California oficializó su negativa a garantizar la aplicación de las solicitudes federales en relación con los inmigrantes.
El martes, la Fiscal General de ese estado, Kamala Harris, dijo que los organismos de orden público no están obligados a cumplir con el programa conocido como “Comunidades Seguras”, en virtud del cual las autoridades locales comparten datos como las huellas digitales con funcionarios de inmigración.
El programa federal contribuyó a la deportación sin precedentes de aproximadamente 400.000 personas el año pasado.
