El alcalde Nueva York, Bill DeBlasio, aprobó una nueva ley que permite que los prisioneros realicen llamadas telefónicas gratuitas desde las cárceles de Nueva York, tras una extensa campaña llevada a cabo por activistas que exigían el fin de los precios desorbitantes y abusivos impuestos por la multimillonaria industria del servicio telefónico carcelario.
Actualmente, la compañía privada Securus, que administra los servicios telefónicos de las cárceles de Nueva York, recoge unos dos millones y medio de dólares cada año por las llamadas telefónicas que realizan los prisioneros.
Alrededor del 75% de las personas que están presas en Nueva York no han sido condenadas por un crimen, y están en la cárcel a la espera de un juicio.
