Miembros de la Unión Internacional de Obreros de la Construcción de Norte América avalaron el esfuerzo del Gobierno por asesorar a la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos sobre el TPS a través de su red consular, así como las gestiones al más alto nivel por lograr una reforma migratoria que mejore las condiciones de los migrantes amparados a este beneficio.
La Unión Internacional de Obreros de la Construcción de Norte América (LIUNA) tiene más de 100 años, fue fundada por emigrantes y ahora cuenta con 500 mil miembros localizados en Canadá y Estados Unidos, con sede en Washington D.C. El 30% de miembros pertenecen al rubro de la construcción y están amparados al TPS y por eso consideran importante la discusión sobre el tema.
Explican que hay 5 propuestas de reforma migratoria en el Congreso de EE.UU., pero los sindicatos de obreros han apoyado solo dos de ellas, la del senador de Maryland Chris Van Hollen, respaldada por todos los demócratas en el Senado, y la otra es la de Nydia Velásquez, miembro de la Cámara de representantes en Nueva York.
Miguel Díaz, miembro del sindicato señaló que la gestión del gobierno salvadoreño a través de la red consular en el país norteamericano ha tenido un gran impacto en este momento.
“Ha habido una gran actividad por parte de las organizaciones comunitarias y en toda la historia del TPS desde el 2001 es la única vez que se ha hecho intenso cabildeo a través de la gestión del Canciller para apoyar a los salvadoreños con este beneficio”, aseguró Díaz.
El representante sindical señaló que están a favor de las propuestas de ley que busquen la regularización de su estado migratorio, de obtener una residencia permanente, así como la ciudadanía para poder trabajar libremente en EE.UU.
Agrega que los trabajadores sindicalizados ganan un 25% o 30% más que los que no lo están, a los 25 años de servicio o 55 años de edad pueden retirarse, las prestaciones son mucho mejores y tienen un fondo de pensión, por lo que quedarse sin trabajo sería desastroso, ya que todos los miembros salvadoreños que han generado fondo de pensión lo perderían si son deportados. “Eso impactaría a las familias en Estados Unidos y a las de El Salvador por las remesas”, asegura.
Además, para las empresas estadounidenses también es una pérdida porque debido a las demandas de seguridad han invertido en capacitaciones especializadas. Díaz añade que casi todos los trabajadores están capacitados y al quitarles el permiso para trabajar todo mundo pierde, los empleadores tendrían que volver a capacitar a otra gente y perder a trabajadores hasta con 20 años de experiencia.
Para los sindicalistas, la mayoría de “tepesianos” pagan impuestos y están bien insertados en diversas actividades de sus comunidades.
Sonia Lozano, también miembra de LIUNA, añadió que se han apoyado en las gestiones de la Cancillería salvadoreña para darle volumen a sus demandas porque “a veces ellos pueden abrir puertas que nosotros no podemos abrir, ante senadores u otras autoridades estadounidenses, cuando el canciller llega es más fácil que nos reciban los senadores o representantes”.
Los sindicalistas estadounidenses quienes acompañaron a la delegación de observación electoral del Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) recientemente, comentaron que “un aporte importante del Gobierno ha sido llegar y explicar a los senadores quiénes son los afectados por el TPS, explicar qué es, porque hay muchos que no saben exactamente qué es este beneficio migratorio, por lo tanto, la labor es ponerle rostro a los afectados con la eliminación de este beneficio tanto para la economía de Estados Unidos como para la de El Salvador”.
Sobre la campaña que en la época electoral realizó el partido ARENA y en la que aspirantes a la presidencia supuestamente fueron a EE.UU. a gestionar una ampliación del TPS, y que los grandes medios de comunicación salvadoreños visibilizaron a través de publicaciones pomposas, Díaz aseguró: “me asombra el cinismo y cómo puede decirse que esta gente fue a abogar por los compatriotas en un momento que había pausa gubernamental en el gobierno norteamericano, estaba todo cerrado allá y le han vendido a la población que fueron a reunirse con las autoridades estadounidenses. Hay que estar con los ojos bien abiertos y no dejarse engañar por este tipo de campañas”.
Para Jacob Blickenov de CISPES, el tema del TPS debe manejarse como un tema de país por los distintos partidos políticos e instituciones gubernamentales de El Salvador y no señalar que la última prórroga solo por 18 meses es por culpa del gobierno del FMLN.
“Los congresistas en los Estados Unidos al conocer de los comentarios realizados por representantes del partido ARENA han señalado que eso no puede ser, y que en realidad hay que decir que es por el racismo y xenofobia de Trump. La política migratoria no tiene nada que ver con la política exterior que recibe el beneficio del TPS”, afirmó Blickenov.
CISPES también reconoció el esfuerzo realizado por Cancillería en tener más de 80 reuniones con congresistas estadounidenses para poder apelar a una medida migratoria favorable para los intereses de los migrantes salvadoreños.
Al cierre de la inscripción de la prórroga al beneficio del TPS, Cancillería calcula que preliminarmente se han registrado a través de la red consular 34,613 salvadoreños a la espera de una reforma migratoria en el país del norte.
Gobierno salvadoreño tiene listo más de 400,000 paquetes de semilla para agricultores
Cada una de estas dotaciones contiene 22 libras de granos y un quintal de fertilizantes. La entrega se iniciará el próximo 25 de abril.
El gobierno, a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), informó que para este año tiene listos 408,000 paquetes de semilla que serán entregados a igual número de agricultores a nivel nacional.
Según informaron las autoridades del CENTA, a partir del próximo 25 de abril se iniciará la entrega de los paquetes agrícolas, con su respectivo fertilizante.
En relación a una nota publicada en La Prensa Gráfica, en la que informaba que estaba en riesgo la entrega de semilla, el CENTA afirmó que para este año se tienen listos los paquetes que se entregarán a los productores agrícolas.
Las autoridades del MAG reconocieron el riesgo que existe en la producción de semilla de maíz por la usurpación que han realizado un grupo de veteranos de guerra, quienes se han tomado 90 manzanas de terreno en Zapotitán donde funciona la Unidad de Tecnología de Semillas del CENTA, lo cual consideran representa un grave problema para las actividades que ahí se realizan.
En la misma publicación el referido periódico señalaba que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estaba en deuda con algunos productores de semilla de frijol, pero las autoridades de esta cartera de Estado aseguran que no tienen ninguna deuda con los proveedores de ese grano.
El pasado 11 de marzo un grupo de veteranos de guerra usurpó las tierras del CENTA causando daños materiales y uso de la violencia contra el personal técnico, manteniéndolo en zozobra y cuyas acciones han limitado el desarrollo de las labores diarias.
Para el CENTA las acciones del grupo de veteranos han sido planificada con el objetivo de afectar la producción para el próximo año y no descartan que haya algún sector que este orientando ese tipo de actividades que afectarán directamente a los productores.
