Foto: cortesía Democracy Now!
En el norte de México, más de tres docenas de solicitantes de asilo que se encontraban en un centro de detención de inmigrantes de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez murieron en un incendio que se desató durante la madrugada del martes en las instalaciones ubicadas cerca del Puente Internacional de Santa Fe que conduce a la ciudad de El Paso, estado de Texas.
Al menos 39 personas murieron y otras 29 resultaron heridas, la mayoría de ellas oriundas de Venezuela. Varios medios de comunicación, incluido el periódico La Jornada, informan que el incendio se desató después de que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México comenzaran ese mismo día a tomar medidas represivas contra los migrantes.
Esto ocurre solo dos semanas después de que cientos de solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, se encontraran con barricadas de alambre de púa y la policía antidisturbios cuando intentaban cruzar desde Ciudad Juárez a El Paso, estado de Texas, para solicitar asilo en Estados Unidos.
Nueva medida de asilo propuesta por Biden viola el derecho internacional
Las muertes en México se produjeron pocas horas después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados instara al Gobierno de Biden a no adoptar una nueva medida que negaría las solicitudes de asilo a quienes no “posean la documentación necesaria para obtener la admisión legal”.
En un comunicado, la Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que la normativa restringiría el derecho humano fundamental de pedir asilo y agregó que “para la Agencia de la ONU para los Refugiados resulta preocupante que la normativa podría facilitar casos de devolución, es decir, el retorno forzado de las personas a contextos en los que su vida o su seguridad corren peligro, lo que está prohibido por el derecho internacional”.
