Personas afectadas por la masacre de octubre de 2003 en Bolivia estudian la posibilidad de iniciar un juicio al entorno político que acompañó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, exiliado actualmente en Estados Unidos.
El abogado Rogelio Mayta, quien representa a los damnificados, señaló que es posible iniciar un proceso a quienes acompañaron a exmandatario, pero advirtió que «en todo caso le corresponde a la Fiscalía General analizar y determinar la posibilidad de iniciar otros procesos».
Para Mayta, la primera sentencia del juicio de responsabilidades marcó como antecedente que el entorno político de Sánchez de Lozada sí puede ser sujeto de un proceso penal, tal como sucedió con Erick Reyes Villa, otrora ministro de Desarrollo Sostenible, quien fue condenado a tres años de prisión.
Bolivia intenta desde 2008 la extradición del expresidente con la intención de que responda a las acusaciones que pesan en su contra por la muerte de 67 personas en la denominada masacre de octubre de 2003, pero la Corte Suprema estadounidense rechazó la solicitud.
Sánchez de Lozada ordenó la salida de los militares para enfrentar una revuelta social en las ciudades de El Alto y La Paz, en un enfrentamiento que dejó, además, unos 400 heridos, y provocó su dimisión.
Desde entonces se refugia en Estados Unidos, a donde huyó en compañía de los exministros Carlos Sánchez, Jorge Berindoague y Guido Añez, también imputados por genocidio.
En agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia condenó a dos ex ministros de Sánchez de Lozada y a cinco exmiembros del alto mando militar a penas de entre tres y cinco años por los referidos sucesos.
El proceso proceso de extradición de Goni, como se conoce al expresidente, se inició, por la Cancillería Boliviana, en octubre de 2008, pero hasta ahora el gobierno de aquel país se negó a facilitar la salida del entonces mandatario para que sea juzgado.
Durante el gobierno de Sánchez de Lozada se articuló, sin embargo, una coalición con Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionario (MIR), que encabezaron el también expresidente Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, quienes también podrían ser juzgados.
El otrora dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, adelantó que en el juicio de responsabilidades por la masacre de octubre de 2003, se podría incluir a ambos, además de a los responsables de la custodia de las bóvedas del Banco Central.
Según De la Cruz, desde unos días antes de la huida de Sánchez de Lozada se retiraron maletines con dinero del referido Banco, para lo cual se prestó el entonces ministro de Gobierno, Yerko Kukoc del Carpio.
Manfred Reyes Villa, fugitivo de la justicia boliviana, apoyó siempre al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), encabezado por Sánchez de Lozada, en tanto Paz Zamora, del MIR, tuvo en el referido gobierno a los ministros Carlos Saavedra Bruno, Guido Áñez Moscoso y Jorge Torres Obleas.
Fuente: Prensa Latina
