La Red de Jóvenes para la Incidencia Política (IncideJoven) consideró que la falta de asignación de un presupuesto adecuado para la vigencia de las leyes, la no laicidad de las políticas públicas y la moral de la iglesia detrás de las decisiones del Estado, son los principales factores que interfieren en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud en Guatemala.
Marco Antonio Juárez, integrante de IncideJoven, dijo a Cerigua que en los últimos años, Guatemala ha dado grandes pasos, sobre todo en el ámbito legislativo y de la política gubernamental, en el tema de derechos sexuales y reproductivos con enfoque en la juventud.
El país cuenta con leyes vanguardistas como la de Planificación Familiar, la de Desarrollo Social, la de Maternidad Saludable y la Ley general para el Combate del VIH/sida, que han contribuido en gran medida a abordar los temas de sexualidad, pero que carecen de un presupuesto idóneo para ponerlas en marcha, aseguró el entrevistado.
Los ministerios de Salud y Educación también han avanzado significativamente al adoptar políticas relacionadas con el acceso a métodos de planificación familiar, la educación en sexualidad y la apertura de espacios donde se debaten esa gama de tópicos.
Sin embargo, existe una brecha grande entre los avances estatales y la realidad que aún enfrenta la juventud, sobre todo la indígena en las áreas rurales, donde el acceso a la información científica, laica y oportuna continúa pendiente y en parte se debe a los moralismos de la iglesia que prevalecen en el quehacer social, destacó el joven profesional.
Sulmy Aracely Ta, del programa Ciudadanía Juvenil, de IncideJoven, indicó que las adolescentes y las jóvenes indígenas desconocen los derechos humanos y sus garantías individuales, lo que impide que demanden mejoras en los sistemas de salud y educación, sobre todo relacionados con su sexualidad.
Una muestra de las deficiencias del sistema se registra cuando las jóvenes acuden a los centros de salud a buscar información sobre el uso del condón o las enfermedades de transmisión sexual; son temas de difícil abordaje en el seno familiar y el Estado aún no tiene la capacidad de generar confianza en la población joven, enfatizó Ta.
El acceso a esa información y al conocimiento, es un derecho humano que contribuiría en gran medida a que las adolescentes identifiquen señales de violencia en su contra, a disminuir los embarazos no deseados y a prevenir enfermedades de transmisión sexual, concluyó la joven activista.
El 69 por ciento de la población en Guatemala, se encuentra en el rango de los 0 a los 35 años; nunca antes en la historia del país se había registrado ese nivel de población joven, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Un reciente estudio financiado por la Unión Europea, reveló que el Estado guatemalteco invierte 34 centavos de dólar (2.70 quetzales) diarios en el desarrollo de la juventud; el 55 por ciento de esa inversión está enfocada en ámbito de la educación.
Fuente: Prensa Latina/ARGENPRESS.Info
