Foto: cortesía Democracy Now!
En noticias sobre inmigración, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó temporalmente el lunes la orden que le permitía al Gobierno del presidente Joe Biden poner fin el miércoles a la disputada política migratoria que se basa en una sección del Título 42 del Código de Regulaciones Federales.
Dicha política fue inicialmente implementada por el Gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. Roberts dio tiempo hasta el martes por la tarde para que el Gobierno de Biden responda a una apelación de emergencia que presentaron varios estados liderados por republicanos, cuyo objetivo es impugnar el final de la política.
Esta política se viene aplicando desde marzo de 2020 y se ha utilizado para expulsar a más de dos millones de migrantes que intentan ingresar al país por la frontera entre Estados Unidos y México, impidiéndoles, de este modo, solicitar asilo. Miles de migrantes que se han visto obligados a esperar en México, tenían la esperanza de que, cuando expirara la política esta semana, finalmente se les permitiría ingresar de manera segura a Estados Unidos para solicitar asilo. Estas fueron las palabras expresadas por Emily Rivas, una solicitante de asilo de Venezuela que ha estado varada en Ciudad Juárez, México, una ciudad que se encuentra ubicada al otro lado de la frontera de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas.
Emily Rivas: “Por favor, se le ablande el corazón del presidente y deje pasar a todas estas personas que estamos por acá porque hemos pasado mucho sufrimiento, hemos sufrido mucho desde que salimos de Venezuela, la selva, todos esos países que hemos pasado, y de verdad le pido, de corazón, de que nos dé la oportunidad de pasar”.
Un tribunal del Reino Unido afirma que deportaciones a Ruanda son legales
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos del Reino Unido se han comprometido a seguir luchando contra una política de inmigración que permite que el Gobierno de ese país deporte a los solicitantes de asilo a Ruanda.
El lunes, un tribunal dictaminó que, según las leyes del Reino Unido e internacionales, el programa es legal. La política se anunció por primera vez en abril. Paul O’Connor, miembro del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, condenó el fallo.
Paul O’Connor: “Fuimos claros desde el principio en cuanto a que nuestros miembros no querían llevar a cabo esta política, ya que pensaban que era ilegal, moralmente reprobable y absolutamente inhumana. Es posible que hoy los jueces hayan encontrado que esa decisión es legal, pero sigue siendo moralmente reprobable y absolutamente inhumana, y seguiremos haciendo lo que podamos para luchar contra esta política”.
