Por Leonel Herrera*
Ante el inminente inicio de la inspección de los archivos militares en varias instalaciones de la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, recurrió al pleno de la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la diligencia ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
Merino Monroy alegó a los magistrados que “abrir los archivos (de hace 40 años) pone en riesgo la seguridad nacional” y amenazó con no acatar la orden judicial porque ésta “no tiene sustento legal”. Eso mismo argumentó un representante de Casa Presidencial en la audiencia preparatoria de las inspecciones efectuada el pasado 28 de agosto, pero fue rechazado por el juez Jorge Guzmán.
Las inspecciones deben iniciar este lunes 21 de septiembre y son una acción fundamental en el histórico juicio por la masacre de El Mozote, perpetrada por el ejército gubernamental en diciembre de 1981 en los inicios de la guerra civil salvadoreña, donde fueron cruelmente asesinados más de 900 civiles inocentes, especialmente mujeres, ancianos y niños.
Las inspecciones fueron ordenadas por el juez Guzmán porque el Ministerio de Defensa no quiso abrir voluntariamente los archivos, a pesar de que el presidente Nayib Bukele prometió en noviembre de 2019 que se abrirán “de la A a la Z” porque —dijo— su gobierno está “comprometido con la verdad”.
En marzo de este año, la administración Bukele también impidió que comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) accedieran a los archivos militares relacionados con las intervenciones en la Universidad de El Salvador (UES), la masacre estudiantil de 1975 y el asesinato célebre exrector Félix Ulloa (padre del actual vicepresidente de la República) perpetrado en 1980.
En días previos a la interpelación de Merino Monroy realizada en la Asamblea Legislativa el pasado 21 de agosto, Casa Presidencial difundió una intensa campaña publicitaria en televisión y redes sociales sobre la “nueva Fuerza Armada”. El video —que el presidente Bukele compartió en su cuenta de Twitter— mostraba una institución castrense joven, moderna y con proyección, vocación y mística de servicio social.
Sin embargo, la negativa de la cúpula militar —encabezada por Merino Monroy y Bukele como comandante general— muestra a una Fuerza Armada que se opone al conocimiento de la verdad, comulga con la impunidad y es incapaz de distanciarse de su pasado oscuro, represivo y criminal.
Ojalá que el presidente Bukele cambie su actitud cómplice con la impunidad y honre su promesa de abrir los archivos militares “de la A a la Z”. De lo contrario, se confirmará que el discurso sobre la “nueva Fuerza Armada” es sólo una engañosa pieza de propaganda barata.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
