre otros.
Reconocen los integrantes del BRP, a través de una proclama dada a conocer el pasado mes de agosto que, “El Salvador atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, caracterizado por un notable retroceso en la institucionalidad democrática, una violación sistemática de los derechos humanos, un grave deterioro de las condiciones de vida de la población y una peligrosa inestabilidad económica”.
Según Omar el régimen dictatorial de la administración Bukele persigue y encarcela a la oposición política, ataca a la prensa no oficialista, niega credenciales a 400 sindicatos, allana los locales de las ONG que desarrollan proyectos en favor de los sectores de menos recursos económicos, y captura ilegalmente a dirigentes sociales, bajo una supuesta persecución a grupos criminales, con los que el propio gobierno realiza pactos desde el inicio de su gestión.
Denuncia el BRP en su proclama, que el régimen se sostiene a través de la fuerza, la ilegalidad, la corrupción y de recursos ideológicos, que se expresan en consignas, símbolos, mensajes engañosos, difamación, mentiras y falsas promesas.
Más adelante, agregan, que las persecuciones, las amenazas y el cierre de espacios políticos, es decir, el uso de la fuerza, expresa pérdida de hegemonía en el terreno ideológico. De manera que la concentración de poder en el Estado por parte de un clan familiar [Bukele] y empresarial, no garantiza la estabilidad política del país.
Omar también reconoció que la población canaliza su malestar con masivas acciones de protestas en las calles, y que cada vez más núcleos de la población asumen una actitud ofensiva y de lucha contra el régimen. Destacó que a las protestas, en un principio, asistieron pocas personas, pero que a medida fueron venciendo el miedo, la asistencia se ha ido incrementando hasta llegar a contar con varios miles de participantes.
A pesar de que el gobierno de Bukele vocifera a los cuatro vientos que el país “va por buen camino”, la realidad es otra, según el visitante de BRP, ya que se han desmontado programas exitosos de salud y educación lanzados por los gobiernos anteriores, particularmente del FMLN, como Ciudad Mujer o el programa Jóvenes con Todo y el de Ayuda Temporal al Ingreso.
En su lugar, unas 60 mil personas han sido encarceladas ilegalmente y muchas de ellas torturadas y asesinadas en las cárceles —donde ya han muerto unas cien víctimas desde que se implantó el régimen de excepción—, y son pocos los que han sido puestos en libertad, ya que inexplicablemente son condenados antes de llevarlos a un juicio en los tribunales, donde se compruebe su inocencia o culpabilidad; por lo que para miles de familias, más que todo de escasos ingresos económicos, la violencia estatal es peor que la ejercida por el crimen organizado.
“En El Salvador [los detenidos bajo el régimen de excepción] primero son culpables, los meten presos y después los investigan”, criticó Omar.
Consuelo Gómez, quien tiene a un hijo detenido y representa en el área de Washington al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), estuvo en el conversatorio, donde pidió enérgicamente que se tiene que hacer algo para sacar al gobierno actual del poder.
“Es necesario y urgente que nos organicemos, ya que demasiadas familias están sufriendo todos los días al no tener ningún tipo de noticias de sus seres queridos detenidos, muchos de ellos injustamente, en un país donde el sistema judicial está totalmente colapsado”, remarcó Gómez.
A pesar de la supuesta “bonanza económica” que el gobierno anuncia cada vez que puede, la realidad es otra; ya que el deterioro social y económico provoca más emigración de los salvadoreños, en su mayoría hacia Estados Unidos.
Solamente entre septiembre de 2019 —el año que Bukele asumió como presidente— alrededor de 17 mil nacionales de ese país fueron devueltos de la frontera estadounidense que comparte con México. Peor aún, en los mismos meses de 2020 a 2021 fueron regresados casi 98 mil, y que de acuerdo a la tendencia, este año 2022 la cifra será mayor.
Reconocen los dirigentes del BRP que para restaurar el estado de derecho, restablecer la democracia y enrumbar a El Salvador hacia el progreso, se debe quitar el poder del Estado al clan Bukele, a través de la lucha social y popular, desde las calles, con la lucha ideológica en los hogares y en los lugares de trabajo, con la lucha electoral, la lucha por el empleo, la salud, la educación, el respeto a los derechos humanos, al derecho a la comida y a la tierra.
“Solo así derrotaremos a este régimen represivo y neofascista”, enfatizaron.
De igual manera, reconocen que para lograrlo se requiere de la unidad del pueblo, una unidad que incorpore a las fuerzas de izquierda y progresistas, y a otros sectores que se oponen al mal rumbo que lleva el país, y están dispuestos a incorporarse a una alianza para desalojar del poder al clan gobernante, y aplicar un programa que rescate a la nación.
Omar reconoció que existen diferentes acciones que se pueden tomar para debilitar al régimen Bukele, pero “la única solución viable es participar en una elección”. Y para eso necesitan darle forma al Frente Amplio de organizaciones sociales y políticas.
