Hace diez años, Gilberto Soto, el representante de la división portuaria del sindicato estadounidense los Teamsters, fue asesinado en Usulután, El Salvador.
Soto, un ciudadano estadounidense, había regresado a su país natal para reunirse con líderes del movimiento sindical centroamericano y transportistas de carga portuaria, y para documentar violaciones de derechos laborales. Su asesinato queda en la impunidad. Esta semana, CISPES conmemora Gilberto y se une a la llamada internacional para justicia en el caso de su asesinato.
Abajo está el texto de una carta que fue publicada ayer en el periódico de mayor circulación en El Salvador. Haga clic aquí para descargar una copia de la carta y aquí para ver un video conmemorando el décimo aniversario del asesinato de Gilberto.
¿Impunidad o Justicia?
Una carta abierta a: Luis Martínez, Fiscal General, El Salvador
“Sólo tenía dos años de edad cuando mi padre fue asesinado a tiros frente a la casa de mi abuela en Usulután. Tres disparos terminaron con su vida y destrozaron la mía. ¿Quién mató a mi padre? ¿No merezco saberlo?”
–MARIANA SOTO LAREDO, 12 AÑOS
El líder sindical de los Teamsters, Gilberto Soto, era un ciudadano estadounidense naturalizado quien en 2004 viajó a ElSalvador, su lugar de nacimiento, para reunirse con los sindicatos de transporte del área. Hoy se cumplen 10 años de su asesinato, y su muerte sigue sin resolverse.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Procurador de Derechos Humanos (PDDH) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA):
- Ese viernes por la noche, tres hombres dispararon a Gilberto Soto por la espalda. Los asesinos no se llevaron nada–ni el reloj, ni la billetera ni su teléfono celular.
- La policía no acordonó la escena del crimen ni tomó medidas para proteger la evidencia, incluida la bicicleta que uno de los hombres armados dejó atrás, y nunca hicieron pruebas de la existencia de huellas dactilares.
- Pocos días después, el Ministro del Interior de El Salvador declaró que Gilberto no fue asesinado por un escuadrón de la muerte—y eso sin que nadie hubiera dicho que ese fuera el caso.
- Dos semanas después, en un desayuno privado celebrado en el hotel Hay-Adams en Washington, René León, embajador de El Salvador en los Estados Unidos, dijo a los dirigentes sindicales estadounidenses que la policía se negaba siempre a enviarle una copia de su informe.
- Por otro lado, la defensora de la PDDH, Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo, reveló que la Policía Nacional Civil (PNC) le negó su derecho constitucional de inspeccionar sus archivos y de seguir el avance de la investigación. La Dra. Alamanni de Carrillo y miembros de su personal también recibieron amenazas de muerte.
- Poco después, la PNC arrestó a tres «miembros de pandillas», sometiéndolos a torturas sexuales con el objeto se sacarles una confesión que diera la impresión de comprobar que simplemente se trataba de un “delito común”, tal como lo afirmaba el gobierno.
- El hecho de que la investigadora de la PDDH Zaira Navas se presentara con un médico para documentar la tortura permitió que los prisioneros torturados se retractaran de sus declaraciones, motivo por el cual ella fue perseguida por el Fiscal General hasta el punto de verse obligada a renunciar a su cargo
De acuerdo con Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, “Es de vital importancia para una nación desgarrada por crímenes contra los derechos humanos descubrir y revelar la verdad con el fin de hacer la transición a una auténtica reconciliación”.
Por el bien de los hijos de Gilberto Soto, por el bien de los trabajadores de El Salvador, por el bien del alma de la nación, le pedimos que se vuelva a abrir este y otros casos emblemáticos de la violación de los derechos humanos. Le instamos a trabajar en colaboración con la PDDH y con organizaciones independientes de derechos humanos para identificar a los que ordenaron estos crímenes y a los que los encubrieron.
James Hoffa
General President
International Brotherhood of Teamsters
Geoff Thale
Program Director
Washington Office on Latin America
Gastón Chillier
Director Ejecutivo
Centro de Estudios Legales y Sociales
Buenos Aires, Argentina
Tyler Giannini
Co-Director
International Human Rights Clinic
Harvard Law School
Laurel E. Fletcher
Director
International Human Rights Law Clinic
University of California Berkeley
Leonel G. Rivero Rodríguez
Coordinador General
Defensa Estratégica en Derechos Humanos
México City, México
Viviana Krsticevic
Executive Director
Center for Justice and International Law
Washington, DC
Livingstone Sewanyana
Executive Director
Foundation for Human Rights Initiative
Kampala, Uganda
Richard Trumka
President
AFL-CIO
James J. Silk
Director
Lowenstein International Human Rights Clinic
Yale Law School
Lance Compa
Professor of International Labor and
Human Rights Law
Cornell University
New York
Martín Sigal
Director
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Universidad de Buenos Aries
Argentina
Richard J. Wilson
Director
International Human Rights Law Clinic
American University
Washington, DC
Knud Foldschack
Advokat
Copenhagen
Denmark
Ron Carver
Associate Fellow
Institute for Policy Studies
Washington, DC
