La Secretaría de Seguridad de Honduras confirmó que en el incendio desatado el martes cerca de la media noche y controlado en la madrugada del miércoles en el centro penal de Comayagua, a 100 kilómetros al norte de Tegucigalpa, murieron más de 350 reclusos (354 reos y una mujer que realizaba una visita conyugal).
Las autoridades hondureñas estiman que la mayoría de víctimas murieron quemados y asfixiados por las llamas y el humo, donde se calcula que unos 900 internos guardaban prisión en la granja penal, cuya capacidad es para 400.
Los medios de prensa hondureños reportan que algunos de los reos intentaron escapar por el techo del penal, los cuales fueron reagrupados por los miembros de la policía.
Fuentes policiales han dicho que serían trasladados al estadio de Comayagua de manera temporal para resguardarlos. La polícía de Honduras sospecha que el incendio fue generado por mano criminal.
El vocero de la Policía Nacional de Honduras, Héctor Iván Mejía, dijo que inicialmente se consideraba que el incendio en la prisión fue provocado por un cortocircuito, pero tras las primeras investigaciones apuntan a que fue «intencional», causado por una persona que posiblemente escapó.
El subcomisario Mejía indicó que no pueden revelar información adicional para no comprometer a los reos que sobrevivieron y poder dar con el responsable de la tragedia.
De acuerdo con medios hondureños el cuerpo de bomberos trabajó hasta altas horas de la noche del martes para lograr apagar el incendio que calcinó vivos a cientos de reos que encerrados en sus bartolinas no lograron escapar del siniestro.
Los reos sobrevivientes y con quemaduras fueron trasladados al Hospital Escuela de Tegucigalpa y Hospital Santa Teresa de Comayagua para ser atendidos. Los hospitales de la capital Tegucigalpa se encuentran colapsados por la asistencia de los reos quemados.
Medios locales reportan que el área del centro penal está fuertemente custodiada por el Ejército y la Policía y varios familiares de los presos permanecieron apostados afuera de la prisión, desesperados esperando noticias de sus familiares.
Según relatos de testigos, algunos de los reclusos que consiguieron escapar de las llamas rompieron el techo; en tanto que hay versiones preliminares de que varios reos se fugaron.
Ante la presencia masiva de los familiares de los reos alrededor de la cárcel, el ministro de seguridad hondureño Pompeyo Bonilla indicó: «tengan un poco de paciencia, yo sé que no es fácil cuando se tiene dolor, pero necesitamos identificar los cuerpos antes de entregarlos».
En mayo de 2004, un centenar de reos murieron calcinados en un incendio en el presidio de San Pedro Sula, debido, según las autoridades, a problemas estructurales de la prisión.
Honduras cuenta en la actualidad con 24 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar 8 mil personas, pero la población carcelaria sobrepasa los 13 mil.
Organización de derechos humanos insta a Honduras «revisar» cárceles
Human Rights Watch (HRW) exhortó al gobierno de Porfirio Lobo a mejorar la infraestructura penitenciaria del país centroaméricano, tras la tragedia de Comayagua.
HRW urgió a Honduras a «revisar urgentemente» su sistema penitenciario para poner fin al hacinamiento de presos y para mejorar las condiciones carcelarias, después de que más de 300 internos de la prisión de Comayagua fallecieran a causa de un incendio.
«La trágica muerte de cientos de prisioneros, en uno de los peores incidentes de este tipo en la región, es en último término el resultado del hacinamiento y las pobres condiciones en las prisiones», denunció el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
«En vista de que Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas de la región, las autoridaes han estado encarcelando a criminales y sospechosos, pero han fracasado a la hora de atender las condiciones en que son mantenidos presos», criticó.
HRW citó reportes locales según los cuales las 24 prisiones del país tienen capacidad para albergar a 8.000 presos pero en realidad alojan a unos 13.000.
Presidente Lobo: «Es un día de profundo dolor»
En un mensaje emitido por cadena nacional de radio y televisión, el presidente Porfirio Lobo anunció la destitución del director de Centros Penales, Danilo Orellana, y de las autoridades que dirigían la cárcel donde acaeció la tragedia.
A nivel local, la prensa hondureña critica la demora del cuerpo de bomberos en el control del siniestro y la falta de un plan de evacuación oportuno.
Lobo también anunció que su homólogo chileno Sebastián Piñera enviará un equipo de forenses para ayudar en la identificación de los cuerpos de las víctimas.
Según Lobo, los forenses trabajaron durante la crisis sufrida en diciembre de 2010 en Chile, cuando murieron calcinados 83 reos.
«Este es un día de profundo dolor. Lamentamos profundamente lo sucedido y quiero manifestar mi solidaridad con los familiares de los reos el Centro Penal de Comayagua», dijo el gobernante.
«Mi más profundo sentimiento de solidaridad a las familias que aun lloran y como un ferviente defensor de los derechos humanos mi corazón está con ustedes», agregó Lobo.
¿Desaparecidos?
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, el comisario Héctor Iván Mejía, declaró que «ya los técnicos del Ministerio Público están trabajando para dimensionar la profundidad de los hechos», pero advirtió que «el incendio podría haber sido provocado anoche».
La cárcel de Comayagua funcionaba bajo la modalidad de granja penal, los reos en el día trabajan en campos de cultivos agrícolas y por la noche eran recluidos en las celdas. Se considera un centro de seguridad media, donde no hay reos peligrosos, según el sistema penitenciario de Honduras.
Miles de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel esperando conocer el paradero de los suyos.
El gobierno todavía no ofreció todavía una cifra oficial de fallecidos y fugados, ya que dice concentrarse en atender a los heridos y sobrevivientes y en recuperar los cuerpos de los fallecidos.
OEA envía delegación a Honduras para investigar incendio en cárcel
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el envío a Honduras de una delegación para investigar las causas del incendio en la cárcel de Comayagua que ha causado la muerte a unas 300 personas.
A petición del jefe de la Organización de Estados Americanos, la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, designará a una delegación que incluirá al relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar, con el objetivo de realizar «una investigación de los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria».
El equipo de la CIDH deberá presentar un «informe exhaustivo» de sus hallazgos al gobierno hondureño y a la OEA, según un comunicado del organismo hemisférico.
La decisión de enviar a la delegación especializada fue tomada por Insulza tras conversar con el embajador hondureño ante la OEA, Leónidas Rosa Bautista, a quien el jefe del organismo manifestó su «profunda consternación» por los hechos y transmitió la «solidaridad» de la institución que dirige al gobierno de Porfirio Lobo.
Por su parte, la CIDH indicó que ya ha solicitado de forma urgente la realización de la visita a Honduras para dar seguimiento tanto al incendio en Comayagua como a la «situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad» en el país centroamericano.
Asimsimo, anunció que dedicará una audiencia sobre este asunto en su próximo período de sesiones, que tendrá lugar en Washington entre el 19 y el 30 de marzo.
En un comunicado, la CIDH «deploró» asimismo la muerte de los internos en el incendio y realizó un «llamado urgente» al estado hondureño para que «investigue» los hechos y adopte las «medidas necesarias para evitar su repetición».
El gobierno de Lobo debe «iniciar las investigaciones penales, administrativas y disciplinarias que sean necesarias para establecer responsabilidades y adoptar las sanciones que correspondan», sostuvo.
Asimismo, le instó a hacer lo necesario para identificar a las víctimas e informar de forma «pronta y precisa la identidad de los internos que perdieron la vida en el suceso, así como las circunstancias y causas específicas de su fallecimiento».
La CIDH también llamó al Estado hondureño a «informar a los familiares de los internos heridos sobre su condición médica actual, y a proveer información oportuna sobre el traslado de personas heridas a centros hospitalarios, así como de internos a otras cárceles».
El organismo de derechos humanos de la OEA recordó que no es la primera vez que ocurre una tragedia de este tipo en Honduras.
Un caso similar sucedido en 2004 en el Centro Penal de San Pedro sula, en el que murieron 107 personas, fue llevado ya hasta la CIDH.
Ésta participará de hecho a finales de mes en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este episodio, en el que el organismo concluyó que las muertes fueron «resultado directo de deficiencias estructurales» que si bien «eran de conocimiento de las autoridaes competentes, no fueron atendidas ni corregidas oportunamente».
