Por Alfredo Lorence
El caudillo de MAGA, ex presidente y presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, tiene la oportunidad única de resolver el embrollo de la inmigración, de atraer para el Partido Trumpista el tan mentado voto latino, y de probar que sólo él puede hacerlo.
Una propuesta humilde
Imagínese usted la escena.
La fecha: lunes 20 de enero de 2025, alrededor del mediodía.
Lugar: Ellis Island, New York Harbor.
Donald J. Trump, quien ha calificado a los inmigrantes como asesinos, violadores, traficantes de drogas y de humanos, y alimañas que envenenan la sangre de la nación, decidió trasladar del Capitolio a Ellis Island la ceremonia en la cual es investido como nuevo mandatario de la república.
El cambio de escenario embanderado realza el hecho de que Trump hará de la inmigración la marca que definirá su segunda presidencia, una acción que recordarán los libros de historia y los cuentos de los abuelos cuando ya se hayan olvidado las otras peculiaridades del gobernante.
Tras su juramento de fidelidad a la Constitución, Trump se dirige a la nación y anuncia que ya en su primer día de presidencia enviará al Congreso, donde tiene mayoría en ambas cámaras, un conjunto de leyes que incluye una amnistía y la extensión de la ciudadanía estadounidense para millones de inmigrantes indocumentados que a esa fecha sean mayores de 15 años de edad y que hayan estado en el país al menos 10 años.
Estos beneficiados deberán probar que trabajan, estudian, pagan impuestos, que han establecido negocios honestos, están dispuestos a sumarse a las Fuerzas Armadas o que tienen otras virtudes ciudadanas.
El paquete legislativo incluye el beneficio para los inmigrantes legales y documentados –los que poseen ya su “tarjeta verde”- que tienen en marcha el trámite de ciudadanía. Los extranjeros amparados en el Status de Protección Temporaria (TPS) y el programa de deportación diferida (DACA) tendrán la opción de hacerse ciudadanos si han estado en el país al menos 10 años o cuando cumplan una década de estancia.
Trump anuncia que por un año Estados Unidos no aceptará nuevos pedidos de asilo y por el mismo período se contratarán 1.000 jueces de inmigración cuya tarea será la resolución expedita de los casi 3,7 millones de pedidos pendientes. Por un año, los extranjeros que crucen la frontera y ya en territorio estadounidense se presenten solicitando asilo serán fichados con datos biométricos, expulsados de inmediato y no podrán pedir asilo nunca más.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contratará 5.000 agentes que, sumados a los más de 20.000 funcionarios de esa agencia, enfocarán sus esfuerzos en la captura y deportación inmediata de miles de inmigrantes ilegales que han cometido crímenes y se encuentran prófugos o bajo libertad provisional. La Patrulla de Fronteras añadirá 5.000 agentes.
El nuevo presidente, en cumplimiento con el Título 10, artículo 254 del Código de Estados Unidos, proclama que la república encara una amenaza para su seguridad nacional que necesita una excepción constitucional a la ley Posse Comitatus de 1878, y bajo la Ley de Insurrección de 1807, ordena el despliegue de contingentes de Guardia Nacional en una franja de 15 kilómetros en la frontera sur.
Trump ordena el retorno de 10.000 de los casi 170.000 militares estadounidenses que cumplen misiones en ultramar, y su emplazamiento en esa zona vedada para civiles. Bajo las mismas leyes que autorizan el uso de fuerza armada para la prevención de saqueos en áreas damnificadas por desastres naturales, Trump autoriza a los soldados a que disparen a matar a quienes ingresen en ese territorio sin permiso.
Trump ordena a sus cohortes en el Senado y la Cámara de Representantes que ahorren las enmiendas, olviden las audiencias, apuren los debates y concluyan antes del 30 de junio de 2025 la aprobación de la Amnesty and Responsibilities Trump Act (ARTA). Ese plazo asegura que aún los nuevos ciudadanos más jóvenes tendrán 18 años de edad en 2028 y podrán votar cuando Trump sea elegido como presidente vitalicio.
Por espuela adicional, Trump reta a los demócratas en el Congreso que se han pasado años militando a favor de los inmigrantes a que se opongan a esta amnistía o que se suban al tren y marchen para donde la locomotora trumpiana lleva la historia.
Aprovechando que Trump cuenta con una mayoría amistosa en el Tribunal Supremo de Justicia, una de las leyes estipula las redadas masivas, la reclusión en campos de concentración y las expulsiones expeditas de inmigrantes que hayan cometido delitos graves como violación u homicidio, robos armados, o que sean miembros de pandillas delincuentes o grupos terroristas.
Otra de las leyes estipula que la fecha en la cual Trump promulgará la ley ARTA será para siempre día festivo nacional en honor al Moisés de los Inmigrantes, el Emancipador de los Pueblos Vagamundos.
No son lo mismo
Una de las equivocaciones más graves del Partido Demócrata en la elección de 2024 fue el haber confundido a los inmigrantes que votan y se sienten ciudadanos plenos del país, con los indocumentados y sus padeceres desde el ingreso ilegal a la vida semiclandestina.
Y uno de los enfoques astutos de la campaña del Partido Trumpista fue el haber aprovechado esa diferencia.
Los inmigrantes que votan no son indocumentados. Y los indocumentados no votan.
Así de sencillo.
Según la Oficina del Censo hay en EE.UU. unos 48 millones de inmigrantes. No todos ellos son oriundos de América Latina y el Caribe, pero aquellos a quienes el censo califica como “hispanos” o “latinos”, son el contingente más numeroso. No todos ellos están en edad de votar pero en noviembre pasado había más de 36 millones de latinos habilitados para votar, esto es el 15 por ciento del electorado. Y casi la mitad de ellos concurrió a votar.
Dieciocho millones de votos no son ceja ‘e pulga.
Para votar hay que ser ciudadano, una categoría que los inmigrantes alcanzan después de varios años de gestiones, pago de abogados, y la adaptación a la cultura estadounidense. Al igual que todos los demás ciudadanos estadounidenses, estos latinos que votan ven en la inmigración descontrolada una amenaza a su bienestar y la salud económica de sus ciudades y estados.
El mandato de Mateo 25:32-46 para los cristianos y la solidaridad humanitaria para los demás suenan bien en los sermones y los discursos de graduación. Pero para los inmigrantes arraigados y nacionalizados –los latinos y los de cualquier otra región del vasto mundo- las realidades de cargas públicas, la competencia de mano de obra barata, los contingentes escolares que hablan decenas de lenguajes diferentes y el simple “miedo al otro, al desconocido”, son más reales que las declaraciones.
Los matices complicados
Entre los millones de inmigrantes documentados y los inmigrantes de ingreso reciente en el país, hay otro contingente que los demócratas, al parecer, olvidaron, y que pueden ser la clave para una sorpresa trumpista.
Nadie sabe cuántos son, en realidad.
Cuando el Congreso aprobó y el presidente Ronald Reagan promulgó en 1986 la última reforma integral del sistema de inmigración, los entendidos hablaban de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. En sus discursos alarmantes acerca de los inmigrantes Trump mencionó varias veces la cifra de 21 millones.
Estos son inmigrantes que llegaron a Estados Unidos diez, quince, veinte o treinta años atrás y que no han logrado legalizar su situación. Son, en su gran mayoría, gente trabajadora, que ha formado familias, que opera negocios y son pilares de su comunidad, que asisten a iglesias, que han pagado miles de millones de dólares en impuestos, y que apoyan equipos de fútbol o de béisbol.
Si bien el debate y el pánico de años recientes se han nutrido del arribo de multitudes a la frontera sur, la polémica pública poco ha mencionado a los indocumentados de larga data.
No votan, no cuentan.
Está el otro contingente de semi indocumentados documentados.
En él figuran casi un millón de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporaria, un mecanismo legal que otorga permisos de trabajo y estancia a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o agitados por la violencia política.
También figuran más de 800.000 personas amparadas por el programa de deportación diferida, creado por el gobierno del presidente Barak Obama en 2012, que da permisos de trabajo y estancia a inmigrantes que eran menores de edad cuando fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos.
En ambos casos la protección es condicional a la buena conducta de los beneficiados, y es temporaria. Su vigencia depende de decisiones políticas y la veleta presidencial en la Casa Blanca.
A estas categorías deben sumarse los cabos sueltos de los cientos de miles de extranjeros traídos a Estados Unidos como refugiados, por ejemplo los afganos que huyeron de su país tras la victoria de los Talibanes.
Por décadas el Congreso, con mayoría republicana o mayoría demócrata y los presidentes demócratas o republicanos han sido incapaces de darle solución a este entrevero.
Al nudo, tajo
Cuenta una leyenda griega que en la ciudad de Gordias, por los pagos de Frigia, un rey, como ofrenda al dios Zeus, ató su lanza y el yugo de su carro con un nudo cuyos cabos estaban escondidos en el interior, tan complicado que nadie podía desatarlo. Los frigios creían que quien fuese capaz de soltar el nudo gordiano conquistaría Asia.
Allá llegó en el año 333 antes de Cristo, Alejandro, un conquistador macedonio a quien le contaron la leyenda y lo retaron a que desatara el nudo.
Sin mucha ceremonia, Alejandro desenvainó su espada y, tras opinar que “es lo mismo cortarlo que desatarlo”, cortó el nudo y siguió su marcha victoriosa por Asia hasta casi India y se ganó el tíulo de Magno.
Es el estilo Trump, un millonario que ha hecho y deshecho fortunas con negocios variopintos, que cultivó su popularidad como anfitrión cruel de un show de televisión, y que lanzó su carrera política mintiendo sobre la ciudadanía del presidente Barack Obama. Trump ha expresado repetidas veces que él es un genio más inteligente que sus generales y ministros.
Trump está convencido, como también lo ha dicho, de que él puede matar a una persona en la Quinta Avenida de Nueva York y sus seguidores seguirán siguiéndolo, y que, en referencia a los problemas de la nación, sólo él o él solo, puede resolverlos.
La constelación política y electoral en Estados Unidos tras la elección de 2024, prueba que Trump bien puede hacer la pirueta más drástica en materia de inmigración y sus seguidores seguirán siguiéndolo.
Más cerca en términos históricos están los acuerdos de Camp David firmados en 1978 firmados entre el dictador militar egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí, el ex terrorista judío Menachem Begin. O los acuerdos firmados en 1994 en el jardín de la Casa Blanca entre el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, un ex miembro de la unidad élite Palmach en la guerra contra los británicos, y el jefe de la Organización de Liberación Palestina, Yasser Arafat, quien para EE.UU. e Israel era un terrorista.
Sólo individuos con credenciales de extremistas, duros, intransigentes, empecinados y sin asco en el uso de la violencia han sido capaces de estrecharse la mano y ponerle sus firmas a compromisos, aún cuando tales arreglos repugnen a sus partidarios más fieles.
Trump bien podría terminar dándole la mano al jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos de New York, cuando estos, que si se oponen corren el riesgo de perder para siempre el voto latino, sumen sus votos a la ARTA.
