Foto nashvillescene.com/ Hamilton Matthew Masters
Por Elyssa Pachico/AIC
WASHINGTON, DC, 20 DE JUNIO DE 2025 — El 20 de junio, una coalición que incluye una organización religiosa y dos personas presentó una demanda cuestionando la constitucionalidad de una ley recientemente promulgada en Tennessee que penaliza brindar refugio a personas indocumentadas, incluso cuando no existe la intención de ocultarlas.
El Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown, el Consejo Americano de Inmigración y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) presentaron la demanda ante el tribunal federal de distrito del Distrito Medio de Tennessee. El demandante principal es el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América. A ellos se unen un propietario local y un residente de Tennessee que comparte vivienda con un yerno que solicita asilo en Estados Unidos.
El Proyecto de Ley 392 del Senado de Tennessee, promulgado el 9 de mayo, crea amplias sanciones penales para cualquier individuo u organización que “alberge” a una persona indocumentada (un término que el proyecto de ley define como proporcionar refugio) a cambio de un beneficio económico.
Este proyecto de ley de gran alcance podría convertir en delito que una iglesia ofrezca refugio temporal, que un propietario alquile una habitación o que un familiar viva con una persona indocumentada.
Además, la ley está redactada de manera tan amplia que podría utilizarse para criminalizar el hecho de proporcionar refugio a quienes alguna vez fueron indocumentados pero posteriormente obtuvieron un estatus de protección como asilo o protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
“Esta ley no solo es perjudicial, sino también inconstitucional”, declaró Elizabeth Cruikshank, asesora principal de ICAP. “La aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad del gobierno federal, no algo que los estados puedan usar como arma a su antojo. Cuando cada estado crea sus propias normas y sanciones migratorias, se genera confusión, miedo y caos, no solo para los inmigrantes, sino también para las familias, los empleadores y las comunidades de todo el estado. Por eso, los tribunales han sostenido sistemáticamente que la política migratoria debe ser uniforme, y por eso leyes como la de Tennessee no pueden sostenerse”.
La demanda argumenta que la SB 392:
- Viola la Constitución de los Estados Unidos al permitir que el gobierno estatal de Tennessee regule la inmigración.Esta facultad está reservada al gobierno federal; de lo contrario, si cada estado creara y aplicara sus propias leyes de inmigración, el resultado sería un mosaico caótico de normas contradictorias, lo que haría prácticamente imposible que las fuerzas del orden, las empresas y los inmigrantes transiten entre estados.
- Es demasiado vago para que los habitantes de Tennessee comprendan qué conducta será criminalizada, lo que introduce el espectro de cargos por delitos graves y condenas de prisión de décadas por acciones que pueden ser de naturaleza enteramente humanitaria.
“Esta ley no se trata de seguridad pública, sino de miedo y xenofobia”, declaró Suchi Mathur, abogada litigante principal del Consejo Americano de Inmigración. “Ya ha generado menos seguridad en comunidades de todo el estado y causará daños inconmensurables una vez que entre en vigor. Criminalizar cosas como compartir una vivienda o recibir a feligreses no garantiza la seguridad de las personas”.
“La SB 392 no mejora la vida de los habitantes de Tennessee ni protege la seguridad pública, sino que intenta enfrentar a los vecinos”, declaró Spring Miller, directora sénior de estrategia legal de TIRRC. “Esta ley obliga a las organizaciones religiosas a elegir entre seguir sus valores o alinearse. Obliga a los familiares —cónyuges, hermanos e incluso padres— a temer que el simple hecho de vivir bajo el mismo techo con un ser querido sin estatus legal pueda llevarlos a la cárcel. Esto no son solo consecuencias imprevistas de una mala política. Se trata de usar la ley para infligir crueldad y control”.
La ley entrará en vigor el 1 de julio. Los demandantes buscan una orden judicial inmediata para bloquear la aplicación de la SB 392 mientras avanza el caso.
El Consejo Americano de Inmigración trabaja para fortalecer a Estados Unidos, transformando la forma en que el país piensa y actúa respecto a los inmigrantes y la inmigración, y trabajando por un sistema de inmigración más justo y equitativo que abra sus puertas a quienes necesitan protección y libere la energía y las habilidades que aportan los inmigrantes. El Consejo reúne a personas que resuelven problemas y emplea cuatro enfoques coordinados para impulsar el cambio: litigio, investigación, defensa legislativa y administrativa, y comunicación. En enero de 2022, el Consejo y New American Economy se fusionaron para combinar un amplio conjunto de herramientas de defensa con el fin de ampliar y proteger mejor los derechos de los inmigrantes, garantizar plenamente su capacidad de prosperar económicamente y contribuir a que las comunidades en las que se establecen sean más acogedoras. Siga las últimas noticias e información del Consejo en ImmigrationImpact.com y BlueSky @ immcouncil.org.
