Estados Unidos gasta más en aplicar la ley de inmigración que en el presupuesto combinado de las principales agencias federales contra el crimen como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Administración Federal Antidrogas (DEA), según un nuevo informe del Instituto de Políticas de Migración (MPI).
Casi 187 mil millones de dólares se han gastado en la aplicación de la ley de inmigración en los pasados 26 años y casi 18 mil millones de dólares en el año fiscal 2012, 24 por ciento más que el gasto colectivo de otras agencias encargadas de aplicar la ley.
Según el informe, la aplicación de la ley en particular en la frontera con México, representa el más financiado y el más publicitado elemento en el control fronterizo, como lo demuestra la presencia de 21 mil 370 agentes de la Patrulla Fronteriza en 2012, el doble que hace siete años
Además, existe un número mayor de personas detenidas cada año en el sistema de detención de inmigración, que las que cumplen sentencias por otros delitos federales.
El presidente Barack Obama y el Congreso analizan en la actualidad impulsar una reforma del sistema de inmigración, que incluya la legalización de unos 11 millones de indocumentados.
La coautora del informe, Doris Meissner, dijo que la aplicación de la ley de inmigración se puede ver como la prioridad tanto por parte de las administraciones demócratas como los republicanas.
El informe de 182 páginas titulado “Aplicación de la ley en Estados Unidos: el surgimiento de una maquinaria formidable” se enfoca en el periodo posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en términos de presupuestos, personal, acciones de aplicación de la ley y tecnología.
Además revisa los programas 287g y Comunidades Seguras que permiten la colaboración de la policía con agentes de inmigración, que han sido criticados por grupos pro-inmigrantes.
Según el informe, también se ha expandido el programa voluntario de verificación de empleo y el ICE se ha enfocado desde 2009 en auditoría a más de 8 mil empleadores, y ha impuesto casi 88 millones de dólares en multas a los infractores.
A esa situación, se agrega que muchos residentes legales enfrentan una posible deportación por delitos que cometieron en el pasado, debido a que el Congreso aprobó una ley que se aplica de manera retroactiva.
De acuerdo con el informe, más de 4 millones de extranjeros, principalmente indocumentados, han sido deportados desde 1990, con un incremento de poco más de 30 mil en el año fiscal 1990 a casi 400 mil en 2011.