Por Alberto Pinzón Sánchez
La verdad es que la restitución del alcalde de Bogotá, Petro, más que un vergonzoso culebrón jurídico sin fin, muy típico de la llamada justicia colombiana y que incluso llegó a instancias internacionales con la intervención de la Corte interamericana de los Derechos Humanos; es un problema político.
El presidente Santos, con esa incuria que le critica su adversario Uribe Vélez en la actual lucha de fracciones por la hegemonía de la clase dominante, después de tener que cumplir (a regañadientes) la orden del tribunal de Cundinamarca, hábilmente ha desviado la atención contra el derecho de Tutela, único mecanismo constitucional que tiene algo de democrático en la Justicia colombiana.
¿Por qué Santos desvía la atención en lugar de ir al fondo de culebrón jurídico actual para plantear la responsabilidad en todo este embrollo que tiene el actual Inquisidor Ordoñez, fanático personaje, empeñado, como está, en convertir el Derecho Divino en la superestructura jurídica de toda Colombia; ni dice muu, sobre la evidente disfuncionalidad institucional, o desajuste, o “descuadernamiento” (para que me entienda) de la actual constitución neoliberal colombiana, que el piadoso director del Instituto de Estudios Liberales, caracterizó en su entonces, como “choque de trenes”?
No es por liviandad Intelectual que Santos evita el debate. Es por complicidad e inercia ante los necesarios cambios sociales e institucionales, que toda su clase oligárquica tiene profunda y secularmente arraigada en su ideología medioeval recubierta con el halo Trasnacional del neoliberalismo, aprendido en las Universidades anglosajonas.
La facultad de sancionar a representantes de la sociedad elegidos por voto popular que le otorgó la Constitución del 91 a la famosa Procuraduría de Colombia, nunca había sido un problema en el ejercicio del poder Oligárquico en Colombia, hasta ahora. La Procuraduría era (y es) una inmensa fuente inagotable de burocracia y clientelismo a nivel nacional, con que se pagan los favores a los parlamentarios que “eligen” al Procurador proclive. Uno de esos parlamentarios fue Petro, que no tuvo empacho también en su entonces, en votar por el señor Ordoñez; quien con su fanatismo Inquisitorial no tardó en mostrar y descarnar la vieja norma del Poder oligárquico colombiano: “Para mis amigos el Favor, para mis enemigos la Ley”, y que el Pueblo trabajador supo sintetizar en la triste y melancólica figura colombiana de que “la Ley es para los de ruana”.
Así que, si el fanático Inquisidor Ordoñez, cuya figura han coronado en el festival del burro en San Antero (1), tiene algo de dignidad humana, debiera renunciar para internarse en algún monasterio a pan y agua; lo que tampoco resolverá mayor cosa, pues la madre del cordero está en la Constitución neoliberal vigente, cuyas costuras cada día crujen más.
Esa será entonces la tarea que le corresponde resolver a una Asamblea Nacional Constituyente amplia y democrática, que le dé a Colombia una Constitución para la Paz con justicia social, democracia y soberanía… ¿Cuál es la demora?.
