Por Eduardo Ibarra Aguirre
A los magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, entre los que se encuentra el otrora secretario general de la dirigencia del Partido Revolucionario, Sergio García Ramírez, les entraron las prisas para finiquitar sus tareas sin reparar en las exigencias derivadas de que, como en julio 2006, el 42 por ciento de la ciudadanía estima que la elección presidencial no fue limpia, sino plagada de irregularidades.
Ni Televisa ni el Institucional defienden ahora la telenovela rosa de la “elección impecable” que, la tarde del domingo 1, expresó en forma pionera Roger Bartra, el marxista de los años 60-70, en Forotv.
La historia se repite ya como tragedia, ya como farsa. El Movimiento Progresista apelaallo del IFE que beneficia a Televisa y Enrique Peña, mediante el cual el presunto arbitro los exonera de realizar una campaña encubierta en sus canales. Para los partidos de izquierda, la investigación del organismo careció de exhaustividad y eficacia, no fue expedita.
La descalificación de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática, por basarse en “notas periodísticas, libros, artículos, que tienen una validez limitada a simples indicios” (Benito Nacif dixit), contrastó sobremanera con la atención que los consejeros brindaron el jueves 16 a la “carta aclaratoria” de Carlos Loret de Mola.
Seguramente para compensar que los consejeros no están enterados de lo que muchos televidentes registran: a Peña Nieto como cliente premier durante siete años en los canales del duopolio de la televisión –en vías de mutarse a monopolio de la telefonía móvil–, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE rechazó adoptar las medidas cautelares que solicitó el PRI en contra del nuevo promocional que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano difunden en sus espacios de radio y televisión, así tengan que hacer malabares con los nombres de los presuntos arquitectos del fraude.
En el partido del gobierno –encabezado por Felipe Calderón, perdieron a ambos como advirtió Carlos Castillo Peraza–, se gastaron antes de las elecciones del 1 de julio, nada más mil 108 millones de pesos en campañas publicitarias. Esto es más del doble de lo que ejerció entre enero y abril del año pasado, cuando erogó 525 millones de pesos. Ésta es la equidad en las campañas, gravísimo problema que desde 1994 reconoció Ernesto Zedillo, el ahora empleado de las trasnacionales que favoreció desde Los Pinos.
El TEPJF, en tanto, se pronunciará la próxima semana sobre la validez de los votos de las casillas impugnadas contra los cómputos distritales de la elección presidencial. Una vez terminada esa parte, el tribunal estará en posibilidades de dar a conocer el cómputo final y definitivo de la elección del pasado 1 de julio, que tanto urge a los dueños de México y a su instrumental partidista.
Sin embargo, dueños y partidos viven y hasta padecen la historia de un gobierno como el de Calderón Hinojosa, carente de legitimidad como acaso ninguno, excepción hecha de Victoriano Huerta.
Carencia que obligó al actual titular del Ejecutivo federal a privilegiar su función de general de cinco estrellas, multiplicar los presupuestos castrenses y policiacos en demérito de ingentes necesidades públicas, “mandar al diablo a las instituciones” todos los días del sexenio para convertir a las fuerzas armadas en agentes de seguridad pública, subordinarlas a los planes geoestratégicos de Washington y, en consecuencia, incapacitarse para auspiciar las llamadas reformas estructurales que tanto desean y necesitan los poderes fácticos y sus aliados políticos e institucionales.
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