SAN JOSÉ, Costa Rica.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este martes la atención del Estado de El Salvador ante el incumplimiento de una sentencia dictada en el 2012 por la masacre de entre al menos 1.000 personas, perpetrada por el Ejército en la aldea El Mozote en 1981.
Tras efectuar una revisión de las acciones tomadas por las autoridades salvadoreñas, la Corte «llamó la atención del Estado ante el evidente incumplimiento de la mayoría de las medidas dictadas y le recordó que sus sentencias son obligatorias», señala un comunicado del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Cejil es un órgano técnico legal que actúa como representante de las víctimas en los casos investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en los juicios ante la Corte IDH.
«No hay una sola persona sancionada por las graves violaciones de derechos humanos en El Mozote», declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil.
Durante la audiencia ante la Corte, los representantes de las miles de personas afectadas por la masacre acreditaron que la investigación está frenada desde 1993, año en el que se aprobó la Ley de Amnistía en El Salvador.
También se denunciaron los obstáculos para realizar las exhumaciones y para avanzar en el plan de desarrollo que la Corte IDH ordenó que realizara en la zona como parte de las medidas de compensación, agrega el organismo.
Tragedia. La masacre de El Mozote, considerada la más grande que haya sido investigada y juzgada por el sistema interamericano de derechos humanos, se produjo entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 en la aldea el Mozote, en el oriental departamento de Morazán.
Los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado que vivió el país centroamericano entre 1980 y 1992 entre el Ejército gubernamental y la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.
Según las investigaciones, se determinó que en el operativo militar, supuestamente destinado a atacar bases insurgentes, fueron asesinados entre 1.000 y 2.000 campesinos, en su mayoría niños o menores de edad.
Los bienes de los vecinos, incluidos casas, animales y cosechas fueron quemados y los sobrevivientes debieron huir para refugiarse en los montes o en la vecina Honduras.
Fuente: coordsolidsalvcub12@gmail.com/La Nación, CR
