Será la Asamblea Legislativa que definirá si le quita el fuero al gobernante guatemalteco para que lo juzguen. El proceso, iniciado a petición del Ministerio Público y la CICIG, investiga la financiación ilegal de la campaña de Jimmy Morales que lo llevó al poder.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala admitió la solicitud de antejuicio contra el presidente de ese país, Jimmy Morales, por presunta corrupción.
Así, el órgano Judicial guatemalteco autoriza la acción promovida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es iniciar un proceso judicial por presunta corrupción.
Una vez autorizado el antejuicio, la Asamblea Legislativa del país centroamericano debe decidir si levanta la inmunidad al presidente, para lo que se necesitan al menos dos tercios del Congreso. Si los legisladores dan luz verde, entonces Morales podrá ser imputado e investigado.
Según público el periódico “Siglo XXI”, en la solicitud, el ente investigador y el internacional, señalan a Morales de financiamiento electoral ilícito, ya que según explicaron en su momento, el jefe de Estado habría ocultado información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su calidad de secretario general del partido.
De acuerdo a la investigación, la agrupación oficial no pudo aclarar la procedencia de 4.3 millones de quetzales de la campaña política presidencial de Morales de 2015.
Según la legislación guatemalteca, el órgano Legislativo deberá integrar una comisión que deberá recomendar al pleno si retira los fueros al mandatario. Para levantar la inmunidad al presidente, son necesarios 105 votos de los 158 diputados que integran el Congreso.
El pasado 25 de agosto, la CICIG y el Ministerio Público pidieron levantar los fueros al gobernante para investigarlo por posible financiamiento ilícito de su campaña para las elecciones de 2015, en las que resultó victorioso.
Dos días después, el mandatario en un mensaje grabado declaró “non grato” al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y ordenó su expulsión inmediata al acusarlo de injerencia y de exceder sus funciones.
La medida provocó un terremoto político hasta que la orden presidencial fue suspendida el pasado 29 de agosto por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
