Por Valeria Fernández,
English
PHOENIX – Maria Del Rosario Rodríguez escuchó por primera vez la buena noticia a través de un mensaje de texto de su marido. Corrió a decirle a sus compañeros de trabajo – que podría haber una oportunidad para ella de reunirse con su familia en territorio de EE.UU. por primera vez desde que fue deportada en mayo de 2011.
«Mi esposo me dijo que escuchó en las noticias que habrá una reforma migratoria para los que están fuera (de los EE.UU.)», dijo la mujer de 36 años de edad, hablando por teléfono desde su residencia actual en Puerto Peñasco, México.
Un grupo bipartidista de senadores conocido como la «Banda de los 8» presentó un proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado de EE.UU. el miércoles, que incluye un largo camino hacia la ciudadanía para algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, y una oportunidad para aquellos que ya han sido deportados de regresar, si tienen hijos o cónyuges que ya son ciudadanos estadounidenses y pueden cumplir con otros requisitos.
Eso significa que Rodríguez podría conseguir una oportunidad de reencontrarse con sus dos hijos ciudadanos de Estados Unidos, a los que ahora ve cada 15 días cuando vienen a visitarla en Puerto Peñasco, una ciudad mexicana turística ubicada a cinco horas en coche desde su casa en Phoenix.
La disposición del proyecto de ley en cuestión, S. 744, permitiría a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales solicitar la exención de la secretaria de Seguridad Nacional para que puedan solicitar la residencia legal.
Los solicitantes tendrán que cumplir todos los requisitos, que incluyen no tener una condena por delito grave. Los que califican se clasificarían como inmigrantes provisionales registrados (RPI por sus siglas en inglés) con derecho a viajar y trabajar en los Estados Unidos. Después de 10 años, se les daría la oportunidad de solicitar un permiso de residencia.
La Ley para la Seguridad Fronteriza, las Oportunidades Económicas, y la Modernización de la Inmigración también permitiría a los DREAMers – los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños – que han sido deportados la oportunidad de reingresar a los Estados Unidos con estatus RPI.
Al parecer esta es la primera vez que un proyecto de ley de reforma de inmigración ofrece a los inmigrantes deportados la oportunidad de volver al país de manera legal, la ley sigue siendo muy estrecha, explicó Claire Bergeron, asistente de investigación en el Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés) al centro de estudios no partidista de inmigración con sede en Washington, DC
«Se limitará a las personas que no fueron deportados por una razón criminal», dijo Bergeron. «¿Qué tipo de condenas penales impedirán, dependerá de las regulaciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)».
En Arizona, este aspecto particular del proyecto de ley es de interés especial debido a que el estado ha llevado a cabo un gran número de deportaciones que resultaron de las leyes estatales como la SB 1070 y la aplicación de tácticas de mano dura, como barridos de inmigración de los vecindarios y negocios en lugares como el condado de Maricopa . Durante 2010, el año que la SB 1070 empezó, hizo un crimen ser un inmigrante indocumentado en Arizona, más de 92.000 personas fueron deportadas de Arizona, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de las deportaciones en todo el país.
«Con la ley SB 1070 hemos visto demasiadas deportaciones», dijo Petra Falcón, presidente de la organización Promesa Arizona. El grupo activista ha estado llevando a cabo vigilias en los últimos días a la espera de ser introducida la ley de inmigración.
Falcón y otros marcharon el miércoles a la cárcel del condado de Maricopa en la 4th Avenue en Phoenix para protestar la detención de inmigrantes encontrados trabajando con documentos falsos – una acusación que podría resultar en su deportación.
«En el futuro, tenemos que asegurarnos de que las personas no son excluidas de participar en esta reforma histórica, debido a infracciones penales viejas o menores», dijo Alessandra Soller, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en Arizona.
La provisión S. 744 también permitirá a las personas actualmente en proceso de deportación solicitar el estatus de RPI.
Falcón y otros activistas creen que es un elemento positivo de la propuesta de ley, pero dicen que el presidente Obama debería declarar un cese de las deportaciones, con tantos continuando a hacer frente a duras sanciones en estados como Arizona.
Esperanza Renovada
Jaqueline García, una ciudadana de EE.UU. de 16 años de edad, tiene la renovada esperanza de que su abuelo – su tutor legal – ahora tendrá la oportunidad de volver a casa. En mayo del año pasado, el conducía al hospital a visitar a su esposa cuando la policía local lo detuvo, le pidió sus documentos y posteriormente lo entregó a las autoridades de inmigración.
«No tenía nada (delitos) en su historial», dijo García.
Después de que su abuelo fue deportado, García abandonó la escuela para convertirse en el sostén de la familia.
«Realmente espero que esta legislación seguirá más allá», dijo. «Realmente necesito a mi abuelo – ha sido muy difícil para mí trabajar en dos empleos, cuidando de mi hermano y mi abuela».
Cynthia Gómez, hija de Maria Del Rosario Rodríguez que fue deportada y ahora vive en Peñasco, es más escéptica.
«Obviamente estoy emocionada por ello, pero estoy dudosa. Suena demasiado bueno para ser verdad», dijo la joven de 17 años de edad.
Durante los últimos dos años, Rodríguez ha tenido que adaptarse a la vida en México después de haber estado fuera por más de una década.
«Hay un montón de gente como yo aquí (en México)», dijo. «A mi hijo no le gusta venir aquí (y) el futuro de mi hija está en los EE.UU. Espero que sí hagan algo, porque yo no soy la única».
Según Bergeron, todavía hay muchas preguntas que necesitan ser contestadas acerca de cómo la exención para los que fueron deportados va a funcionar, y si se extenderá a los que se fueron de los Estados Unidos por elección.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el número de inmigrantes indocumentados en Arizona se redujo por 200.000 entre 2008 y 2011. Muchos optaron por salir del estado para trasladarse a otros lugares, más amigables. Otros regresaron a sus países de origen debido a las leyes laborales estrictas de Arizona y las frecuentes redadas de inmigración.
Salvador Reza, un activista veterano de derechos humanos en Arizona y miembro del colectivo indígena Tonatierra, dijo que dar una segunda oportunidad a las personas que fueron deportados es uno de los «únicos aspectos del proyecto de ley que me gusta.»
«Lo que me preocupa», dijo, «es la forma en que están criminalizando a las personas que se quedarán fuera de la reforma».
New America Media, News Report
