Equipos de salvamento rescatan en mayo de 2022 a algunos de los 31 sobrevivientes de la tragedia. Foto: Yahoo.
Redacción ML Noticias
WASHINGTON — Un ciudadano dominicano fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por su participación en una operación mortal de tráfico de personas que resultó en la muerte de 11 extranjeros contrabandeados.
Según documentos judiciales, la noche del 12 de mayo de 2022, Fermín Montilla, de 45 años, piloteó una embarcación que transportaba a 48 personas desde República Dominicana a Puerto Rico, con la intención de traer a esas personas a Estados Unidos ilegalmente. En algún momento durante el viaje, la embarcación hizo agua y volcó, y 11 personas se ahogaron.
“El acusado intentó contrabandear ilegalmente a 48 inmigrantes a Estados Unidos, lo que provocó la trágica muerte de 11 personas”, dijo la funcionaria supervisora Antoinette T. Bacon de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Los contrabandistas de personas amenazan nuestra seguridad nacional y explotan a personas vulnerables para obtener ganancias sin tener en cuenta su seguridad. La División Penal está comprometida a eliminar estas organizaciones criminales transnacionales de contrabando y a proteger al público y a quienes podrían ser víctimas de ellas”, agregó.
“Las operaciones de tráfico de personas no sólo violan la ley estadounidense y amenazan nuestra seguridad nacional, sino que también ponen en peligro la vida de los migrantes objeto de tráfico y resultan en muertes como en este caso”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico.
“El Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos seguirán trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales para llevar a quienes trafican con extranjeros ilegales ante la justicia y desmantelar sus organizaciones criminales”, agregó.
“Es esencial enviar un mensaje contundente a las personas que se aprovechan de los vulnerables poniendo en peligro sus vidas y socavando la seguridad de nuestras comunidades”, dijo la agente especial a cargo Rebecca González-Ramos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Juan.
“En este incidente perdimos 11 vidas, debemos proteger a las personas de este crimen atroz. Continuaremos utilizando todos los recursos para perseguir y llevar ante la justicia a las organizaciones criminales transnacionales que ponen en peligro la seguridad de otras personas aprovechando las leyes de inmigración. A quienes buscan ser contrabandeados a los Estados Unidos, recuerden que es extremadamente peligroso y que no vale la pena perder la vida; a estas personas no les importa”, se lamentó González Ramos.
El 13 de septiembre de 2024, Montilla se declaró culpable de un cargo de traer extranjeros a Estados Unidos en un lugar distinto al puerto de entrada designado, lo que resultó en muertes.
HSI San Juan investigó este caso, con la asistencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza de EE.UU., la Guardia Costera de EE.UU. y la Oficina de Policía de Puerto Rico.
La abogada litigante Angela Buckner de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Criminal y la fiscal adjunta especial de la Guardia Costera de Estados Unidos, Helena Daniel, para el Distrito de Puerto Rico, procesaron el caso.
La investigación se lleva a cabo en el marco del programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), una asociación conjunta entre la División Penal del Departamento de Justicia y HSI. El programa ECT se centra en las redes de tráfico de personas que pueden presentar riesgos particulares para la seguridad nacional o pública, o presentar graves preocupaciones humanitarias. ECT cuenta con recursos dedicados a la investigación, la inteligencia y el procesamiento. ECT coordina y recibe asistencia de otras agencias del gobierno de Estados Unidos y autoridades policiales extranjeras.
En junio pasado, el Departamento de Justicia transmitió formalmente al Congreso una nueva propuesta legislativa para aumentar las sanciones recomendadas para los traficantes de personas más prolíficos y peligrosos.
La propuesta, titulada “Ley de 2024 para disuadir el tráfico de personas y causar daños a las víctimas”, modificaría la directriz de sentencias de Estados Unidos 2L1.1, que rige los delitos de tráfico de personas, creando niveles de sanciones más estrictos basados en el número de personas traficadas por el acusado; aumentando las sanciones cuando la conducta del acusado resulte en lesiones o muerte a más de una persona; y asegurando que los acusados estén sujetos a mayores penas por agresión sexual y otros tipos de conducta sexual prohibida cometida durante el delito de tráfico, incluso si esa conducta ocurrió fuera de la jurisdicción de Estados Unidos.
El Departamento ha estado trabajando con los miembros del Congreso interesados para avanzar en la propuesta de modo que las directrices de sentencias tengan en cuenta con precisión el alcance total de la violencia que puede resultar del tráfico de personas.
