Por Teresa Gurza.
Hemos oído y leído millones de millones de veces a lo largo de los últimos 15 años por lo menos, que nuestras elecciones son tan costosas monetariamente hablando y que los partidos reciben tanto del dinero de todos en prerrogativas, porque dotarlos de recursos lícitos, es indispensable para evitar campañas y comicios en los que haya intervención de dinero ajeno al público; y para impedir que los narcos o fuerzas “ajenas” interesadas intervinieran, condicionaran y mandaran en los gobernantes, y garantizar así procesos democráticos.
Pero lo cierto es que ahora tenemos elecciones carísimas, las próximas pese a que no son para presidente nos costarán más de 18 mil millones de pesos, y sufrimos al mismo tiempo políticos narcos, legisladores corruptos, alcaldes criminales y partidos ligados al crimen organizado, y consentidores de militantes que son parte del mismo.
Ha habido pruebas y constancias suficientes de que esto es así; y de que gobernadores, legisladores, ediles, militantes del PRI, del PAN, del PRD y del Partido Verde y parientes de todos ellos, tienen ligas cercanas o de plano íntimas con los narcos.
Y como están las cosas, nos falta ver aún mucho.
Por eso pienso que no vale pedir perdón como lo acaba de hacer el recién electo presidente del PRD Carlos Navarrete, por el inmenso error de haber elegido candidato de su partido al alcalde de Iguala; o al gobernador Aguirre, para poner sólo dos y puede que ser que los peores ejemplos.
Con tal de ganar las plazas políticas (y narcas), los partidos no tienen el menor cuidado; y hacen alianzas con quien sea para lograrlo, y ahí tenemos los resultados que antes y ahora, han enlutado a miles de familias sin nada que ver con las equivocadas decisiones que se toman en las cúpulas y que sufren en lo más doloroso que es la pérdida de hijos, por ellas.
Duelen las fotografías y los testimonios de esos desesperados padres y madres de familia que buscan a sus muchachos en las fosas de Iguala; jefes de familia paupérrimos y muestras vivientes de la desigualdad que campea en nuestro país y a los que los beneficios de la Revolución, el progreso, y el bienestar aún no han llegado.
¿Qué pensarán, si es que aún tienen la capacidad de hacerlo y de conmoverse, los responsables de las muertes ocurridas este año, para no ir más atrás, de tantos jóvenes?
¿De los ocho asesinados hace pocos días en Iguala y de la desaparición de esos 43 normalistas humildísimos, cuyos padres no les pudieron pagar otra educación que en la Escuela Normal de Ayotzinapa?
¿Para qué gastar en referéndums, si hay clamor para que deje el cargo y se vaya Aguirre?
¿Cómo es que la dirigencia perredista lo sigue apoyando y protegiendo?
¿No se dan cuenta que el vaso está a punto de llenarse y la irritación cunde, como lo muestra la agresión reprobable pero que por fortuna no pasó a mayores, contra Cuauhtémoc Cárdenas?.
Las respuestas urgen; y las acciones más aún.
Por eso coincido totalmente en lo que escribió esta semana en La Jornada, Adolfo Sánchez Rebolledo, “… no es un secreto para nadie que las policías locales –y estatales– son la vía de acceso de la delincuencia organizada para poner bajo control a las comunidades, de modo que ellos son los que dan las órdenes y de hecho gobiernan, como se demostró en Michoacán en los últimos tiempos… pero a pesar de los riesgos que conlleva para la sociedad, el “modelo” funciona, aprovechando incluso los espacios electorales para condicionar la voluntad ciudadana.
“Iguala es a querer o no un símbolo de la perversión del orden democrático puesto al servicio de los peores intereses… asegurar elecciones libres no basta cuando prevalecen los cacicazgos y los poderes locales, los compadrazgos dentro y fuera de los partidos, la impunidad que favorece todos los medios para obtener recursos, comprar el voto y así vivir en la fantasía del estado de derecho mientras por abajo se saquea, expolia y asesina a los que obstaculizan el funcionamiento del orden establecido”.
