Pacientes listos para ingresar al Hospital Rosales de San Salvador. Foto: EDH
Por Dr. José Francisco Acosta Arévalo*
SUCHITOTO, El Salvador, septiembre de 2026.- Recientemente llegó a mi atención un artículo que plantea la necesidad de transformar y fortalecer la red de hospitales públicos en El Salvador.
Quiero sumarme a esa reflexión a partir de una experiencia estrictamente personal que considero importante compartir, no con ánimo de descalificar los avances que se han producido en el sistema público de salud, sino precisamente porque creo que todavía existen áreas en las que podemos y debemos mejorar.
Hace aproximadamente tres meses fui internado de emergencia durante ocho días en un hospital de la red pública.
Mi experiencia me permitió conocer de primera mano algunas de las dificultades que todavía enfrenta el sistema. Finalmente, por decisión de mi familia, fui trasladado al sistema privado para continuar mi atención médica.
Debo reconocer que, como muchos ciudadanos, había recibido con esperanza el mensaje de que el sistema público de salud había experimentado importantes transformaciones, particularmente en materia de infraestructura, tecnología y atención médica.
Sin embargo, mi experiencia personal me llevó a comprender que una transformación de esta naturaleza es un proceso continuo y que todavía existen importantes desafíos por resolver.
Uno de ellos, a mi juicio, está relacionado con la atención de especialidades médicas.
No se trata necesariamente de afirmar que el sistema público carezca de médicos especialistas, sino de reconocer que todavía hace falta fortalecer significativamente este campo, tanto en disponibilidad como en oportunidad de atención.
Un sistema hospitalario moderno necesita no solamente buenas instalaciones y tecnología, sino también contar con suficientes especialistas para que esa infraestructura pueda traducirse efectivamente en mejores servicios para los pacientes.
Este es, precisamente, uno de los campos donde considero que debemos poner especial atención hacia el futuro.
También tuve una experiencia que me llevó a una reflexión adicional.
Durante mi segunda hospitalización, esta vez en el sector privado, coincidí con una paciente de quien se me manifestó que ocupaba un cargo gerencial dentro del Ministerio de Salud (MINSAL).
No pretendo juzgar las razones personales por las cuales una persona decide atenderse en el sector privado. Cada ciudadano tiene plena libertad para escoger dónde recibir atención médica.
Pero la situación me llevó a formular una pregunta que considero legítima:
¿No sería deseable que los funcionarios y altos responsables del sistema público de salud fueran los primeros en utilizar y confiar en los hospitales públicos, especialmente cuando se afirma que estos cuentan hoy con importantes avances tecnológicos y mejores capacidades de atención?
Creo que los funcionarios públicos pueden y deben dar el ejemplo.
Si el Estado está realizando esfuerzos importantes para modernizar sus hospitales, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la atención médica, sería una poderosa señal de confianza que quienes tienen responsabilidades dentro del Gobierno y del sistema de salud utilizara nacionales de el salvador
n también esos servicios cuando los necesiten, siempre que las circunstancias médicas lo permitan.
No se trata de obligar a nadie a utilizar un determinado sistema.
Se trata de generar confianza y coherencia entre el discurso público y la experiencia ciudadana.
También quisiera referirme al personal de salud.
Durante la pandemia del COVID-19, médicos, enfermeras, técnicos y demás trabajadores del sistema sanitario fueron reconocidos justamente como héroes por su enorme esfuerzo y sacrificio.
Hoy debemos procurar que ese mismo personal se sienta valorado, motivado y seguro respecto de su futuro laboral.
Cualquier proceso de modernización, reorganización o participación del sector privado en determinadas áreas debe realizarse con transparencia, diálogo y respeto hacia quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los hospitales.
Creo que debemos reconocer los avances que se hayan producido, pero también tener la madurez para señalar aquello que todavía necesita mejorar.
La crítica constructiva no significa negar los avances; significa ayudar a que esos avances sean todavía mayores.
Mi experiencia como paciente me dejó un sabor agridulce. Por una parte, pude apreciar esfuerzos y capacidades que merecen ser fortalecidos; por otra, también pude identificar áreas en las que todavía existen oportunidades importantes de mejora.
Por eso considero que la discusión sobre nuestro sistema de salud no debería convertirse en una confrontación entre lo público y lo privado.
Ambos sectores pueden coexistir y complementarse.
Pero el Estado tiene una responsabilidad fundamental: garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de su capacidad económica, pueda acceder a una atención médica pública digna, oportuna, especializada y de calidad.
El desafío ahora debería ser lograr que nuestros hospitales públicos sean instituciones en las cuales los ciudadanos confíen plenamente.
Que cuando una persona tenga una emergencia pueda acudir a un hospital público con la tranquilidad de saber que encontrará médicos capacitados, especialistas disponibles, tecnología adecuada, medicamentos y, sobre todo, un personal comprometido con su salud.
El Salvador ha realizado esfuerzos importantes en la modernización de su sistema sanitario.
Reconozcamos esos esfuerzos, pero no nos conformemos.
Todavía hay camino por recorrer, particularmente en el fortalecimiento de las especialidades médicas y en la consolidación de una atención pública que genere plena confianza entre los ciudadanos.
Porque al final de cuentas, la salud no debería depender de la capacidad económica de una persona.
La salud es un derecho constitucional.
Y los derechos no se mendigan.
Se exigen, se protegen y se mejoran continuamente.
El autor es sociólogo y director del Bosque Memorial San Óscar Arnulfo Romero.
