La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala ha seguido muy de cerca el juicio de Efraín Ríos Montt y se ha preocupado siempre del manto de impunidad que pretenden otorgarle quienes, por el contrario, estarían llamados a impartir y garantizar que se aplica la justicia a los grandes violadores de los derechos humanos.
A lo largo de décadas, ha sido la Corte de Constitucionalidad (CC), sin importar qué magistrados se encuentran en la misma, el candado que ha evitado que las monstruosidades cometidas por las fuerzas de seguridad y paramilitares que tenían a Ríos Montt como su Comandante en Jefe fueran debidamente analizadas y condenadas en los tribunales de Guatemala.
Y cuando tribunales internacionales quisieron interrogar a Ríos Montt, fue el mismo candado el que bloqueó la justicia exigida en otros países. Aun peor, en franca violación de la Constitución, la CC autorizó su inscripción como candidato a presidente. Casi se puede decir, si no fuera porque la CC ha cometido muchas docenas más de aberraciones jurídicas, que su existencia se ha dedicado a defender la impunidad de Ríos Montt y de todos los que le imitaron en sus prácticas genocidas.
La Unión Nacional de Mujeres de Guatemala ha convocado para una Marcha Por la Justicia para el 24 de mayo y nosotros, desde la Diáspora distribuida en el mundo, desde Europa y América Latina hasta Australia, en donde estamos precisamente por las políticas impulsadas por Ríos Montt y sus secuaces, nos sumamos a esa Marcha y a todas las acciones que busquen que impere la justicia en nuestro país.
Haremos la denuncia internacional, buscaremos la solidaridad internacional y, si la justicia sigue siendo imposible en nuestro país, procuraremos la creación del Tribunal Internacional sobre el genocidio en Guatemala. Puede tomarnos diez años más; pero personajes siniestros como Ríos Montt correrán la misma suerte que los Nazis juzgados en Nuremberg, los genocidas de la ex Yugoeslavia y los genocidas de Rwanda.
Los tres miembros de la CC que se han autonombrado como poder superior a los Poderes del Estado pueden aún rectificar. De no hacerlo, las consecuencias de su compromiso con los crímenes de lesa humanidad serán insospechadas. De acuerdo con la Convención contra el genocidio, quienes oculten o impidan llevar a juicio a los responsables de genocidio cometen crímenes igualmente graves, que pueden pagarse con el resto de sus vidas en prisión. Afortunadamente, Guatemala ha sido una isla de impunidad en un mar que procura la justicia. No habrá escape cuando el mar se trague a esa isla.
En Guatemala, la Marcha del 24 de mayo es apenas un primer paso. Creemos que se empieza a levantar la gran ola por la justicia. No solamente para acabar con la impunidad sino que también para depurar el sistema de justicia y otras instituciones, eliminar los actuales abusos de la ley y devolver al país un verdadero estado de derecho. Si la CC se pone como obstáculo a esta ola, estamos convencidos de que el pueblo la arrollará.
Guatemala/Estados Unidos, 24 de mayo de 2013
Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)
