Más de 200 mil ancianos afrontan los rigores del desplazamiento en Colombia, en su mayoría sin conocer cómo exigir sus derechos, o la ayuda establecida por la ley y sin protocolos de atención prioritaria.
Según datos difundidos hoy por la Fundación de Cooperación Internacional, la situación los obliga a padecer cansancio y hambre «en filas infinitas para acceder a los formularios de inscripción en el Registro Único de Población Desplazada o en el Registro Único de Víctimas».
Hasta dos horas o más puede demorar el proceso de recopilación de datos, de ahí que algunas oficinas dedicadas a esa gestión solo atiendan a cuatro o cinco personas al día. Mientras ese registro no se lleve a cabo, los afectados no reciben atención de ningún tipo, precisó la abogada Fanny Torres, quien participó en los estudios realizados al respecto.
De acuerdo con el informe, el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, alberga a la mayoría de la población anciana desplazada, seguido por los de Bolívar, Magdalena y Cesar.
A muchos de ellos, «los mantiene en pie la esperanza de regresar a sus fincas y a la vida tranquila, y aunque la Ley de Víctimas tiene un esquema de retorno para el otorgamiento de tierras a adultos mayores», el proceso puede extenderse por un tiempo imprevisible.
El regreso no sólo implicará recuperar la finca copada por la maleza sino «los sufrimientos acumulados en todo estos años difíciles», entre ellos el deterioro mental, físico y psicológico», pormenoriza el informe.
Fuente: Prensa Latina
