Activistas y comunidad piden terminar el contrato entre ICE y condado de Howard.
Por Juan Hidalgo
“Mi vida fue un calvario durante catorce meses, tras haber sido intervenido por la Policía y derivado luego por las autoridades del ICE (US Immigration and Customs Enforcement) a diferentes centros de detención, durante cuyo tiempo nunca fui sentenciado, pero igual era tratado como un criminal por las autoridades de la Federal de DC y luego por las de la cárcel de Jessup [en Maryland]”.
Así relata la pesadilla que vivió el hondureño Pedro Velásquez, (28) quien refiere fue acusado injustamente de robo al momento que salía de un centro comercial de Wheaton, Maryland, sólo porque otros individuos de origen hispano habían cometido ese delito; por lo que estuvo bajo amenaza de deportación, primero 14 meses en un centro federal de detención de Washington DC, y luego ocho meses en el centro de detención de Jessup, ubicado en el condado de Howard, Maryland.
Sin embargo, afirmó que pese a todo y gracias a un grupo de abogados públicos, logró salir en libertad en abril del 2019, cuando el juez le levantó la orden de retención y le aplicara el witholding removal, que es un estatus que protege a una persona de ser deportada, cuando ha demostrado que sufre de persecución en su país de origen u otro tipo de peligro.
“Yo incluso pedí que me sentenciaran por el delito de robo del que se me acusaba, para terminar con esa pesadilla de estar en la incertidumbre sin saber qué va a pasar, porque no me decían nada y sólo que estaba en proceso de deportación, pero que felizmente no se concretó, e incluso el cargo de robo fue deshecho y ahora puedo volver a trabajar libremente”, agregó.
Otro que también narró terribles experiencias en la correccional de Jessup fue Kevin Rivas, quien dijo que su único crimen fue haber retornado al país después de ser deportado; por lo que inicialmente estuvo recluido en una cárcel de Frederick Maryland, y luego fue trasladado a la prisión de Jessup, donde se le denegó derecho a fianza para salir en libertad. Sin embargo, meses después pudo obtener su salida gracias a que se le aplicó igualmente el witholding removal.
Miriam, en tanto, cargando a su bebé de dos años de nacido, contó que el padre de su hijo, Belvin, fue intervenido en el condado de Calvert, Maryland, por tener una bombilla del auto descompuesta, y cuando la Policía le solicitó su licencia, sólo tenía permiso de conducir, lo cual —según refirió—, solo ameritaba una multa y no que fuera detenido; luego de lo cual fue trasladado primero a una delegación policial, y luego a la prisión de Jessup, desde donde se ordenó su deportación.
Estas y otras muchas historias de abusos del ICE y de las autoridades penitenciarias del Centro de Detención de Jessup, del condado de Howard, fueron narradas el último domingo en un foro público organizado por Howard County Coalition for Inmigrant Justice, en el que participaron alrededor de 16 entidades pro inmigrantes.
Al evento, que se dio cita en la ciudad de Columbia del condado de Howard, asistieron más de 250 personas y en la que se relató abusos de parte de los oficiales de la prisión de Jessup, como falta de atención médica, discriminación, racismo, etc. “Es una tortura psicológica por el hecho de ser diferentes a los demás internos y no hablar el mismo idioma”, agregó Pedro Velásquez.
En la cita se solicitó el apoyo mediante firmas para cerrar el acuerdo entre el ICE y el condado de Howard para la retención de inmigrantes. Según refirió Leslie Salgado, de la organización Friends of Latin America, han alcanzado la cifra de 800 firmas hasta el momento, y que esperan reunir más rúbricas para presentar al ejecutivo del Condado, Calvin Ball, para que termine ese contrato firmado en 1995.
“El ICE paga 110 dólares al día por cada detenido por caso de inmigración que alberga Jessup, lo que es más que otros condados”, afirmó Laurie Liskin, de Indivisible HoCoMD Inmigration Action Team. “Frederick [condado] recibe 83 dólares, y Worcester [condado] 87.11 y cada condado trabaja su propio acuerdo».
Howard logró aumentar de 80 a 110 dólares durante la administración del anterior ejecutivo Alan Kittleman, y en una audiencia pública el director del Centro de Detención de Jessup, Jack Kavanagh reveló que en el 2019 tuvieron ganancias de 2.5 millones de dólares, sostuvo,
Por su parte el organizador de CASA, Trent León, agregó que si Calvin Ball no aprueba el fin del contrato, acudirán al Concejo del condado, conformado por cinco miembros que tienen potestad para decidir si logran una votación mayoritaria.
Las organizaciones que forman parte de la Coalición para la Justicia Migratoria del condado de Howard incluye a CASA, Friends of Latin America, Indivisible HoCoMD Inmigration Action Team, Our Revolution Howard County, Columbia Jewish Congregation, ACLU, Indian Cultural Association and Asian Americans Advancing Justice (AAJC), entre otras.
