Por Milli Legrain
Washington – A sus 18 años, Kimberly Pineda Chávez fue detenida una mañana de enero, de camino a la escuela, en la ciudad de Atlanta, en el sur de los Estados Unidos. Un oficial del servicio de inmigración y aduanas (ICE) paró el coche en el que viajaba con su tía y la detuvo. Ahora lleva 2 meses en un centro de detención por entrar a los Estados Unidos sin documentos en septiembre de 2014, acompañada sólo de su hermana menor.
La detención de Kimberly responde a una directriz de ICE, conocida como “Operation Border Guardian”, que busca detener a inmigrantes indocumentados que llegaron solos a los Estados Unidos como niños y que ahora cumplen la mayoría de edad. Estas redadas se hicieron públicas por parte del Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, el 9 de marzo pasado y se centran en la detención de menores que llegaron después del 1 de enero de 2014. Así, Kimberly no está sola. Desde el 23 de enero hay 335 personas en centros de detención para adultos en situaciones parecidas.
Según su abogada Elanie Cintron, Kimberly vino huyendo de Honduras desde que fuera amenazada por miembros de una pandilla y que la policía invadiera el hogar familiar, amenazándoles a punta de pistola y tomando como rehén a su padrastro.
Pero, Taylor Lee & Associates, la firma de abogados que la representó al llegar a los Estados Unidos no le hizo las preguntas adecuadas para poder realizar una petición de asilo. Así, Kimberly terminó aislada de su familia, sin poder seguir sus estudios de secundaria, detenida y amenazada de deportación.
En este sentido, las redadas recientes de ICE levantan serios cuestionamientos sobre las prioridades de deportación del gobierno de Obama. Según Cintron: “Estamos viendo a niños que llegan a EE.UU. y que se convierten en el blanco de ICE cuando cumplen 18 años. Al ser niños, la mayoría de ellos no recibieron una representación legal adecuada y no sabían de las opciones existentes. […] La pregunta es ¿por qué nos estamos centrando en estos niños?”
En eso concuerda Louis Malfaro, Presidente de la Federación Estadounidense de Profesores de Texas: “Parece que el gobierno de Obama quiere demostrar que es duro en el tema de inmigración. Pero están eligiendo a algunos de los más vulnerables, que llegan aquí como niños, como refugiados, para colocarlos en procesos de deportación.”
Además, si bien oficialmente las detenciones no se realizan en lugares de culto, escuelas, ni hospitales, el profesor Malfaro denuncia como los niños ya no acuden a clase por miedo a ser detenidos en la parada del autobús. Así cualquier detención o deportación tiene repercusiones más allá de las individuales.
La falta de una adecuada representación legal en las cortes de inmigración tiene graves implicaciones también. Según un informe de Syracuse University: de 2012 a 2014, un 73% de los menores que tuvieron un abogado obtuvieron una decisión favorable del juez y pudieron quedarse en los EE.UU. Pero los abogados que ofrecen sus servicios gratuitamente no alcanzan para todos. Así, la mayoría de los niños se presentan a la corte solos, a veces con tan sólo 3 o 4 años de edad.
Si es aprobada por el Congreso, la propuesta de ley, conocida como Fair Day in Court for Kids Act of 2016, podría ofrecer una solución. Introducida ante el Congreso de los EE.UU. en febrero, esta ley aseguraría que los niños sean representados por un abogado, costeado por el Estado si fuera necesario.
Pero para la portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) Dana Leigh Marks, el problema es todavía más amplio: el hecho que las cortes de inmigración estén bajo la influencia política del Departamento de Justicia compromete su independencia judicial.
Además, según esta jueza, las cortes de inmigración reciben sólo US$300 millones frente a los US$18, 000 millones anuales que se destinan al control migratorio.
En estas condiciones, la protección de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo está lejos de ser asegurada.
