Foto cortesía NBC Washington
La demanda regresará a los tribunales inferiores, pero los documentos indican que partes clave del proyecto podrían completarse en cuestión de meses.
Una Corte Suprema dividida permitió el lunes a la Casa Blanca continuar con la construcción de un proyecto de salón de baile valorado en 400 millones de dólares mientras se resuelven las demandas judiciales; esto representa una victoria para el presidente Donald Trump, quien ejerce un poder ejecutivo sin precedentes y remodela la capital a su imagen y semejanza.
La decisión, adoptada aparentemente por 5 votos a favor y 4 en contra, sustituye una orden temporal emitida a principios de este mes, poco antes de que entrara en vigor una paralización ordenada por un tribunal.
La orden temporal había sido firmada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, encargado de gestionar las apelaciones de la capital. Sin embargo, él expresó públicamente su desacuerdo con la última orden, uniéndose a una opinión disidente que calificaba la construcción como «probablemente ilegal» debido a que no contaba con la aprobación del Congreso. Los tres magistrados de tendencia liberal del tribunal coincidieron con esta postura.
La mayoría no se pronunció sobre la legalidad del proyecto, sino que determinó que un grupo de preservación probablemente carecía de legitimidad legal para impugnarlo. La opinión, que no lleva firma, también mencionó las preocupaciones de seguridad nacional que, según el gobierno, el proyecto ayudaría a abordar.
La demanda volverá a los tribunales inferiores, pero los documentos señalan que partes clave del proyecto podrían estar terminadas en cuestión de meses, un plazo rápido en comparación con los litigios habituales.
La administración Trump solicitó la intervención de los magistrados después de que tribunales federales dictaminaran que el proyecto debía detenerse por carecer de la aprobación del Congreso.
La demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation (Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica) argumentaba que Trump no tiene autoridad unilateral para emprender la obra, la cual ha incluido la demolición del Ala Este. Los abogados del grupo acusaron a la Casa Blanca de intentar «ganarles la carrera a los tribunales» acelerando la construcción.
En los tribunales inferiores, la administración ha sostenido que el presidente tiene autoridad absoluta para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. Los abogados del gobierno afirmaron que el proyecto del salón de baile debía completarse debido a preocupaciones de seguridad nacional, aunque estas no fueron el foco inicial cuando Trump anunció la obra, la cual, según dijo, se financiaría mediante donaciones privadas.
La administración ha informado que las cuadrillas trabajan 20 horas al día en el salón de baile proyectado, que tendrá una superficie de 90.000 pies cuadrados (unos 8.360 metros cuadrados). Se espera que la estructura esté terminada en noviembre y gran parte de la fachada para abril, con la finalización total prevista para agosto de 2028, según documentos judiciales. El juez federal de distrito Richard Leon ordenó detener la construcción en superficie del proyectado salón de baile en abril, aunque la orden permitía continuar con las obras de búnkeres e instalaciones militares subterráneas. Leon fue nominado por el presidente George W. Bush, republicano.
La orden judicial fue suspendida inicialmente, pero más tarde ratificada por un panel dividido de un tribunal de apelaciones. Dos jueces nombrados por presidentes demócratas determinaron que la decisión sobre el proyecto correspondía al Congreso y que no se trataba de «un asunto que el Ejecutivo pudiera resolver por cuenta propia». Un tercer juez, nombrado por Trump, consideró que el grupo conservacionista que impugnó el proyecto carecía de legitimidad legal para demandar.
El procurador general D. John Sauer presentó el mismo argumento ante los magistrados y calificó la decisión de paralizar las obras como «extraordinaria e ilegal». Afirmó que la finalización del proyecto era «vital para la seguridad nacional».
La administración ha logrado otras victorias en el ámbito de las decisiones de emergencia del Tribunal Supremo, si bien los magistrados han fallado en contra de algunas de las políticas emblemáticas del presidente tras un análisis más exhaustivo.
Escrito por Lindsay Whitehurst | The Associated Press • Publicado y actualizado el 31 de agosto de 2026.
