La Corte Suprema de Justicia en pleno decidió rechazar la solicitud de extradición que había realizado España para llevar a los tribunales de aquel país a varios militares implicados en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles asesinados en noviembre de 1989.
La decisión fue tomada por los 15 magistrados, de acuerdo a varias publicaciones periodísticas, y aún se espera el anuncio oficial por parte de este Órgano de Estado.
De acuerdo a las publicaciones, los magistrados aún preparan el documento que harán público en las próximas horas, donde detallarán por qué han tomado tal decisión.
Desde hace meses, el pleno de la CSJ analizaba la posibilidad de extraditar a cuatro militares retirados. Un total de 17 militares salvadoreños están acusados en la Audiencia Nacional de España por la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
El crimen de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras fue cometido por los militares en el contexto de la ofensiva guerrillera del FMLN en noviembre de 1989. Varios de esos militares fueron enjuiciados y condenados ya en El Salvador.
El único país que no puede sancionar a infractores ambientales
Desde que se creó la Ley en 1998, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) tuvo la facultad de sancionar económicamente a los infractores ambientales.
Bastaría un pequeño cambio en la categorización de salarios para que el MARN pueda imponer multas nuevamente, ya que es un tecnicismo que los mismos diputados pusieron, pero la reforma aún está en manos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.
El tiempo transcurre pero los diputados de ARENA, GANA y PCN no quieren reformar el artículo porque, según ellos, ya existe un Tribunal Ambiental que ahora impone sanciones. Según las autoridades del Ministerio, actualmente el país es el único cuyo ente protector del medio ambiente no tiene facultad de sancionar a los infractores ambientales.
Los tribunales en el rubro y la Fiscalía General de la República no pueden imponer sanciones administrativas, sino penales y de responsabilidad civil, por dicha razón alguien que no tiene un permiso ambiental en estos momentos el MARN no lo puede sancionar, en la actualidad, cualquier zona es vulnerable si un proyecto particular quiere construirse porque puede prescindir del permiso ambiental y no le pasa nada.
La ministra de Medioambiente, Lina Pohl, señaló “francamente no entiendo a los diputados de ARENA, me dicen por un lado que no ven al ministerio actuar, pero por otro nos quitan la potestad de poder poner multas (…) espero que reflexionen y dejen a un lado estas diferencias partidarias (ya que) el tema ambiental es un problema de todos y todas”.
La titular del MARN, ya en reiteradas ocasiones ha pedido a los diputados que le devuelvan a la institución que preside la facultad de imponer multas, sino no se podrá poner orden en esta materia y finalizó señalando que “no me puedo creer que ningún partido político que represente al pueblo salvadoreño quiera evitar imponer multas y fortalecer a los infractores (ambientales) de este país”.
Fuente: Transparencia Activa
