Maribel Hastings
Al anunciarse finalmente las regulaciones del proceso que permitirá que Soñadores o DREAMers obtengan un alivio temporal de la deportación, se inicia una prueba de fuego no sólo para los jóvenes que solicitarán el amparo sino para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que controlará el proceso y para la dependencia regidora, el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
Tras el fiasco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al aplicar la política de la discrecionalidad procesal para centrar las deportaciones en verdaderos criminales, mucho se especula sobre la necesidad de que de una vez y por todas, algo se implemente eficientemente.
Al pasar revista, la lista de decepciones es larga. La ampliación de controversiales programas de colaboración con policías locales y estatales, como la Sección 287(g) y Comunidades Seguras, llenaron las filas de deportados, algunos justificados, aunque mayormente se ha tratado de una buena porción de padres y madres de familia. Los efectos han sido devastadores no sólo para esas familias sino para las comunidades que han visto incrementar su inseguridad por la desconfianza hacia las autoridades. Desde el punto de vista económico también hay efectos negativos porque la salida de inmigrantes supone pérdida de trabajadores y de consumidores.
Y también figura el peligro del uso de perfiles raciales mediante el 287(g) y Comunidades Seguras. De hecho, los excesos de la aplicación del programa 287(g) y el uso de perfiles raciales por parte del Alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa en Arizona, han quedado al descubierto en el juicio que actualmente se sigue contra el funcionario.
America’s Voice Education Fund
http://americasvoiceonline.org/analisis/la-prueba-de-fuego-de-la-accion-diferida/
