Por Jorge V. Jaime
PL.- Las tendencias racistas y xenófobas, junto al flagelo del contrabando humano, continúan afectando a la sociedad civil de Estados Unidos, un país paradójicamente fundado por inmigrantes y con una población extranjera de casi 40 millones de habitantes.
Inquietantes informes sobre el tráfico de seres humanos en Norteamérica se sumaron en meses recientes a reportes sobre incidencias relacionadas con odio racial en comunidades metropolitanas, maltratos policiales consecutivos e implementación de leyes intransigentes contra ciudadanos foráneos.
A mediados de junio trascendió que la organización racista estadounidense Ku Klux Klan solicitó al gobierno estadual de Georgia que le transfiriera la supervisión de una avenida en la localidad de Union County para garantizar su «limpieza, tranquilidad y progreso».
El pedido formal de los llamados Caballeros Keystones, un capítulo del KKK en el sureño territorio, tiene fecha del 21 de mayo y fue dirigido al Departamento de Urbanidad de Georgia, pero no se esclarece que actividad específica realizarán en el área.
De ser aprobada la demanda, el grupo tendría control en un perímetro cercano a la frontera con North Carolina y las Montañas Apalaches, una ruta transitada por inmigrantes ilegales y donde tienen asiento varias comunidades afroamericanas y latinas.
Agrupaciones civiles, empresariales, comunitarias, familiares o religiosas pueden pedir la adopción de una avenida para encargarse de su limpieza u otra logística durante un tiempo determinado, de acuerdo con leyes vigentes en varios estados norteamericanos.
También el KKK de Missouri hace dos meses planteó la misma propuesta a la gobernación de ese estado en relación con una calle nombrada en honor a la activista de los derechos civiles Rosa Parks, pero le fue negado el permiso.
El Southern Poverty Law Center, un foro que monitorea a los grupos de odio en Estados Unidos, recordó que el Klan es desde 1865 la más infame de las organizaciones racistas en este país, pero se ha presentado siempre como una misión cristiana.
Desde una página de Internet los Caballeros Keystones exigen al pueblo estadounidense «levantarse en armas contra la tiranía federal, la opresión de Washington, y pasar a integrar el Ejército Clandestino de Resistencia».
Las nuevas maniobras del KKK se difunden en coincidencia con una serie de eventos considerados como crímenes de odio racial en Estados Unidos, en que sobresalen la muerte de Trayvon Martin en Florida y de tres afroamericanos en Tulsa, Oklahoma.
Hace un mes la policía del meridional departamento detuvo a dos hombres blancos que dispararon al azar contra transeúntes afroestadounidenses y mataron a tres de estas personas.
Los sujetos son Jake England, de 19 años, y Alvin Watts, de 32. Aún se desconoce si pertenecen a alguna agrupación segregacionista, pero este hecho ocurre en momentos de alta conmoción social por recientes casos similares con perfil racista.
Voceros policiales explicaron que la única relación entre las víctimas -tres muertos, y dos heridos- es que paseaban o simplemente caminaban por un área pública en un radio de cinco kilómetros cerca de Tulsa.
El reverendo Warren Blakney, presidente de la Asociación Nacional por la Gente de Color, pidió a las autoridades actuar rápido en cuanto a formalización de cargos contra los detenidos, investigación general, y operaciones profilácticas para evitar nuevos incidentes.
Hemos visto ya demasiadas de estas situaciones. Entre mi gente hay recelo, desconfianza; va a ser difícil controlar a mis hermanos que busquen justicia, subrayó Blakney.
Igualmente causó indignación el caso de Howard Morgan, expolicía negro de Chicago, a quien le dispararon 28 veces cuatro agentes blancos. Sin embargo, Morgan acaba de ser sentenciado a 40 años de prisión por «asaltar a sus antiguos colegas», según sancionó un tribunal estadual.
Más de 18 mil víctimas del tráfico humano llegan cada año a Estados Unidos, país donde solo media docena de estados han creado organismos especiales de vigilancia para intentar contrarrestar una tendencia delictiva en franca expansión.
Las estadísticas fueron confirmadas por el Departamento Federal de Salud y Recursos Humanos y entre los territorios con mayor incidencia resaltan California, Texas, Colorado, Florida, Washington y Nueva York.
El 76 por ciento de las personas afectadas por este crimen son del sexo femenino, entre ellas muchos menores de edad, y la mayoría proviene de naciones en Asia y América Latina.
A inicios de este año el Departamento de Justicia instituyó 40 nuevas unidades de expertos en inteligencia policial, psicología, criminalística e inmigración que están siendo distribuidas por el territorio nacional, pero con prioridad enfocada hacia el sur.
Una operación de estos organismos frustró en mayo una red de contrabando y prostitución en California, y detuvo a cinco estadounidenses que tenían a una veintena de mujeres asiáticas prácticamente presas en burdeles de Los Ángeles.
Muchas víctimas son trasladadas directamente desde puertos hasta hoteles y el nivel de subyugación es tan alto que se fomenta el llamado Síndrome de Estocolmo, y por ende resulta difícil que delaten a sus captores, comentó el psiquiatra Jayceon T. Taylor.
Una línea telefónica especialmente habilitada por el Buró Federal de Investigaciones recibió en el 2011 cerca de 10 mil llamadas individuales de ciudadanos que dijeron son o han sido víctimas de contrabandistas en Estados Unidos.
Este sistema de monitoreo se llama Polaris Project, se mantiene activo 24 horas y las denuncias llegan sobre todo desde California, Texas, Florida y New York. Hablan no solo de abusos sexuales, sino también de personas obligadas a laborar como peones de campo, trabajadores sociales, chóferes de camiones y taxistas.
El flagelo del tráfico humano también golpea a los vecinos del norte, y el gobierno de Canadá activó un programa a un costo de 25 millones de dólares para contrarrestar el oscuro y humillante negocio que menosprecia la vida de los inmigrantes.
Cálculos extraoficiales indican que unas 15 mil personas son introducidas ilegalmente en Canadá cada año y que la mayoría son mujeres y niños con niveles de escolaridad inferiores a sexto grado. En cuanto al enmarañado tema migratorio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Estados Unidos prevé emitir antes de julio un veredicto acerca de la constitucionalidad (o no) de una polémica ley aprobada en Arizona.
El punto principal de la controversia en la sureña legislación es un acápite que permite a policías chequear el status legal migratorio de cualquier transeúnte o conductor de vehículos detenido por otras razones.
Abogados de derechos civiles en todo el país han denunciado que tal prerrogativa podría provocar que patrulleros establezcan un patrón discriminatorio en las inspecciones rutinarias donde prevalezca un perfil racial.
La mayoría de los magistrados en el tribunal superior fueron elegidos cuando la administración del presidente republicano George W. Bush y son de tendencia conservadora, por lo que se espera que la CSJ certifique la norma SB1070.
Si el jurado ratifica un fallo positivo para la gobernación de la republicana Jan Brewer la decisión tendrá un impacto en otros estados en el sur que han promulgado (o sopesan) medidas antiinmigrantes similares, como Alabama, Georgia, Carolina del Sur, y Nuevo Mexico.
En Estados Unidos, según cálculos oficiosos, están asentados cerca de 11,5 millones de extranjeros sin papeles, el 60 por ciento de ellos procedentes de México y el ritmo de cruzamiento de fronteras es de casi tres mil personas por semana en ambos sentidos.
Desde 2008 el entonces candidato presidencial Barack Obama prometió una reforma de inmigración, punto que no ha cumplido aún, porque -de acuerdo con la Casa Blanca- urgió priorizar otros temas políticos más acuciantes.
En un año electoral en que todos los políticos buscan contentar a un amplio espectro de votantes, el Congreso federal presentó hace 15 días un intento de ley migratoria que solo beneficiaría a extranjeros que funden empresas o posean altos conocimientos tecnológicos.
Republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes estuvieron de acuerdo en adelantar una nueva pieza de legislación denominada Startup2.0, que ya había recibido luz verde en el Senado.
Luego Obama difundió otra iniciativa para otorgar estado legal de residencia a unos 800 mil jóvenes latinos que llegaron a este país siendo niños y cumplen ciertos requisitos educacionales o militares.
