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En una medida muy inusual, el presidente Trump está exigiendo al Departamento de Justicia que le pague alrededor de 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales en su contra.
Muchos de los altos funcionarios del Departamento de Justicia que deberán autorizar dicho pago trabajaron en el pasado para Trump, incluido el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien fue abogado defensor del mandatario estadounidense.
La Casa Blanca dijo que los funcionarios del Departamento de Justicia “seguirán las directrices de los funcionarios de carrera [que asesoran en asuntos] de ética”, pero la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, despidió en julio al principal asesor de ética del Departamento de Justicia.
