Ante la opinión pública nacional e internacional expresamos:
Que este Gobierno es absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos. En este marco, la Policía Nacional Civil (PNC) está dando cumplimiento a la notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que pesa sobre ciudadanos salvadoreños.
En 1956 se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Estatuto de INTERPOL, del que El Salvador es miembro desde el 8 de diciembre de 1959.
El Reglamento sobre Tratamiento General de Datos, aprobado por la Asamblea General de INTERPOL, regula las denominadas notificaciones rojas, cuya finalidad es localizar a una persona buscada y detenerla o limitar su desplazamiento con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares. El Estado salvadoreño tiene el compromiso de cumplir estos instrumentos internacionales.
En cuanto a la notificación roja han existido diversos pronunciamientos por parte del Órgano Judicial. El 24 de agosto de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que la notificación roja es un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura de los mismos ni equivale a una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, el 24 de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de habeas corpus ref. 220-2015, calificó como inaceptable el precedente establecido el 24 de agosto de 2011 por el Pleno de la Corte “porque desnaturaliza las atribuciones de Corte Plena y de INTERPOL, así como tergiversa la utilización de una herramienta de cooperación policial internacional creada con fines específicos”, concluyendo que la notificación roja no se limita a una simple orden de localización, sino que implica la captura del procesado.
Mediante resolución del 2 de octubre de 2015, el Pleno de la Corte retomó el criterio de la Sala de lo Constitucional y declaró que: “la publicación de una notificación roja tiene por objeto la detención de una persona en el territorio de un Estado, para ulteriormente ser entregado a otro, por existir un proceso o una condena penal pendiente en su contra. Esto porque la naturaleza de dichas notificaciones es que constituyen verdaderas órdenes de localización y captura de personas”.
Ante el cambio de criterio del Órgano Judicial y con el compromiso de formalizar las solicitudes de extradición, el 4 de enero de 2016 el Juez Central de Instrucción N.° 6 de Madrid, España, emitió una resolución en la que reiteró a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención que se encuentran en vigor contra las personas procesadas, sobre quienes existen notificaciones rojas.
En virtud de la decisión del referido Juez español y ante la existencia de diversos criterios del Órgano Judicial sobre los alcances de la notificación roja, el 12 de enero de 2016 el director general de la PNC hizo la consulta pertinente a la Corte Suprema de Justicia; la cual fue declarada improcedente.
En consecuencia, la PNC dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias. En tal sentido, con fecha 5 de febrero de este año, se detuvo a cuatro de las personas requeridas, en total apego a la ley y respetando plenamente sus derechos fundamentales.
Los procesados han sido puestos a la orden de las autoridades judiciales de nuestro país, las que deberán decidir sobre la libertad o la extradición de estos ciudadanos salvadoreños.
El Gobierno reafirma su compromiso con la institucionalidad y con el cumplimiento de los principios establecidos en los Acuerdos de Paz, que abrieron el camino para la justicia, la reparación, el perdón y la reconciliación; reconociendo además el nuevo rol que juega la Fuerza Armada en el cumplimiento y respeto de la Constitución.
Fuente: Transparencia Activa.
