Majestic Realty Co., propietarios del almacén en Hutchins, Texas anunció que no permitirá que su propiedad sea usada como centro de detención de migrantes. Foto: Aldíadallas/FB
WASHINGTON, D.C., 20 de febrero de 2026 — Detalles recientemente publicados muestran cómo la Administración Trump planea duplicar la capacidad federal de detención de inmigrantes, invirtiendo aproximadamente $38.3 mil millones del proyecto de ley de reconciliación del año pasado para implementar un nuevo modelo de detención para finales del año fiscal 2026.
Esto equivale a casi cincuenta veces el presupuesto anual para todo el sistema de tribunales de inmigración y casi cinco veces la financiación proporcionada este año para operar el sistema penitenciario federal. El plan implica, en parte, la apertura de ocho «megacentros», cada uno con capacidad para detener entre 7,000 y 10,000 personas.
Aparte de los campos de internamiento utilizados para encarcelar a estadounidenses de origen japonés en la década de 1940, este tipo de instalaciones no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos.
En respuesta, el obispo Brendan J. Cahill, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), instó a la Administración y al Congreso a adoptar un enfoque más justo:
Estos planes son profundamente preocupantes. El gobierno federal no tiene un historial positivo en la detención de grandes cantidades de personas, especialmente familias, y la escala propuesta de estas instalaciones es difícil de comprender. La industria penitenciaria privada es la que más se beneficiará de esta sobreexplotación de la detención migratoria
En noviembre pasado, mis hermanos obispos y yo nos opusimos rotundamente a la deportación masiva e indiscriminada de personas y expresamos nuestra preocupación por las condiciones existentes en los centros de detención.
Destacamos específicamente la falta de acceso a la atención pastoral para los detenidos. En numerosas ocasiones, también nos hemos opuesto a la expansión de la detención familiar, reconociendo sus efectos perjudiciales, en particular, en los niños.
La idea de retener a miles de familias en enormes almacenes debería desafiar la conciencia de todo estadounidense. Sea cual sea su estatus migratorio, son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y este es un punto de inflexión moral para nuestro país.
Imploramos a la Administración y al Congreso que actúen con sensatez, abandonen este mal uso de los fondos públicos y, en su lugar, adopten un enfoque más justo para la aplicación de las leyes migratorias que respete verdaderamente la dignidad humana, la inviolabilidad de las familias y la libertad religiosa.
