Por Valeria Perasso
Felipe Souza-Rodríguez está enojado: a sus 27 años, dice que lleva «una vida entera» siendo doblemente discriminado, por indocumentado y por homosexual.
«Ya es tiempo. Y cuando surge la oportunidad, nos traicionan. Así me siento, traicionado yo y toda la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales)», dice a BBC Mundo el joven, que es brasileño y vive en el estado de Florida, en Estados Unidos.
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El reclamo de Souza-Rodríguez es contra los legisladores de este país, que hace unos días rechazaron una enmienda para la propuesta de reforma migratoria que será inminentemente debatida en el Senado, en la que se abría la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses pidieran el permiso de residencia legal para sus parejas del mismo sexo.
De un total de 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, unos 267.000 son homosexuales o transexuales, según estima el Instituto de Leyes Williams, dependiente de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Con el borrador de reforma migratoria –presentado en abril por un grupo bipartidista de senadores apodado la «Pandilla de los Ocho»-, las organizaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales esperaban contar con una herramienta que asegurara que los indocumentados gay tendrán los mismos derechos que sus pares heterosexuales.
«Si en vez de estar casado con un hombre lo estuviera con una mujer, podría directamente acceder a la green card (documento de residencia permanente)», insiste Souza-Rodríguez, que contrajo matrimonio hace un año en el estado de Massachusetts, uno de los diez distritos donde es legal la unión matrimonial entre personas del mismo sexo.
En cifras
Se calcula que en Estados Unidos hay alrededor de 11 millones de indocumentados.
Unos 267.000 de ellos son homosexuales, bisexuales o transexuales.
Hay entre 36.000 y 40.000 ciudadanos estadounidenses en uniones homosexuales binacionales que actualmente se ven impedidos de solicitar permiso de residencia legal para sus parejas extranjeras.
Esas parejas están a cargo de más de 25.000 niños en Estados Unidos.
Datos: Instituto Williams (UCLA), Igualdad Migratoria (IE).
Su pareja, de nacionalidad colombiana, está a punto de convertirse en ciudadano estadounidense. Para Felipe, poder acceder a los papeles por su intermedio pondría fin a media vida de permanecer en las sombras: llegó a los 14 años y hace poco que milita en un grupo por los derechos de los LGBT, llamado GetEqual.
Su situación ilustra lo que para muchos es una señal de alerta: la postergada reforma migratoria integral podría dejar afuera a varios grupos de potenciales beneficiarios. No sólo a gays indocumentados, sino a responsables de delitos menores o a quienes hayan cruzado la frontera hace pocos meses.
Propuesta «rompe pactos»
El paso del proyecto de reforma por el Comité Judicial del Senado, a fines de mayo, significó para los activistas un revés de proporciones: a último momento, la enmienda que hubiera permitido a los ciudadanos estadounidenses pedir visas de familia para sus parejas extranjeras del miso sexo quedó fuera de la propuesta que ahora será analizada por la Cámara Alta en pleno.
La proposición había sido impulsada por el demócrata Patrick Leahy. Pero la oposición republicana anticipó que podía convertirse en un obstáculo insalvable – un «rompe pactos», la llamaron- para avanzar en la reforma tal como la diseñó la «Pandilla de los Ocho».
Sousa-Rodriguez es activista por los derechos gay
«Cuentan conmigo en inmigración, pero no en matrimonio (igualitario)», dijo la senadora Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, durante la reunión del comité.
Al momento, la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, en inglés) impide que los homosexuales soliciten permisos de residencia para sus parejas y muchos legisladores consideran que el debate sobre migración no es el ámbito para resolver este dilema.
«La ley de reforma es lo suficientemente complicada como está… si le inyectamos algo como esto, la ley va a morir. La coalición que la sostiene se va a desmoronar», señaló a la prensa el senador Marco Rubio, uno de los arquitectos de la propuesta bipartidista.
Para el partido Republicano, es crucial mantener los apoyos de grupos cristianos evangélicos y católicos que militan en sus filas, que apoyan una solución migratoria pero no muestran consenso para avanzar en asuntos relacionados con el matrimonio igualitario.
Nueva oportunidad
Pero los activistas consideran que si los derechos migratorios de las parejas gay no se contemplan en esta instancia del debate luego resultará mucho más difícil incorporarlos en una norma ya sancionada.
«El matrimonio entre personas del mismo sexo es inevitable, tarde o temprano va a pasar. Y en este momento, cuando se aborda la primera reforma migratoria en más de 20 años y cuando el casamiento homosexual ya es legal en algunos estados, es que tenemos que poner esta exigencia sobre la mesa», confirma a BBC Mundo Alex Moya, responsable del trabajo con latinos de la Fundación para el SIDA de Utah.
Pero reconocen que no todo está perdido: cuando comience el debate en el Congreso en pleno, cada senador tendrá la oportunidad de sugerir adendas y modificaciones, incluido el propio Leahy.
Latinos a favor
Según una encuesta hecha en 2012 por el Centro Hispano Pew, 52% de los latinos en Estados Unidos está a favor del matrimonio igualitario, por encima de la media general de la población que es de 48%.
El sondeo marca un cambio de tendencia rotundo respecto de 2006, cuando otro estudio de Pew reveló que 56% de la comunidad hispana rechazaba la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y 31% la apoyaba.
«Hay suficientes votos en el Senado, entre republicanos y demócratas, para lograr el apoyo a los derechos migratorios igualitarios. Si logramos hacer llegar una propuesta al Congreso, tendremos la fuerza para hacerla llegar al escritorio de (Barack) Obama», señala a BBC Mundo Steve Ralls. portavoz del grupo no gubernamental Igualdad Migratoria.
El presidente estadounidense ha respaldado el matrimonio igualitario, pero los activistas le reclaman un discurso público más potente a favor de la inclusión de derechos migratorios equiparados con los heterosexuales en la reforma.
Los grupos pro-LGBT ya han tenido éxito en algunas gestiones ante la Casa Blanca, como conseguir que se declara de baja prioridad las deportaciones de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses del mismo sexo.
Al mismo tiempo, las miradas están puestas en la Corte Suprema: por coincidencia temporal, el tribunal mayor se dispone a revisar la DOMA mientras ocurre el debate legislativo sobre migración. Y en el proceso, la noción de matrimonio como «unión entre hombre y mujer» por la que hoy se rigen las leyes federales estadounidenses podría quedar invalidada.
«Claro que sería un triunfo y cambiaría totalmente la necesidad de presionar para que los congresistas hagan algo con la ley de reforma. Pero no sabemos cómo va a fallar la Corte», apunta Souza-Rodríguez.
Otros excluidos
No sólo los grupos LGBT podrían quedan por fuera de la propuesta de reforma, tal como ha sido planteada.
También se prevé que se vean afectados miles de indocumentados que han cometido varios delitos menores, como llevarse objetos sin pagar en una tienda o tener en su haber dosis mínimas de drogas ilegales.
Si en vez de estar casado con un hombre lo estuviera con una mujer, podría directamente acceder a la green card, el documento de residencia permanente en Estados Unidos».
Felipe Souza-Rodríguez, inmigrante indocumentado
«En general, no hay beneficios para personas que hayan tenido contacto con el sistema criminal, por ponerlo en sentido amplio», señala a BBC Mundo Shiu-Ming Cheer, abogada del Centro Nacional para la Legislación Migratoria.
Según la experta, también podrían quedar excluidos los trabajadores de menores ingresos que, según las estadísticas, son un quinto de los adultos indocumentados.
«Si se combinan las penas y multas que tendrán que pagar los que aspiren a regularizar su situación y se suman las tarifas del trámite, que aún no conocemos, es probable que muchos queden fuera no por no cumplir con los requisitos sino por no poder pagarlo», explica Cheer.
En el caso de la petición de visas para familiares, la Propuesta de los Ocho pone límites en los visados para hermanos y establece que se podrá patrocinar la legalización de hijos casados, pero sólo si son menores de 31 años.
Pero la premisa que genera un debate agitado es la de la fecha tope: aquellos que hayan entrado al país antes del 31 de diciembre de 2011 y «hayan estado físicamente presentes desde entonces» podrán acogerse a los beneficios. Una fecha «arbitraria» para algunos pero «necesaria» para otros, que determinará la suerte de miles si la reforma migratoria resulta aprobada.
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Fuente: BBC Mundo
