Más de cuatro décadas de impunidad en el asesinato de Monseñor Oscar Romero

Romero en una de sus homilías dominicales. Foto: teletica.com

“Monseñor Oscar Arnulfo Romero es un Santo Profeta y Mártir que brindó voz a los que nunca la habían tenido, a los más humildes de El Salvador. Su pensamiento, propuestas y legado continúan vigentes. Mientras las raíces fundamentales de los problemas sociales y políticos no se resuelvan, persiste lo que Mons. Romero llamó violencia estructural”.

 

Cada 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas con el propósito, según la ONU, de: Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos,  a quienes la han perdido en su empeño y, en particular, reconocer la importante labor y los valores del salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero, promotor y defensor de los derechos humanos en su país a quien sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado le costaron la vida el 24 de marzo de 1980”; ello en consideración del día en que Monseñor Oscar Romero fue ejecutado por un escuadrón de la muerte, bajo la orden expresa del exmilitar Roberto D’Aubuisson.

Resulta paradójico que sea precisamente en honor a Monseñor Romero que se promueva el derecho a la verdad pues la impunidad, la falta de verdad y de justicia en su caso supera ya 40 años. Esto pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 13 de abril de 2000 resolviera que el Estado Salvadoreño debe cumplir con su obligación de realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos; así como cumplir con la reparación de todas las violaciones cometidas.

Por todo lo anterior, las organizaciones representantes consideramos fundamental que El Salvador:

  1. Garantice la celeridad y debida diligencia en la investigación, juicio y sanción para el imputado Álvaro Saravia, excapitán del ejército salvadoreño, y sobre el cual ya existe orden internacional de captura.
  2. Asegure que, a través de la Fiscalía General de la República, se judicializaran todas las imputaciones pendientes por este crimen de lesa humanidad, en contra de los demás responsables de la autoría intelectual y material del asesinato.
  3. Promueva la elaboración e implementación de una Ley de Justicia Transicional, garantizando plenamente la participación de las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan, según lo estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993 en fecha 13 de julio de 2016.
  4. Cumpla con su obligación de reparar de manera integral las violaciones de derechos humanos ya reconocidas, en concertación con las representantes de las víctimas.
  5. Garantice la no repetición de estas graves violaciones a derechos humanos.

Mientras el asesinato de Monseñor Romero continúe en la impunidad, la defensa de los derechos humanos en las Américas sigue siendo una tarea difícil lo cual conlleva graves impactos en la democracia de nuestros pueblos y desvanece la esperanza de alcanzar el anhelado derecho a la verdad y a la dignidad de las víctimas.

San Salvador, 24 de marzo de 2023

 

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