Foto cortesía Ofraneh.
Por Ramón Jiménez
A casi 230 años de que la comunidad garífuna se asentó en un sector de la costa norte de Honduras, todavía enfrentan amenazas de persecución, discriminación, desalojos violentos o robo de sus tierras ancestrales por narcotraficantes y otros grupos de poder nacionales e internacionales.
Lo que es peor aún, reciben constantes amenazas a muerte que en muchos casos ya se han cumplido decenas de veces cada año, en contra de líderes y lideresas en las comunidades de esa etnia.
Lamentablemente, con la llegada de la presidenta Xiomara Castro hace dos años y medio —quien enarboló la bandera revolucionaria de la izquierda latinoamericana—, no han disminuido los incontables problemas que cada día enfrenta esa comunidad afrolatina. Lo cual indica que en el gobierno actual ha habido muy poca movilidad social; contrario a lo que las comunidades se imaginaron ocurriría con el cambio de un nuevo gobierno.
A falta de soluciones a sus demandas en su propio país, constantemente buscan el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA con sede en Washington, D.C.
Y es precisamente para dar seguimiento a sus demandas del pasado reciente y otras que han surgido en los últimos años y meses, que una delegación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se encuentra de visita a la capital estadounidense y otras ciudades de la costa este de Estados Unidos.
“Somos una organización de base que defiende los derechos territoriales y las prácticas culturales de la comunidad garífuna”, destacaron los voceros de Ofraneh, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Washington, D.C.
Aunque la CIDH determinó que el Estado hondureño violó los derechos de propiedad colectiva y de protección judicial en las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, como resultado de una reclamación de derechos territoriales sobre territorios garífunas ancestrales, el gobierno no cumple al pie de la letra la sentencia del organismo regional.
Según los miembros de la delegación visitante la falta de seguridad y el incremento de la violencia, asesinatos, persecuciones, criminalización y judicialización contra el pueblo garífuna, así como el incumplimiento de la sentencia, ha obligado a grandes cantidades de personas a abandonar sus comunidades ancestrales, por el temor de ser las próximas víctimas de la persecución en su contra y desapariciones forzadas en todas las 47 comunidades.
Solamente a Nueva York han llegado unos 200 mil garífunas, aunque también han emigrado a Louisiana y California, entre otros estados de la Unión Americana.
“Ellos [gobierno, funcionarios políticos y grupos de poder] querían vaciar las comunidades y quedarse con las propiedades”, señaló Rony Castillo, uno de los integrantes de la delegación visitante.
“Tenemos tierras recuperadas de los narcos. Alí estamos sembrando coco y otros productos, también hemos fundado la Casa del Saber (Universidad Garífuna). Para seguir necesitamos de la solidaridad internacional”, agregó Castillo.
A través de las diferentes instancias los demandantes no se cansan de exigir al gobierno hondureño el cumplimiento de las sentencias de la CIDH, y pedir que cese la hostilidad en contra del pueblo garífuna.
“Repudiamos las campañas de descrédito y la estigmatización y señalamientos infundados en contra de las comunidades garífunas. A medida que van aumentando las comunidades van creciendo las presiones”, se lamentaron.
Denunciaron el desplazamiento forzado del que está siendo víctima el pueblo garífuna, ya que los obligan a dejar sus comunidades.
Para ellos es algo catastrófico, porque reconocen que su vida está ligada al territorio, por lo que el desplazamiento los “condena” a vivir en espacios urbanos que los aleja de su relación ancestral con la tierra y la naturaleza.
“Buscamos que el gobierno de Honduras garantice la seguridad física de todos los compañeros”, indicó el abogado Edy Tábora, quien acompañó a la delegación.
Durante su visita a la capital estadounidense el grupo hizo contacto con algunos sectores del gobierno de este país y otras entidades que bregan con casos graves como los que la comunidad garífuna hondureña enfrenta con mucha frecuencia.
