Vista de las fosas y la torre de concreto desde donde se abastecía combustible para quemar los cuerpos asesinados por miembros del Ejército peruano.
- La desaparecida Angélica Mendoza fue su iniciadora y logró agrupar a miles de madres de todo el Perú.
En Perú aún hay casos sin resolver. En 1980 muchas ciudades del interior del país afrontaron una retahíla de hechos de violencia ocasionados por la organización terrorista Sendero Luminoso y la cruenta respuesta del Estado peruano dejando como saldo más de 69 mil personas asesinadas, desaparecidas, torturadas y con sus derechos humanos, atropellados.
Estos acontecimientos de violencia han dejado profundas heridas en las familias, las viudas y los huérfanos, que a pesar de haber transcurrido más de 30 años sienten que sus exigencias aun no están esclarecidas y que sigue siendo una deuda pendiente para muchos peruanos.
El más afectado tras estos actos violentos fue la región de Ayacucho, un poblado que se ubica en la sierra central del Perú a unos 500 kilómetros de la Capital Lima.
Más de 30 años han trascurrido desde que Angélica Mendoza, conocida como mama “Anqui”, fundara la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, en Ayacucho; una organización de madres que perdieron a sus hijos, hermanos y esposos, desde entonces esta organización fue agrupando a muchas mujeres de todo el territorio peruano con un solo objetivo, buscar la verdad.
Recientemente este grupo de madres de ANFASEP cumplió 38 años de creación y de una incansable tarea de seguir buscando la verdad. Con una romería al Santuario de la Memoria la Hoyada de Ayacucho, ubicado a unos metros del Cuartel Militar, conocido como “Los Cabitos”, familiares y autoridades locales acudieron a este lugar para recordar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Este lugar de la Hoyada, conocido como el Santuario de la Memoria, es un espacio simbólico para la reflexión, la defensa de la vida y los derechos humanos. Los miembros de ANFASEP exigen al gobierno peruano y a las autoridades regionales y locales que se construya el Santuario de la Memoria en vista que se dispone del presupuesto asignado por el Ministerio de Justicia y Derechos humanos al Gobierno Regional de Ayacucho.
Mientras se retrasan con el inicio de los trabajos, los invasores de tierras van ganando espacio en complicidad con los entes gubernamentales que a la fecha siguen en ofrecimientos.
