Por Leonel Herrera Lemus*
A falta de cinco magistrados en el “paredón de fusilamiento”, el presidente “no dictador” apunta lentamente contra el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el periodismo crítico, la separación de poderes, el estado de derecho y demás elementos que constituyen el corazón de la democracia.
En su cadena de radio y televisión del pasado domingo 9 de agosto, el presidente Nayib Bukele aclaró que “no es un dictador”, porque “si lo fuera ya habría mandado a fusilar a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional” que han revertido sus decretos de emergencia y el de apertura gradual de la economía, en el marco de la pandemia de la COVID-19.
Ciertamente, el presidente no es un dictador en el sentido estricto o clásico de la palabra, al menos no todavía; lo sería si controlara todo el aparato estatal, reprimiera a sus opositores, eliminara la prensa independiente e impusiera su visión en todos los ámbitos político, económico, social y cultural. Nayib Bukele es, eso sí, un gobernante con actitudes autoritarias, comportamiento antidemocrático y con aspiraciones “dictatoriales” que están menoscabando (“fusilando”) cinco aspectos centrales de la democracia.
- Acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas
El presidente Bukele eliminó la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), instancia que —a pesar de sus limitaciones y sesgos— promovía el acceso a la información y “actos de rendición de cuentas” de ministerios y entidades autónomas; y en su lugar ofreció un “comisionado para la probidad propuesto por la oposición” que nunca nombró. Luego, la Administración Bukele cerró el acceso a la información declarándola inexistente o inventando causales de negación que no están en la LAIP; y en el marco de la pandemia también “puso en cuarentena” las Oficinas de Información y Respuesta (OIR).
Para aplacar las críticas y “cumplir” con una emblemática promesa electoral, Nayib Bukele instaló —con el apoyo de su amigote de la OEA, Luis Almagro— una CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) dependiente del gobierno y sin facultades vinculantes para investigar la corrupción. Adicionalmente, el mandatario canceló espacios de diálogo como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y otros donde el gobierno interlocutaba con organizaciones ciudadanas, la academia y otros sectores de la sociedad.
- Libertad de expresión y periodismo crítico
Al presidente Bukele y a sus secuaces no les gusta el periodismo crítico; no responde preguntas de la prensa (excepto si es Wil Salgado preguntando por quiénes votar en 2021) y busca cooptar a los medios a través de la publicidad: a unos asignándoles pauta y a otros negándosela, como premio o castigo, según su perspectiva crítica o acrítica sobre la gestión gubernamental. Recientemente, Casa Presidencial tomó el control de contenidos en medios bajo tutela del CONAB, ente estatal que administra bienes en extinción de dominio; al tiempo que arrecia las descalificaciones, estigmatizaciones y “linchamientos digitales” contra periodistas y medios que publican irregularidades en el uso de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
- Institucionalidad, independencia de poderes y Estado de derecho
Nayib Bukele transgrede flagrantemente el Artículo 218 de la Constitución y los artículos 184 y 172 del Código Electoral al valerse de su cargo para favorecer a determinados partidos políticos (GANA, Nuevas Ideas y Cambio Democrático) y hacer campaña adelantada; confronta permanentemente con el Órgano Legislativo y reniega de resoluciones de la Sala Constitucional (a cuyos magistrados “mandaría a fusilar si fuera dictador”).
El mayor atentado presidencial perpetrado hasta hoy contra la institucionalidad fue el intento de golpe contra la Asamblea, el pasado 9 de febrero, cuando con el pretexto de presionar por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad pública, el mandatario irrumpió en la sede parlamentaria acompañado de militares y policías. La toma del Congreso terminó cuando “Dios le dijo a Bukele que tuviera paciencia” y éste decidió que la destitución de los “malvados diputados” será por la vía electoral el próximo año.
- Estado laico y no beligerancia de las fuerza armadas
A falta de políticas y estrategias efectivas, principalmente sanitarias, el presidente declara “días de oración” (además de haber orado en la Asamblea el “9F”), contrariando el carácter laico y no confesional del Estado salvadoreño. Bukele, además, ha revivido la influencia y beligerancia política de la Fuerza Armada que fue proscrita por los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 de guerra civil y 6 décadas del militarismo instaurado tras la masacre indígena-campesina de 1932. Ejemplo de esto son la mayor militarización de la seguridad pública (iniciada en gobiernos anteriores) y la participación castrense en el fallido golpe contra la Asamblea.
- Armonía social y unidad nacional
Violentando la Constitución (Art. 168, 3o. inciso), que manda al presidente procurar la armonía social y la convivencia pacífica, Bukele ha instalado un discurso confrontativo y excluyente que divide a las salvadoreñas y salvadoreños entre buenos y malos: los buenos apoyan al gobierno y son “el 97 % de la población”, según dicho relato; y los malos son quienes cuestionan la perspectiva gubernamental, ese “miserable 3 %” lo integran magistrados, diputados de oposición, periodistas, activistas sociales y ciudadanos que señalan errores o piden cuentas al Ejecutivo.
Durante emergencia por la pandemia, el presidente Bukele no ha promovido la unidad nacional ni coordinado acciones con las demás instancias estatales, municipales y de la sociedad civil. La prepotencia, megalomanía y unilateralidad presidencial imposibilita también esfuerzos nacionales en otros ámbitos urgentes y problemáticas estructurales sentidas por la población que requieren diálogo social y coordinaciones interinstitucionales.
Así que, a falta de cinco magistrados en el “paredón de fusilamiento”, el presidente “no dictador” apunta lentamente contra el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el periodismo crítico, la separación de poderes, el estado de derecho y demás elementos que constituyen el corazón de la democracia.
*Periodista y comunicador. Ha trabajado en medios alternativos y organizaciones sociales. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
