La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) se pronunció cuestionando las últimas resoluciones de los magistrados de la Sala Constitucional, las cuales señalaron de arbitrarias y que responden a un interés político partidario.
Primeramente, rechazaron las resoluciones arbitrarias que interfieren en las funciones de otros órganos estatales y constituyen golpes institucionales, en específico se refirieron a sentencias como las que -motivadas por un supuesto antipartidismo exacerbado- han destituido a magistrados y presidentes del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y de la propia Corte Suprema de Justicia.
Señalaron que algunas de estos fallos violentan flagrantemente disposiciones constitucionales, como la de suspender a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa.
“Son verdaderos atentados contra la institucionalidad de nuestro país”, afirmó Margarita Posada, miembro del Foro Nacional de la Salud.
También condenaron la actitud de boicot contra los ingresos gubernamentales. Sentencias como las que revirtieron el fondo para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, la reforma tributaria que gravaba a empresas que declaran anualmente pérdidas para evadir al fisco, el incremento del 13% a la tarifa de energía eléctrica y la emisión de $900 millones en bonos, impiden al gobierno obtener recursos para financiar los planes de seguridad pública, protección social a sectores vulnerables, salud, educación, saneamiento ambiental, reactivación productiva, infraestructura, entre otros.
Según los líderes sociales, esto violenta los derechos de la población y contribuye al agravamiento de los problemas nacionales más sentidos.
Además, mencionaron que es incoherente que el mismo nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no fue transparente ni legal, “porque su elección no resultó de un proceso abierto de evaluación de sus perfiles, sino de una negociación extra parlamentaria efectuada en Casa Presidencial”; y fue ilegal porque dos de ellos, los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González, no fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados, ni por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), únicas instancias que pueden proponer a la Asamblea candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Posada también señaló que el magistrado Jaime debería ser destituido por estar involucrado con uno de los financistas del partido ARENA, quien es su hijo.
“Cada quién elige el testaferro”, expresó Posada.
Finalmente afirmaron que los magistrados de la Sala se han extralimitado en sus funciones, violentan disposiciones constitucionales, menoscaban la independencia de poderes estatales, han trastocado el orden jurídico-institucional del país y están saboteando permanentemente los esfuerzos del gobierno en la solución a los problemas del país impidiéndole obtener los ingresos necesarios.
Concluyeron e instaron que -por legalidad y por decencia- los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blando deben renunciar inmediatamente a sus cargos; y si no lo hacen, la Asamblea debe destituirlos y elegir a nuevos magistrados que defiendan la Constitución, respeten la independencia de poderes y contribuyan -desde sus funciones constitucionales- a la solución de los problemas del país.
