Por Luis Armando González
La derecha salvadoreña –o por lo menos aquellos sectores de ella más retardatarios— siempre se supera a sí misma en su mezquindad.
Las reacciones de sus portavoces –en las esferas mediática, empresarial y política— ante el incremento salarial recién aprobado en el Consejo Superior del Salario Mínimo reflejan un egoísmo francamente espeluznante desde criterios éticos mínimos.
La voracidad de la derecha salvadoreña no conoce límites.
Su acumulación de riqueza, su consumo exorbitante y su bienestar fuera de toda proporción no pueden ni deben cuestionarse por nadie. La explotación laboral, desde la visión de un enriquecimiento ilimitado que por derecho le corresponde, debe seguir siendo la regla de oro del quehacer empresarial, y cualquier intento por frenarla genera amenazas, chantajes y presiones en contra de la sociedad.
Porque, en efecto, todas las reacciones de la derecha ante el incremento salarial no sólo son en contra del gobierno, sino que están dirigidas principalmente en contra de la sociedad, a la cual se pretende amedrentar con un discurso que recuerda a la derecha violenta, reaccionaria e injusta de los años setenta del siglo XX. La amenaza que lanzan a la sociedad es la del desempleo, como si los bajos salarios prevalecientes hubieran sido el remedio para el mismo.
Sin embargo, contra toda lógica, los voceros de la derecha – destacan acá los que hablan desde la ANEP— lanzan al aire su amenaza: el incremento al salario mínimo generará desempleo, con lo cual lo que quieren decir –y es lo que piensan hacer— es que procederán a despedir trabajadores. Y, en sus cálculos, la gente culpará al gobierno por ello, con lo cual su responsabilidad y voracidad quedarán a salvo.
Junto a esta amenaza, está la del incremento de precios. Es decir, en la lógica empresarial, ese incremento deberá ser cubierto no desde la rentabilidad empresarial, sino por los consumidores de bienes y servicios, a quienes se les trasladará el costo del juste al salario mínimo.
No cabe duda que harán todas las trampas para que esa sea la dinámica que prevalezca, jugando a manejos mediáticos que, de nuevo, responsabilicen al gobierno de las alzas en bienes y servicios.
Se trata de un proceder bajo, propio de quienes poseen una ética endeble. El único «principio» que conocen y defienden es ese que dice que su riqueza debe ser resguardada a toda costa, sin importar el daño que eso cause a la sociedad. Ese «principio» de la riqueza ha sido desde siempre el dios de la derecha salvadoreña.
En su defensa ha promovido el odio y la muerte en la historia de El Salvador. En el presente lo sigue haciendo. Y cuenta, ahora como en el pasado, con un coro de voces (periodistas, comentaristas, opinólogos, presentadores de televisión) que se pliegan a sus designios, distorsionando la realidad de manera perversa.
Este coro es pernicioso para la salud mental de la población, pues impacta sus percepciones a través de una diversidad de medios (televisivos, radiales, escritos, en ̳redes sociales‘), dificultando que la gente tenga una visión crítica de la realidad.
Estos voceros de la derecha están trabajando incansablemente para sacar del debate público el tema de la concentración de la riqueza y la rentabilidad empresarial. Su lema es que, cuanto menos se hable del asunto, más se responsabilizará al gobierno de los problemas de la sociedad.
En el caso del incremento del salario mínimo, sus energías están puestas en ―convencer‖ a la población de que, además de ser una decisión ajena a las competencias del gobierno (con lo cual falsean la realidad, porque sí es competencia gubernamental participar en la regulación del salario mínimo, lo cual se hace en el Consejo Superior del Salario Mínimo), ello generará desempleo e incremento de precios.
Pero esto no es todo: la piedra de toque consiste en «culpar» al gobierno por ello, pues si la población culpa a la empresa privada (y a la derecha) todo el esquema de manipulación se cae estrepitosamente.
Este es uno de los frentes de manipulación con el tema del salario mínimo. Otro apunta a hacer cruces entre los ingresos más altos en el sector público y los salarios en el sector privado, especialmente en los ámbitos obrero y campesino.
Aquí se tiene que decir que, más allá de la consideración crítica que se deba hacer sobre los ingresos elevados en el sector público, el cruce que debe hacerse es entre la rentabilidad empresarial y las ganancias de las empresas y el salario obrero y campesino, pues su ligazón es íntima, siendo inseparables las primeras de los segundos.
Claro está, los voceros mediáticos de la derecha ni saben de sociología ni de economía ni de historia. Nada más repiten lo que les ordenan repetir. Son atrevidos, eso sí, pues pretenden aleccionar y moralizar a partir de un escaso conocimiento de la realidad.
Por ejemplo, un presentador de televisión se atrevió de decir que, en lugar de estar promoviendo un incremento salarial en la esfera privada, el gobierno debería pagar el escalafón en Salud. Se trata de una opinión que refleja bien el pobre nivel de conocimiento de este «comunicadorÆ, que quizás creyó que la suya era una jugada maestra para poner en aprietos al gobierno.
Dicho brevemente, el gobierno no puede cumplir con ese pago escalafonario no porque sea mezquino, sino porque no tiene recursos (además de que el escalafón en Salud genera injusticias evidentes respecto del Estado como un todo y no sólo en el sistema de salud).
En fin, lo de la empresa privada es mezquindad pura.
Una mezquindad de la que la derecha salvadoreña, en su conjunto, ha hecho gala desde siempre. Y lo seguirá haciendo mientras la sociedad no le ponga un alto en nombre de un principio distinto al de la riqueza: un principio de justicia.
San Salvador, 18 de diciembre de 2016