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El gobierno tiene hasta el lunes para anunciar si autorizará al menos beneficios reducidos para noviembre.
Redacción ML Noticias
Dos jueces federales dictaminaron casi simultáneamente el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump debe continuar financiando el SNAP, el programa de asistencia alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno, según reporte de NBC News este viernes.
Los fallos se produjeron un día antes de que el Departamento de Agricultura de EE. UU. planeara congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) debido a que, según indicó, ya no podía seguir financiándolo a causa del cierre.
El programa beneficia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y es una pieza fundamental de la red de seguridad social del país. En octubre, la noticia de que sería una de las víctimas del cierre el 1 de noviembre provocó que los estados, los bancos de alimentos y los beneficiarios del SNAP buscaran con urgencia cómo asegurar el suministro de alimentos. Algunos estados anunciaron que usarían sus propios fondos para mantener en funcionamiento versiones alternativas del programa.
El programa tiene un costo aproximado de 8 mil millones de dólares mensuales a nivel nacional.
Los fiscales generales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como del Distrito de Columbia, impugnaron el plan de suspender el programa, argumentando que la administración tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones.
La administración declaró que no tenía permitido usar un fondo de contingencia de aproximadamente 5 mil millones de dólares para el programa, lo que revirtió un plan del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) previo al cierre del gobierno, el cual indicaba que se utilizarían fondos para mantener el SNAP en funcionamiento. Los funcionarios demócratas argumentaron que no solo se podía usar ese dinero, sino que debía usarse. También afirmaron que existe un fondo separado de alrededor de 23 mil millones de dólares disponible para tal fin.
Un juez federal de Rhode Island dictaminó que el programa debe financiarse utilizando al menos los fondos de contingencia y solicitó un informe sobre el progreso para el lunes.
Un juez de Massachusetts también dio a la administración hasta el lunes para indicar si pagaría parcialmente los beneficios de noviembre con el fondo de contingencia o si los financiaría completamente con fondos adicionales.
No quedó claro de inmediato con qué rapidez se podrían recargar las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos tras el fallo. Ese proceso suele tardar entre una y dos semanas.
En una audiencia celebrada el jueves en Boston sobre una demanda presentada por funcionarios demócratas de 25 estados, una jueza federal se mostró escéptica ante el argumento del gobierno de que se podían suspender los beneficios del SNAP.
La jueza de distrito Indira Talwani explicó a los abogados que, si el gobierno no puede cubrir el costo, existe un proceso que debe seguirse en lugar de simplemente suspender todos los beneficios. «Los pasos implican encontrar una manera equitativa de reducir los beneficios», dijo Talwani, quien fue nominada al tribunal por el expresidente Barack Obama.
Talwani parecía inclinarse por exigir al gobierno que destinara miles de millones de dólares de fondos de emergencia al SNAP. Según ella, esa es su interpretación de la intención del Congreso cuando se agotan los fondos de una agencia.
«Si no hay dinero, hay que apretarse el cinturón», dijo en el tribunal. «No se puede permitir que todo el mundo se muera solo porque se trate de un juego político». Los abogados del gobierno afirman que un fondo de contingencia de aproximadamente 5 mil millones de dólares no puede utilizarse legalmente para mantener el SNAP, un programa que cuesta alrededor de 8 mil millones de dólares al mes. Los estados argumentan que debe usarse para ese fin y señalan la disponibilidad de más fondos en una segunda cuenta federal de aproximadamente 23 mil millones de dólares.
Talwani declaró que su fallo se aplicaría a nivel nacional, no solo en los estados que forman parte de la demanda. Esto podría contradecir las intenciones de la Corte Suprema de EE. UU., que ha limitado el uso de mandatos judiciales a nivel nacional, aunque no los ha prohibido.
Mientras tanto, los estados, los bancos de alimentos y los beneficiarios se preparan para un cambio drástico en la forma en que las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos.
La mayoría de los estados han anunciado fondos adicionales o acelerados para los bancos de alimentos o nuevas formas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.
Los defensores y los beneficiarios afirman que la suspensión de la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas. En una rueda de prensa celebrada el viernes en Washington, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra el programa SNAP, declaró que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirían el costo del programa por mucho tiempo. Durante una conferencia de prensa junto al Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Capitolio, acusó a los demócratas de una «repugnante negligencia» al negarse a poner fin a su obstrucción parlamentaria en el Senado, mientras exigen una prórroga de los fondos para la atención médica.
Un intento esta semana por mantener la financiación del SNAP durante el cierre del gobierno fracasó en el Congreso.
Para ser elegible para el SNAP en 2025, los ingresos netos de una familia de cuatro integrantes, después de ciertos gastos, no pueden superar el umbral federal de pobreza, que ronda los $31,000 anuales. El año pasado, el SNAP brindó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con hijos, según la demanda.
Escrito por Michael Casey y Kimberlee Kruesi | The Associated Press
Editado por Ramón Jiménez
