Foto: movimientos.org
Comunicado de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares
Las organizaciones sociales que integramos la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares no podemos “celebrar” el Día de los Derechos Humanos, sino que lo conmemoramos con mucha preocupación y espíritu de denuncia por los graves retrocesos en su cumplimiento durante estos diecisiete meses del gobierno que preside Nayib Bukele, cuyo proceder es en muchos sentidos “violatorio de derechos”. A continuación señalamos los más graves:
1. Derechos de expresión e información: La administración Bukele bloquea a los medios que publican información crítica, descalifica a periodistas, defensores/as de derechos humanos, activistas sociales, opositores políticos y a cualquiera que disienta de sus acciones; mantiene un discurso de odio, una actitud confrontativa e instaló el conflicto con los demás poderes estatales como forma de gobernar; y ha cerrado el acceso a la información pública.
2. Derecho a la transparencia y rendición de cuentas: La gestión gubernamental es opaca y se caracteriza por el manejo anómalo de los fondos públicos. Según la Fiscalía y la misma CICIES creada por Bukele, hay claros indicios del uso irregular de cientos de millones de dólares durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad Pública, Hacienda, Turismo y otros.
3. Derechos ambientales. Con la excusa de que “no puede detenerse el desarrollo”, el Ejecutivo ha autorizados proyectos ecológicamente inviables, como la urbanización Valle El Ángel, en una zona de riesgo en las faldas del volcán de San Salvador y sobre mantos acuíferos subterráneos; no impulsa programas de saneamiento ambiental; y tampoco gestiona en la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley General de Agua.
4. Seguridad y derechos de las mujeres. Detrás de su retórica sobre la reducción de asesinatos, el gobierno esconde las desapariciones, extorsiones y la violencia de género, especialmente los feminicidios. El ISDEMU es una institución ausente y Bukele ni siquiera se refirió al problema de la violencia contra las mujeres en la cadena nacional de medios que realizó el 25 de noviembre, el Día Internacional de la NO Violencia contra las Mujeres, lo cual confirma el desinterés presidencial en esta problemática urgente.
4. Memoria histórica y derechos de las víctimas: Bukele no ha cumplido su promesa de procurar el conocimiento de la verdad, acceso a la justicia y la reparación moral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil. Lo evidencia su negativa de permitir el acceso a los archivos militares que podrían aportar información relevante en el juicio por la Masacre de El Mozote, uno de los crímenes más monstruosos cometidos por el Estado contra población civil inocente e indefensa.
5. Militarización y rol de la PNC. Violentando los Acuerdos de Paz, Bukele ha instrumentalizado políticamente a las Fuerzas Armadas y ha desnaturalizado a la Policía Nacional Civil. Esto, además, generó una serie de violaciones a derechos humanos durante la pandemia de coronavirus, que fueron documentadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
6. Confrontación con las demás instituciones estatales: El irrespeto a la independencia de poderes por parte del Ejecutivo, también ha derivado en violaciones a derechos humanos, sobre todo el desacato a resoluciones judiciales y el cumplimiento de decretos legislativas orientados a resolver problemas del país.
7. Endeudamiento y crisis fiscal: El alto nivel de endeudamiento público, la ausencia de un combate real a la evasión tributaria y la falta de políticas fiscales progresivas donde “paguen más quienes tienen más” también conlleva vulneraciones a derechos humanos. Esta situación podría empeorar ante eventuales crisis económicas derivadas del déficit fiscal del gobierno.
Como Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares exhortamos al presidente Nayib Bukele y a su gobierno a respetar los derechos humanos de toda la población y a impulsar políticas públicas que aseguren su cumplimiento. También exigimos a la Asamblea Legislativa, al Sistema Judicial, a la Fiscalía y las autoridades municipales a que actúen, cada cual desde sus competencias, en la vigencia de los derechos humanos.
Finalmente, ante la proximidad de las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021, llamamos a todos los partidos y candidatos/as a comprometerse con el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad y la búsqueda de soluciones reales a los problemas estructurales del país que más afectan la vida a la población.
San Salvador,10 de diciembre de 2020
