El juicio inicia mientras la Oficina de Responsabilidad Gubernamental afirma que Trump infringió la ley al retener la ayuda a Ucrania.
Por tercera vez en la historia de Estados Unidos, el Senado ha iniciado un juicio político para determinar si un presidente en ejercicio debe ser destituido del cargo.
El jueves, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, tomó juramento a los senadores que oficiarán de jurado cuando comience oficialmente el juicio, el próximo martes. Roberts exhortó a los legisladores a aplicar “justicia imparcial”, aunque el líder republicano de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ya ha declarado que no es un jurado imparcial.
McConnell enfrenta cada vez más presión para convocar a testigos durante el juicio, dado que continúa surgiendo nueva información acerca del intento del presidente Trump de presionar a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de este año.
El jueves, la no partidaria Oficina de Responsabilidad Gubernamental sostuvo que la Oficina de Administración y Presupuesto infringió la ley al retener la entrega de casi 400 millones de dólares en asistencia a Ucrania que ya habían sido adjudicados por el Congreso.
También el jueves, agentes del FBI visitaron el hogar y la empresa del candidato al Congreso por Connecticut Robert Hyde, quien se ha visto empujado al centro de la historia del juicio político tras haberse revelado recientemente mensajes de texto que muestran que Hyde se comunicó con el exsocio del Rudy Guiliani Lev Parnas con relación a la vigilancia de la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch.
En uno de los mensajes, Hyde escribió: “Están dispuestos a ayudar si nosotros o ustedes pagáramos un precio. […] Supongo que se puede hacer cualquier cosa en Ucrania con dinero”. Hyde niega que estuviera ofreciendo dañar o asesinar a la embajadora, a quien posteriormente funcionarios del Departamento de Estado informaron que debía abandonar inmediatamente el país.
Funcionarios ucranianos abrieron una investigación penal en torno a la presunta vigilancia antes de que Estados Unidos anunciara el inicio de una investigación similar.
