Un acuerdo contaminante

El polémico gasoducto en Virginia y Virginia Occidental. Foto: Sekisui-spr.com

El gasoducto Mountain Valley camuflado en el proyecto de ley para subir el límite de la deuda de EE.UU.

 

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles la denominada “Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023”, una legislación que aumenta el límite de la deuda gubernamental y tiene vigencia hasta enero de 2025, lo que pospone una posible disputa futura sobre el endeudamiento federal hasta después de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses.

El proyecto de ley, que también fue posteriormente aprobado en el Senado, incluye numerosas disposiciones que no guardan relación alguna con el límite de la deuda.

Entre las 100 páginas de esta legislación —que debía indefectiblemente ser aprobada— se ocultan auténticas “píldoras venenosas”. Una de ellas, hábilmente camuflada en las páginas 95 a 98, permite agilizar la aprobación y construcción del polémico gasoducto Mountain Valley, una tubería de más de 480 kilómetros de longitud diseñada para transportar gas extraído mediante fracturación hidráulica a través de los estados de Virginia y Virginia Occidental. Según algunas estimaciones, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de este gasoducto equivaldrían a las emisiones producidas por entre 26 y 37 centrales eléctricas a base de carbón.

La construcción del gasoducto ha generado una amplia oposición, que abarca desde organizaciones ambientalistas como 350.org y Sierra Club hasta tribus indígenas y agricultores locales. Uno de esos agricultores es Maury Johnson, cuya granja orgánica en el sur de Virginia Occidental ya ha sufrido las consecuencias de este proyecto. Johnson es miembro de la organización Protect Our Water, Heritage, Rights Coalition, una coalición que representa a particulares y organizaciones de Virginia y Virginia Occidental en lucha contra los daños que produce la industria de los combustibles fósiles en el ambiente y en las comunidades. En conversación con Democracy Now, Johnson expresó:

“Durante ocho años, hemos estado advirtiendo a quienes otorgan los permisos y a los constructores del gasoducto que no pueden llevar a cabo el proyecto, ya que este infringe la ley. Eso ha sido demostrado en los tribunales en numerosas ocasiones. Así que solo quieren eludir la ley”.

Maury Johnson y miles de otras personas no están dispuestos a esperar a que los tribunales detengan la construcción del gasoducto. Foto: commondreams.org

Según Johnson, la inclusión de la cláusula sobre el gasoducto Mountain Valley en la ley sobre el límite de la deuda se debe a los esfuerzos del senador demócrata conservador de Virginia Occidental Joe Manchin, el principal defensor de este gasoducto en el Congreso estadounidense. Manchin, que ha amasado una fortuna personal de millones de dólares gracias a su empresa familiar relacionada con la industria del carbón y es el mayor receptor de donaciones de la industria de los combustibles fósiles en el Congreso de Estados Unidos, se ha valido de su influencia en el Senado —una Cámara que se encuentra dividida casi a partes iguales entre demócratas y republicanos— para introducir la disposición sobre el gasoducto en este proyecto de ley.

Durante su entrevista con Democracy Now!, Johnson describió algunos de los riesgos asociados a la construcción del Mountain Valley: “Hemos documentado numerosos problemas a lo largo de todo el trayecto del gasoducto, que se inicia en el norte de Virginia Occidental, en [la comunidad de] Mobley, y atraviesa pendientes muy pronunciadas, posiblemente las más empinadas de toda [la región] de los Apalaches. Estamos en una zona sísmica, una de las zonas sísmicas más activas del este [de Estados Unidos], y durante la construcción del gasoducto se han producido ya algunos pequeños terremotos. Sabemos que las fugas de metano que se producen a lo largo del gasoducto son perjudiciales para el clima […]. [Las obras] ya han afectado el suministro de agua de muchas personas, incluyéndome a mí. De hecho, no he podido utilizar mi suministro de agua desde 2021”.

El acuerdo para elevar el límite de la deuda también incluye una disposición de “restricción de jurisdicción”, la cual significa que cualquier disputa legal relacionada con el gasoducto Mountain Valley debe presentarse ante el tribunal federal de apelaciones de Washington D.C., un tribunal que históricamente ha fallado a favor de las corporaciones. Además, la cláusula garantiza que la empresa Mountain Valley Pipeline pueda confiscar las propiedades privadas de más personas mediante el uso del “dominio eminente”, una potestad que permite al Gobierno o a entidades autorizadas tomar posesión de propiedades privadas para fines públicos. Esa disposición ha indignado especialmente al senador demócrata de Virginia Tim Kaine.

Luego de la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, Kaine dijo al canal de noticias MSNBC: “Estoy trabajando para promover una enmienda que elimine la aprobación del gasoducto Mountain Valley. El proyecto de construcción de este gasoducto debería someterse a los procesos normales de concesión de permisos. Pero, lamentablemente, el acuerdo que se alcanzó le da luz verde [al proyecto] y lo exime de todos los procesos habituales para obtener los permisos necesarios. Para construir un gasoducto, hay que expropiar terrenos pertenecientes a particulares. Este gasoducto atraviesa la [región de los] Apalaches, donde residen algunas de las personas más pobres y más duramente golpeadas del estado de Virginia, que no quieren que les quiten sus tierras; y que, definitivamente, tampoco quieren que el Congreso tome partido y les quite a las agencias y tribunales la potestad de evaluar si eso es una buena idea o no”.

La enmienda propuesta por Kaine fue rechazada. Una sólida mayoría bipartidista de 69 senadores votó en contra de la medida, mientras que solo 30 senadores votaron a favor.

La ley recientemente aprobada obliga a la secretaria del Ejército de Estados Unidos a emitir, en un plazo de 21 días, todos los permisos necesarios para construir y operar el gasoducto Mountain Valley. Mientras tanto, las batallas legales continúan. La semana pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones de Washington D.C. —tribunal elegido por la empresa constructora del gasoducto Mountain Valley— falló a favor de Sierra Club y otras organizaciones ambientalistas sobre una cuestión de procedimiento relativa a los permisos.

Amy Goodman y Denis Moynihan.

Pero el agricultor orgánico Maury Johnson y otras miles de personas que comparten su lucha no están dispuestos a esperar a que los tribunales detengan la construcción del gasoducto. Este mes, una amplia coalición de organizaciones llevará a cabo una serie de movilizaciones a nivel nacional, que comenzarán frente a la Casa Blanca el 8 de junio, con el objetivo de “aumentar la presión y lograr que el presidente Biden tome medidas efectivas en materia climática y ponga fin a la era de los combustibles fósiles”.

Además de exigir que se detenga la construcción del gasoducto Mountain Valley, los activistas exigen que el Gobierno de Biden revoque la aprobación del proyecto Willow —un plan de extracción masiva de petróleo y gas que se desarrollará en el estado de Alaska— y que deje de conceder más permisos para la exploración y extracción de petróleo en tierras y aguas de propiedad pública.

Maury Johnson concluyó: “Yo soy como una especie de sacrificio. Si este ‘acuerdo contaminante’ que habilita la construcción del gasoducto Mountain Valley y ha sido promovido de manera personal por el senador Joe Manchin se mantiene en pie, todos los estadounidenses deberían mirarse en el espejo y decir: ‘yo también puedo ser sacrificado’”.

 

 

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