En las últimas semanas las organizaciones sociales, ambientales, universidades y la iglesia han elevado su voz de alerta para evitar que los diputados de las fracciones de derecha de la Asamblea Legislativa aprueben una ley de agua con un ente gestor dominado por la empresa privada.
Las 70 organizaciones que conforman la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua realizaron diversas manifestaciones en varios municipios del país como medida para rechazar la posible privatización del agua a través de la aprobación de la ley sobre el recurso hídrico que, por ahora, está en discusión en la Asamblea Legislativa.
Comunidades y organizaciones de los municipios de Suchitoto y Aguilares se concentraron sobre la carretera Troncal del Norte, para exigir a los diputados de derecha no aprobar una ley que privatizadora del recurso hídrico. En esta semana también comunidades del municipio de La Palma, en Chalatenango, han expresado su rechazo sobre el mismo tema.
A estas actividades se ha sumado la Universidad de El Salvador, que también realizó una marcha una hace unas semanas hasta la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados se abstuvieran de privatizar el agua, pero fueron recibidos con gases lacrimógenos por la seguridad de ese órgano de Estado.
Durante las últimas semanas organizaciones sociales y ambientales han realizado concentraciones, foros y marchas en diversos puntos del país como medida de expresión contra la posible privatización del agua.
Asimismo, la Alianza contra la Privatización del Agua, entregó esta semana una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa donde expresan su respaldo a la iniciativa de Ley de Agua presentada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la iglesia católica.
Juzgado ordena la detención contra el expresidente Mauricio Funes
El Juzgado Quinto de Paz ordenó la detención del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien actualmente él y otros exfuncionarios de su gobierno (2009-2014) enfrentan un proceso judicial por presunta corrupción en la administración de $350 millones de la partida de gastos reservados.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en su cuenta de Twitter que el tribunal “ha establecido en su resolución que existe, con certeza, una probable comisión de delitos de parte de los acusados, entre los cuales destaca al expresidente Funes, como uno de los responsables directos de los mismos”.
El Ministerio Público acusa al exgobernante de supuesto Lavado de Dinero y Peculado, por depositar en diferentes cuentas privadas dineros del Estado, provenientes de partidas de uso discrecional de la Presidencia de la República.
Cuando presentó a la prensa el caso, en una extensa conferencia, la FGR dijo que el expresidente Funes presuntamente lavó más de $10 millones y que mucho de este dinero se movió vía Banco Hipotecario. Añadió que existió una red conformada por funcionarios y empleados de Casa Presidencial que estuvo involucrada en el manejo de los recursos.
Sin embargo, el exgobernante ha reaccionado en varias ocasiones en las últimas semanas y ha afirmado que la Fiscalía no presentó ni una sola prueba de los delitos que le atribuye.
Además, la organización ciudadana Iniciativa Social para la Democracia (ISD) cuestionó la actuación de la FGR en cuanto al manejo mediático en el caso de la supuesta corrupción, ya que consideran que la exposición que hizo el fiscal Douglas Meléndez ante los medios puede poner en riesgo la seriedad y contundencia que el hecho amerita.
Cancillería de El Salvador fortalece red consular en frontera sur de Estados Unidos
La medida obedece a la prioridad y el compromiso del Gobierno salvadoreño con la atención a los connacionales y la protección de sus derechos humanos, sin importar su estatus migratorio.
A partir del 27 de junio, la Cancillería de El Salvador incrementará la presencia de cónsules en Texas y Arizona, con la finalidad de intensificar las visitas a los centros de detención y albergues ubicados en esos estados.
Estos funcionarios trabajan en otras zonas de los Estados Unidos y serán movilizados temporalmente para reforzar los equipos destacados en la frontera sur de ese país, así como fortalecer la comunicación y coordinación con las autoridades estadounidenses en dichas localidades.
La medida obedece a la prioridad y el compromiso del Gobierno salvadoreño con la atención a los connacionales y la protección de sus derechos humanos, sin importar su estatus migratorio.
