Sindicalistas colombianos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Escuela Nacional Sindical y la central sindical AFL-CIO criticaron implementación incompleta de Plan de Acción Laboral en Colombia, que fue una de las condiciones para la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Miguel Conde, fiscal general del local de Puerto Wilches del sindicato colombiano SINTRAINAGRO, explicó en un foro en Washington la semana pasada que la situación actual en Colombia hace muy difícil que los trabajadores se asocien libremente para negociar mejores condiciones de trabajo. “Debido a restricciones legales, intimidación de grupos armados y el surgimiento de las cooperativas ilegales, ahora es más fácil formar un grupo guerrillero que un sindicato en Colombia», afirmó.
Los participantes del panel también dieron a conocer un informe de la AFL-CIO que detalla la falta de progreso en materia de seguridad y respeto a los derechos laborales en Colombia. El informe destacó los pasos necesarios para abordar las deficiencias del Plan de Acción Latral para garantizar la seguridad de los sindicalistas colombianos.
Celeste Drake, especialista en política de intercambio comercial de la AFL-CIO, dijo que “en lugar de que los gobiernos de Estados Unidos o Colombia declaren la victoria (sobre el Plan de Acción Laboral), la AFL-CIO insta a ambos gobiernos a comprometer los considerables recursos y la intensa voluntad política necesarios para garantizar que los cambios prometidos se hagan realidad”.
Gimena Sánchez-Garzoli, asociada principal para Colombia y los Andes de WOLA, dijo que tanto Estados Unidos como Colombia de unir esfuerzos para reducir la violencia en contra de los sindicalista e investigar los asesinatos de sindicalistas. Solamente el año pasado fueron asesinados 30 sindicalistas por sus actividades por los derechos laborales, según la AFL-CIO. En lo que va del 2012, ya han sido asesinados 11 sindicalistas.
Jhonsson Torres, uno de los sindicalistas directamente afectadoS por la violencia y uno de los miembros fundadores del sindicato de cortadores de caña (SINALCORTEROS), denunció la falta de protección y las constantes violaciones de derechos humanos, incluso después de que el Plan de Acción Laboral entrara en vigencia.
“El 27 de abril, el secretario general de nuestro sindicato, Daniel Aguirre, fue asesinado. Los culpables todavía no han sido encontrados. Hace algunos meses, yo recibí amenazas de muerte. Nuestro gobierno, al entrar en vigencia el tratado comercial, nos dijo que mejoraría nuestra seguridad. Todavía temo por mi vida y la seguridad de mis seres queridos”, dijo Torres.
