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WASHINGTON — Un ciudadano guatemalteco fue acusado en una denuncia penal presentada en el Distrito de Nueva Jersey por presuntamente presentar solicitudes de patrocinio con declaraciones falsas al gobierno de Estados Unidos para obtener la custodia de dos niños extranjeros no acompañados (UACs, por sus siglas en inglés) después de que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos.
“Las políticas fronterizas de la administración anterior generaron caos y permitieron que actores maliciosos se aprovecharan de los más vulnerables”, declaró la Fiscal General, Pamela Bondi. “Este Departamento de Justicia siempre buscará sanciones legales severas para proteger a los niños de quienes quieran hacerles daño”.
“Este proceso judicial es un ejemplo de la dedicación de mi oficina a la seguridad infantil”, declaró la fiscal federal Alina Habba para el Distrito de Nueva Jersey. “Seguiremos llevando ante la justicia a quienes se aprovechan del programa de Menores Extranjeros No Acompañados de nuestro país y amenazan la seguridad de nuestra comunidad”.
“Este fue un claro intento de una persona que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos de socavar nuestras leyes y atacar a menores, y el FBI no lo tolerará”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “Seguimos firmemente concentrados en garantizar que quienes entren a Estados Unidos con la intención de causar estragos y violar intencionalmente nuestro estado de derecho enfrenten graves consecuencias”.
Según la denuncia penal, Luciano Tinuar Quino, también conocido como Luciano Tinuar Guino, de 57 años, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y anteriormente residió en el área de Orange, Nueva Jersey, presentó múltiples solicitudes a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo pena de perjurio para patrocinar y obtener la custodia de dos UAC.
Como se alega en la denuncia, después de que un joven guatemalteco de 15 años (UAC-1) ingresara ilegalmente a Estados Unidos en abril de 2022, Tinuar Quino presentó una solicitud para patrocinar a este UAC que, falsamente: (1) afirmó ser su padre; (2) afirmó que su nombre era «AST», tal como figuraba en una cédula de identidad guatemalteca que presentó; y (3) proporcionó su fecha de nacimiento. Para demostrar su parentesco con el UAC-1, Tinuar Quino presentó una imagen retocada con Photoshop, que, según él, era una foto suya con la madre del UAC-1. Como resultado, el joven fue trasladado de Texas a Nueva Jersey para vivir con Tinuar Quino.
Tinuar Quino también está acusado de presentar información falsa para intentar obtener la custodia de otro menor no acompañado. Específicamente, la denuncia alega que, en junio de 2022, Tinuar Quino presentó una solicitud para patrocinar a un joven guatemalteco de 17 años (UAC-2) que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Según se alega, Tinuar Quino: (1) afirmó ser el padre del UAC-2; (2) declaró que su nombre era “JRM”, tal como figuraba en una cédula de identidad guatemalteca que presentó; y (3) proporcionó su fecha de nacimiento. La ORR no aprobó esta solicitud.
“Intentar explotar el sistema de patrocinio para obtener la custodia de menores extranjeros no acompañados pone a estos menores en grave riesgo”, declaró Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. “El ICE colabora con nuestros aliados en la aplicación de la ley para prevenir la trata y la explotación por parte de personas que afirman ser familiares. El ICE mantiene su firme compromiso de detectar el engaño, defender la integridad del proceso migratorio y, sobre todo, proteger a estos menores en riesgo”.
“Proteger a los niños significa responsabilizar a las personas cuando usan el engaño para explotar nuestros sistemas”, dijo la directora interina de la ORR, Angie M. Salazar. “La ORR actuó con rapidez para identificar el fraude y compartir la información con nuestras contrapartes policiales, quienes localizaron a los niños y garantizaron que se hiciera justicia”.
Tinuar Quino está acusado de dos cargos por realizar una declaración falsa, ficticia o fraudulenta. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Estos cargos son el resultado de los esfuerzos coordinados de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA). La JTFA, una alianza con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha sido ampliada por el Fiscal General con el mandato de combatir a los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales para eliminar las redes de tráfico y trata de personas que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia y que afectan la seguridad pública y la protección de nuestras fronteras.
La JTFA actualmente está compuesta por agentes de las Fiscalías Federales a lo largo de la frontera suroeste. Numerosos componentes de la División Criminal del Departamento de Justicia, liderados por la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales (HRSP) y con el apoyo de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina de Operaciones de Cumplimiento y la Oficina de Asuntos Internacionales, entre otros, brindan apoyo especializado.
La JTFA también se basa en una inversión sustancial en materia de aplicación de la ley del DHS, el FBI, la DEA y otros socios. Hasta la fecha, la labor de JTFA ha dado como resultado más de 365 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del tráfico de inmigrantes; más de 334 condenas en Estados Unidos; más de 281 sentencias de cárcel importantes impuestas; y confiscaciones de activos sustanciales.
Las oficinas locales del FBI y ICE HSI en Newark están investigando conjuntamente con la asistencia del equipo del Agregado Legal del FBI en Guatemala. Además, el Centro para la Lucha contra la Trata de Personas de HSI en Washington, D.C., y la ORR han brindado una valiosa asistencia.
El abogado litigante principal Christian Levesque de HRSP, el abogado litigante de JTFA Spencer M. Perry de la Sección de Fraude de la División Penal y la fiscal federal adjunta Rebecca Sussman del Distrito de Nueva Jersey están procesando el caso, con la asistencia de la analista de HRSP y especialista en América Latina Joanna Crandall.
Este caso forma parte de la Operación «Recuperemos América», una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. La Operación «Recuperemos América» optimiza las iniciativas y los recursos del Proyecto Vecindarios Seguros del Departamento.
Una denuncia es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
