Por Yenny Delgado
Rosa María Hernández, una niña de 10 años, nació en México y a los tres meses de nacida, sus padres tomaron la arriesgada decisión de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Como muchas familias indocumentadas y con ganas de salir adelante, la familia logró instalarse en Laredo, Texas. La situación de la niña era especial, con un diagnóstico de parálisis cerebral. Necesitaba atención médica y la única forma de obtenerla era solicitando ayuda del gobierno a través del programa Medicaid para familias de bajos recursos. La atención recibida todos estos años, ha permitido a Rosa María, de 10 años de edad, vivir de manera favorable y milagrosa.
La noche que fue detenida por la Patrulla Fronteriza, la menor iba de camino en ambulancia al Hospital de Niños en Corpus Christi. La emergencia era la cirugía de vesícula biliar. La menor estaba acompañada de su prima, ciudadana estadounidense que tenía una orden de permiso de la madre, para trasladarla al hospital para su intervención. La familia Hernández, se quedó a 150 millas en Laredo, con la angustia de ver partir a su hija.
La Patrulla Fronteriza detuvo la ambulancia y, al darse cuenta de la situación migratoria de la niña, decidió seguir a la ambulancia hasta el hospital. Hicieron guardia durante todo el tiempo que Rosa María estuvo internada, hasta los días de su recuperación. Cuando fue dada de alta por el hospital, la niña, considerada como inmigrante indocumentada, fue traslada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) al centro de menores. De esta manera quedaba dentro de la custodia del gobierno federal que debía revisar su caso, para su deportación a México.
Las medidas tomadas por la Patrulla Fronteriza, ha llamado considerablemente la atención, ya que sólo se debería tomar esa medida si la niña hubiese estado sin acompañamiento de un adulto, caso que no es el de Rosa María, ya que estaba junto con su prima. Así también, el congresista por el estado de Texas, Joaquín Castro, alzó la voz y culpó a la administración del presidente Donald Trump “por tener políticas insensible sobre los inmigrantes indocumentados”.
La situación de la niña sigue en suspenso porque, pese a que fue liberada luego de presión del movimiento pro-inmigrante, todavía puede ser deportada. La familia de Rosa María, de tan solo 10 años, y que tiene un entendimiento de una niña de 4 o 5 años, busca recursos para batallar con un largo proceso legal.
La situación de Rosa María se agrava, al tener un diagnóstico que la deja expuesta a mayores complicaciones si no recibe la atención debía. Ante este escenario nos preguntamos ¿Hasta cuándo y dónde el cumplimiento de las leyes migratorias puede ser injusto? ¿Es humano detener a una niña en las condiciones médicas en las que se encuentra Rosa María?
Sin duda, esta situación devela una vez más, la enorme crisis moral y social que trae las leyes de inmigración. Los funcionarios del ICE tienen en sus manos el cumplimiento de la ley de manera discriminatoria o el poder de evaluar los casos, que como el de Rosa María, son situaciones cruciales que pueden poner su vida en peligro.
Como inmigrante y ciudadana estadounidense me solidarizo con la familia Hernández. Me uno a su lucha por mantener unida a su familia y preservar la vida de Rosa María lo más saludable y feliz posible. Sin duda, la crudeza y las grandes brechas sociales que existen de un lado a otro de la frontera, nos reclaman la urgencia de evaluar nuestras leyes migratorias y promover una reforma. Estoy convencida que la inmigración, base de la fundación de este país, es un ejercicio de la libertad humana. Impedir la inmigración de manera violenta, sin tomar en cuenta situaciones integrales de la vida, hacen que la herida se profundice, mostrando el lado demencial de sufrimiento, separación y odio que en los últimos años está creciendo con mayor fuerza en Estados Unidos.
